Las empresas Ombuds, Securitas, Integral Secoex/Teliman y Segur Ibérica se perfilan como las ganadoras del macroconcurso que ha convocado Patrimonio Nacional para la seguridad y atención al público en sus principales sedes por un importe de 49,4 millones de euros. Tras la apertura de ofertas Ombuds logró la mejor puntuación en Madrid, El Pardo, Aranjuez, Valladolid y El Escorial. Securitas está calificada para Mallorca y Lanzarote y Segur Ibérica para Sevilla. La candidata de Cáceres es Secoex/Telimán.
Ahora deberán estudiarse las ofertas y proceder a la adjudicación definitiva. Patrimonio Nacional convocó este concurso tras haber sido autorizado por el Gobierno. El importe estimado del contrato asciende a 49.443.788,00 euros e incluye los años 2016, 2017 y 2018. Se incluye una posible prórroga por dos años más.
El Gobierno exige que “la prestación de este servicio se realice mediante la presencia física de vigilantes de seguridad"
Hace algunos días se abrieron las plicas y se calificaron las ofertas que deberán prestar sus servicios en el Palacio Real, El Pardo, Aranjuez, El Escorial, Lanzarote, Sevilla, Cáceres, Valladolid y Mallorca. Las ofertas de Burgos y Segovia han quedado desiertas. En total el concurso estaba dividido en 11 lotes, uno por cada lugar donde hay propiedades de Patrimonio. Han concurrido algunas de las empresas más importantes del sector. Pero también se han presentado algunas que han estado rodeadas de la polémica como Seguridad Integral Canaria, que no ha logrado adjudicaciones.
Hace algunos años fue muy criticado que Patrimonio contratara con esta compañía que había sido acusada de defraudar a Hacienda. Los sindicatos de Patrimonio se han quejado de que estos concursos pretenden sustituir el personal de la casa por contratados que cobran menos y no pertenecen a la plantilla. Acusan a la gerencia de no cubrir las plazas que deberían salir a concurso. El contrato, según informó el Gobierno el pasado 11 de marzo, “pretende preservar la seguridad exterior e interior de los bienes muebles e inmuebles de distintas Delegaciones y Reales Patronatos del Patrimonio Nacional”.
El Gobierno exige que “la prestación de este servicio se realice mediante la presencia física de vigilantes de seguridad, con utilización de tecnologías de vigilancia que garanticen la seguridad, tanto de los propios bienes, como del personal, usuarios y visitantes”. La convocatoria pedía “el manejo de los sistemas de seguridad actualmente existentes y los de información y atención al visitante de los espacios museísticos, de modo que se garantice la máxima calidad de la visita”. También se incluía la contratación de los auxiliares de sala.
