Uno, dos, tres.... y así hasta cerca de cincuenta. La cuenta bancaria del PP de la ciudad de Valencia recibió en las semanas previas a las elecciones municipales del pasado mes de mayo medio centenar de ingresos de 1.000 euros cada uno. Los habían hecho cargos y trabajadores del grupo 'popular' en el Ayuntamiento, además de algunos afiliados, para colaborar económicamente en el campaña de Rita Barberá a la alcaldía. Una colecta en la que, curiosamente, la candidata no aportó cantidad alguna. Sin embargo, aquella recogida de fondos era algo más, según los indicios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción dentro de la 'Operación Taula' que el pasado martes permitió desmantelar una trama de corrupción en la Comunidad valenciana con la detención de varios antiguos cargos 'populares'.
Rita Barberá fue de los pocos integrantes del grupo 'popular' en el Ayuntamiento que no participó en la colecta ahora bajo sospecha. Pese a ello, los investigadores están convencidos de que estaba al tanto
La investigación apunta a que dichos fondos son, en realidad, falsos donativos con los que la formación política presuntamente 'blanqueó' comisiones recibidas a cambio del amaño de adjudicaciones de contratos del ayuntamiento, como adelantó este jueves Vozpópuli. El objetivo: introducir dicha cantidad, unos 50.000 euros, en el circuito legal para destinarla a costear mítines y publicidad para la que resultó siendo la fallida reelección de la veterana política. Estos donativos 'fantasmas' han supuesto, de hecho, que todas las personas que figurasen como autorizados para disponer de fondos de la cuenta que los recibía hayan sido detenidas o vayan a ser citadas a declarar como 'investigadas' (el nuevo término utilizado para referirse a la imputación tras la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Entre ellos están María del Carmen García Fuster, persona de la máxima confianza de Rita Barberá y quien ocupaba el cargo de secretaria del grupo municipal hasta su detención, así como la administrativa que trabajaba con ella, María José Pi. La primera es señalada por los investigadores como la muñidora de este sistema de aportaciones de dinero, por lo que ha sido acusada de un delito de blanqueo de capitales. La segunda es señalada como su colaboradora, además de por figurar como una de las donantes. Además, también han sido llamados para prestar declaración Alfonso Novo, el concejal que sustituyó a la exalcaldesa como portavoz de los 'populares' en el Consistorio tras la renuncia de ésta a seguir, y Luis Salom, asesor del grupo municipal. El primero, como máximo responsable del partido en el Ayuntamiento, figura también como responsable de esa cuenta, mientras que el segundo aparece como uno de los 'donantes' de 1.000 euros.
Protegida por el aforamiento
Ambos han sido interrogados en los últimos días por los agentes de la UCO, a los que han asegurado que dichas entregas fueron voluntarias y que, en ningún momento, el partido les había entregado dichos fondos 'en negro'. Ellos no serán, sin embargo, los únicos cargos y afiliados del partido que hicieron aportaciones que tendrán que acudir a declarar durante los próximos días. De hecho, los responsables de las pesquisas tienen previsto citar también como investigados al resto del medio centenar de personas que figuran como 'donantes'. Entre ellos no estará, sin embargo, la propia Rita Barberá. Según fuentes cercanas a la investigación, ella fue de los pocos integrantes del equipo municipal que no participó en la colecta, aunque consideran que sí estaba al tanto de lo que ocurría por los indicios ya recogidos. No obstante, la exalcaldesa no será llamada a declarar porque en la actualidad es senadora y sólo el Tribunal Supremo puede emprender una investigación judicial contra ella dada su condición de aforada.
La UCO considera que la mayoría de los 'donantes' recibieron el dinero antes de la colecta. Sólo unos pocos adelantaron los 1.000 euros y luego el PP se los devolvió.
Los informes policiales incorporados a la causa apuntan a que los 'donantes' recibieron del partido poco antes de la colecta los 1.000 euros en billetes que más tarde debían ingresar en la cuenta de la formación. Sólo en unos pocos casos, los cargos políticos y afiliados adelantaron el dinero y supuestamente luego se les devolvió. Anticorrupción y la UCO consideran que estos fondos en efectivo procedían de una supuesta 'caja B' del partido, que se nutría con las comisiones cobradas por el amaño de adjudicaciones. Los investigadores comparan el sistema presuntamente utilizado por el PP de la ciudad de Valencia para 'lavar' los fondos al que utilizó en su día Luis Bárcenas en Génova 13 para reintegrar en el circuito financiero las donaciones que recibía su partido y que por procedencia o cuantía eran ilegales: fraccionarlas y hacerlas pasar por aportaciones de personas cercanas a la formación.
La polémica colecta para su última campaña sale a la luz en un momento en el que cada vez más datos de la 'Operación Taula' salpican a la que fuera alcaldesa de la ciudad . Una revelación que se produce poco después de que su partido, con Mariano Rajoy a la cabeza, haya salido en su defensa. Sin embargo, desde que estalló el escándalo hace casi un año, los indicios se acumulan en su contra. Desde el contenido de las conversaciones grabadas por el arrepentido gerente de la empresa Inmelsa, Marcos Benavent, en las que varios implicados se refieran a una tercera persona como "la jefa" supuestamente en referencia la veterana política, hasta la reciente detención o imputación de cinco personas de su equipo más próximo. Hasta ahora, la política había conseguido salir indemne de todos los escándalos de corrupción, desde Gürtel al caso Nóos, que habían estallado en Valencia. Unos donativos 'fantasmas' amenazan con terminar con dicha suerte.
CULTURA MUNICIPAL BAJO SOSPECHA
Las sospechas de las irregularidades en el Ayuntamiento de Valencia durante el último mandato de Rita Barberá se centran, principalmente, en las adjudicaciones del área de Cultura, cuya entonces responsable, la concejal 'popular' María José Alcón, ha sido detenida dentro de la 'Operación Taula' y quedó horas después en libertad con una fianza de 150.000 euros. Entre los contratos investigados se encuentran la cesión de la gestión del centro municipal de La Rambleta a la empresa Bulevar del Arte y la Cultura Gestión SL, propiedad de otro de los detenidos, José Adolfo Vedri, señalado por las pesquisas como un supuesto 'testaferro' de la propia trama. En una de las conversaciones aportadas a la causa se oye precisamente a Alcón afirmar que esta adjudicación está "a puntito de caramelo a favor de esta gente". También se analizan los expedientes para la organización de la Mostra de cine de Valencia y los de las reformas de varios edificios históricos de la ciudad como las Torres de Quart de las antiguas murallas.
