La agonía de la banda terrorista ETA, que no ha cometido un atentado desde marzo de 2010, ha coincidido con el auge del yihadismo. Y este cambio en la sociedad española se detecta bien en el sistema penitenciario, que en los últimos años ha protagonizado un aumento exponencial del número de presos vinculados con el terrorismo islamista, que ha llegado a 228.
De forma paralela, la población reclusa etarra disminuye año a año. Los últimos datos conocidos de reos etarras elevan hasta 280 el número de integrantes de la banda terrorista presos en España, a los que habría que añadir otros 80 recluidos en 21 prisiones francesas: 360 en total.
Esta cifra supone casi la mitad del número de etarras que estaban presos en las cárceles españolas y francesas el 20 de octubre de 2011, el día que la banda anunció el "cese definitivo de la actividad armada". Ese día había un total de 703 miembros de la organización encarcelados.
115 presos yihadistas
La paulatina disminución de etarras encarcelados, que poco a poco cumplen sus condenas, contrasta con la actividad yihadista. A finales de 2016, el número de presos yihadistas en España era de 115, a los que hay que añadir otros 33 reclusos que pese a no haber sido condenados por terrorismo, han desplegado en las prisiones "misiones de adoctrinamiento y difusión de ideas radicalizadas sobre el resto de internos".
Asimismo, la Policía incluye a otros reclusos potencialmente vulnerables a abrazar la causa yihadista, lo que eleva la cifra a 228 recluidos en la cárceles españolas. En agosto de 2015 el número de presos islamistas o susceptibles de radicalizarse era de 186, lo que supone un incremento de alrededor del 20%.
Precisamente este lunes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que pedirá a la Fiscalía General del Estado que refuerce su plantilla con al menos otros cuatro fiscales ante el aumento de trabajo que ha supuesto desde 2014 la amenaza del terrorismo yihadista, han informado a Efe fuentes fiscales.
"Enorme trabajo" para la Fiscalía
Esta decisión ha sido acordada en Junta de fiscales, integrada por quince miembros de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y es la primera reunión de carácter "operativo" que se celebra desde el nombramiento de Jesús Alonso al frente de este departamento.
El acuerdo reclamando más fiscales, que Alonso elevará al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha sido adoptado al entender que, al igual que se han reforzado las plantillas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la de la Fiscalía también requiere de más operativos ante el "enorme trabajo" que ha supuesto la amenaza yihadista.
Por su parte, fuentes policiales consultadas por Vozpópuli, que son críticas con la actual dirección de la Policía, hacen hincapié en que la mayoría de las detenciones de yihadistas están vinculadas con el delito de enaltecimiento del terrorismo. Este hecho haría más difícil, siempre según estas fuentes, que los arrestados puedan ser condenados, ya que los jueces y fiscales tendrían más difícil probar la participación activa de los detenidos en "auténticas" actividades terroristas.
Fuentes judiciales sostienen que España tiene una normativa jurídica más eficaz que la media europea"
Sin embargo, fuentes judiciales han rechazado cualquier exceso de celo por parte de las autoridades judiciales y policiales españolas a la hora de arrestar a yihadistas. En este sentido, explican que el sistema jurídico español incluye entre los delitos vinculados al terrorismo tanto el adoctrinamiento como el adiestramiento. Sin embargo, la directiva europea de terrorismo solo incluye el adiestramiento.
Para las mencionadas fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli esta diferenciación muestra que el sistema jurídico español está "más avanzado", pues España ha sufrido el terrorismo etarra durante décadas, lo que explicaría que la normativa española sea "más eficaz" que la media comunitaria.
Los recientes ataques yihadistas realizados en Reino Unido y Francia posibilitarán, siempre según las fuentes judiciales consultadas, que ambos países, que ahora mismo no consideran delito el adoctrinamiento, incorporen este supuesto a su ordenamiento jurídico como mecanismo para luchar contra los terroristas antes de que hayan dado el paso hacia el adiestramiento militar.
Un detenido en libertad
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad a Abdelilah El Fadual El Akil, el marroquí detenido el pasado jueves por la Policía reclamado por su país por su presunta vinculación con el yihadismo y que fue juzgado por los atentados del 11M.
Fuentes jurídicas han informado de la decisión del juez, adoptada el pasado viernes pero conocida este lunes y que va en contra de la opinión de la Fiscalía, que solicitó el ingreso en prisión del detenido.
Abdelilah El Fadual El Akil, de 47 años, fue detenido en Madrid en una operación de la Comisaría General de Información desarrollada por la Orden Internacional de Detención dictada el pasado mes de mayo por las autoridades marroquíes.
Se le buscaba por, presuntamente, haber pertenecido a una organización terrorista para la preparación de actos violentos con el fin de alterar el orden público, así como para la obtención de fondos encaminados a la financiación de esas actividades.
