El pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supone el primer paso para desatascar el bloqueo existente en la cúpula de la judicatura. El órgano de gobierno de los jueces tendrá entre sus principales tareas la de cubrir las 26 vacantes del Tribunal Supremo, lo que corresponde al 31,25% de la plantilla del alto tribunal. En total, la cifra asciende a 98 vacantes en de la cúpula judicial, teniendo en cuenta también las de tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y la Audiencia Nacional.
Una tarea urgente y que se abordará de manera inmediata, una vez que el nuevo Consejo empiece a rodar. En la actualidad, el mayor problema reside en el alto tribunal, donde casi todas las Salas cuentan con plazas sin cubrir, algunas desde el año 2021. Y es que, aunque el Consejo General del Poder Judicial ha seguido actuando en funciones, el Gobierno de Sánchez le prohibió la facultad que le otorga la Constitución para efectuar nombramientos discrecionales.
Este impedimento que aprobó el PSOE en connivencia con Podemos ha supuesto un considerable retraso en las resoluciones emitidas por el TS, lo que implica una media de 1.000 sentencias menos al año. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha sufrido el mayor número de salidas en los últimos tiempos, actualmente faltan 12 de los 33 magistrados que la componían antaño. Entre las últimas salidas destaca la de César Tolosa, tras ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional.
Especial urgencia en el Supremo
En segunda posición, la Sala de lo Social cuenta con la mitad de sus sillas vacías en la actualidad, ya que sólo hay seis jueces en activo de 12. Esta Sala acumula miles de recursos cada año, en especial, aquellos derivados por los ERE y el ERTE del covid. Tres de las vacantes se produjeron por fallecimiento y otras dos por jubilación. Destaca la salida de Lourdes Arastey, que en julio de 2021 fue elegida jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las otras tres Salas cuentan con una posición más ventajosa, pero donde las bajas registradas en los últimos meses se han empezado a notar. La Sala de lo Civil cuenta con tres vacantes después de que Juan María Díaz Fraile pidiera una excedencia a los 62 años. La salida de este magistrado dejó la vacante número 24 en el Tribunal Supremo. Justo detrás se posiciona la Sala de lo Militar, que cuenta también con tres magistrados menos.
En último lugar se encuentra la Sala de lo Penal, donde la mayor parte de sus sillas siguen ocupadas, dado que la misma se terminó de renovar apenas meses después de la reforma que maniató al actual CGPJ. Se trata de una Sala determinante por ser la competente para estudiar querellas contra miembros del Gobierno y aforados.
La situación de emergencia que se ha vivido en la cúpula de la judicatura ha llevado a estos órganos a reiterar en los últimos años la necesidad de que PP y PSOE sellaran un pacto que permitiera renovar el CGPJ y desbloquear los nombramientos pendientes. Destacan las reivindicaciones que en los últimos años han hecho primero Carlos Lesmes y luego el actual presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, en sus intervenciones durante los actos de apertura del año judicial.
Con todo, la imposibilidad del actual CGPJ de efectuar nombramientos no solo ha afectado al alto tribunal. A día de hoy, en los tribunales superiores de justicia hay 40 plazas sin renovar mientras que en las audiencias provinciales la cifra es de 30 vacantes. En la Audiencia Nacional, por su parte, son dos bajas que ahora el nuevo órgano tendrá que cubrir.
"Un CGPJ de transición"
Precisamente la potestad que ostentan los vocales en cuanto a la elección de la cúpula judicial ha provocado el desacuerdo inédito entre los dos principales partidos políticos que han tardado más de cinco años y medio en renovar el órgano. Con todo, el pacto que ahora se ha sellado incluye la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que en la próxima elección del CGPJ tengan más protagonismo los jueces, en sintonía con los sistemas europeos.
Por ese motivo, fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que este es un órgano de gobierno de jueces "de transición", aunque es cierto que el acuerdo alcanzado conlleva cambios en sus decisiones para renovar a la cúpula judicial. Así pues, aunque hasta ahora se encomendaba esta tarea a la Comisión Permanente del órgano, el acuerdo determina que a partir de ahora lo hará una "Comisión de Calificación" del propio Consejo.
Este órgano quedará integrado por cinco vocales de los 20 nuevos que ahora aterrizan en el CGPJ. Ellos serán los encargados de informar de todos los nombramientos que sean competencia del pleno con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas. Las fuentes consultadas explican que se trata de un sistema que ya operaba en el CGPJ antes de su última renovación, en 2014, y que ahora se rescata de nuevo.
