El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha rechazado asumir la investigación del denominado caso Vitaldent y envía de nuevo las diligencias al Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda (Madrid).
El pasado mes de febrero la juez de Majadahonda envió al propietario de la compañía, Ernesto Colman, al vicepresidente, Bartolomé Conde y a los colaboradores Nicolás Sisinni y Javier Arteaga a prisión de forma incondicional. La instructora les atribuyó los delitos de fraude fiscal, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y/ apropiación indebida, un delito contable y un delito de organización criminal por haber diseñado y participar en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, y a la propia Hacienda Estatal. Días después la magistrada María Isabel Serrano se inhibió a favor de la Audiencia Nacional.
Velasco sostiene que la investigación no tiene "entidad y significación suficiente" como para ser instruida por la Audiencia Nacional
En un auto notificado este jueves, el juez Velasco explica que rechaza la inhibición realizada por instructora de la operación Topolino porque la investigación "no tiene la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional, no pudiendo considerarse la cifra presuntamente defraudada como significativa, impactante o de enorme envergadura para afectar o conmover la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional, resultando ser todo lo contrario".
En la resolución, el instructor de la Audiencia explica que ni la cantidad presuntamente defraudada por la cúpula de Vitaldent a la Hacienda Pública "es de un volumen económico que pueda causar grave repercusión a la economía nacional" y añade que el hecho de que se estén investigando la apertura de cuentas en el extranjero o la compra de sociedades extranjeras de carácter instrumental que han servido para sacar parte del dinero producto del impago de impuesto a Suiza "no adjudica la competencia a la Audiencia Nacional por este hechos".
Además, Velasco añade que "la parte de la trama de Ernesto Colman y los hermanos Arteaga en el extranjero es absolutamente episódica porque abrir cuentas en el extranjero donde desembocar temporalmente el botín no forma parte del delito sino de su agotamiento pero además solamente se aprecian en Suiza y Luxemburgo". Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días.
