Los alrededor de 5.400 jueces y 2.500 fiscales están llamados a secundar este lunes la segunda huelga que convocan este año sus asociaciones profesionales para reclamar mejoras salariales, más medios y mayor independencia y protestar por la falta de avances tangibles en su diálogo con el Ministerio.
La anterior huelga fue el 22 de mayo, con Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, y ahora se enfrenta a ella Dolores Delgado, después de que la semana pasada pararan también durante un día los funcionarios de la administración de justicia y dos horas los letrados judiciales.
Delgado, que se sumó a la movilización de mayo, cuando era fiscal, no ha logrado convencer a sus antiguos compañeros de que desistan de su protesta, aunque esgrime que la mayoría de sus reivindicaciones están en tramitación parlamentaria y ha convocado por vez primera en quince años la Mesa de Retribuciones de jueces y fiscales.
Las asociaciones no ven avances concretos y llaman a un paro en el que mantienen el mismo listado de reclamaciones de mayo y que tiene como primer punto la necesidad de reforzar la independencia judicial y la exigencia de que sean jueces y fiscales quienes elijan a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, en manos ahora del Parlamento.
Caso de las hipotecas
Tras la crisis generadas por la gestión del caso del impuesto de las hipotecas en el Tribunal Supremo y mientras se suceden las críticas al acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), jueces y fiscales piden inversiones en medios materiales y humanos para mejorar el servicio público que prestan.
Reclaman recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y que se creen más órganos judiciales para atender el incremento de la litigiosidad y exigen derogar el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios.
Derecho a huelga no regulado
Su derecho a la huelga no está regulado y por primera vez el Ministerio ha anunciado su intención de detraer de las nóminas la jornada de paro a los jueces y fiscales que se secunden el paro.
Las propias asociaciones han fijado servicios mínimos y la Fiscalía General del Estado ha ordenado que se cumplan todas las actuaciones "urgentes o inaplazables" o que afecten a derechos fundamentales para evitar "daños irreparables".
La anterior huelga fue secundada por más del 65 % de los jueces y el 52 % de los fiscales, según los datos que facilitaron las asociaciones, y obligó a suspender miles de diligencias y vistas en los juzgados.
