Los bomberos madrileños, tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento, llevan años quejándose de la cada vez más precaria situación en la que tienen que prestar servicios con una patente falta de personal. En noviembre de 2010 se convocaban 220 plazas de Bombero Especialista del SEI que actualmente se encuentran paralizadas tras la realización del segundo ejercicio, a la espera de que salgan las notas del mismo o de que el Tribunal Calificador tome alguna decisión sobre la reclamación interpuesta por los opositores. El motivo; las continuas sospechas de irregularidades que salpican el procedimiento.
La presente convocatoria saltó a los medios de comunicación desde las mismas bases, inaceptables para sindicatos (CCOO y UGT) y discutidas por la supuesta inferioridad en que ponía a las mujeres la gymkana 'casi' profesional con su carrera de 112 metros y por la ‘validez’ de los criterios psicotécnicos. Las nuevas bases fueron aprobadas por la comisión de gobierno del Ayuntamiento. “Y a partir de ahí tú eres libre de decidir si te presentas o no, asumiendo una convocatoria, pagando unos derechos de examen y sabiendo todo lo que supone” comenta Juan González,responsable de bomberos de UGT en el Ayuntamiento de Madrid.
Los opositores, generalmente aspirantes con meses de preparación a sus espaldas y con una inversión de cerca de 300 euros de media en academias, salieron del primer ejercicio atónitos. “Hubo dos turnos de examen, por lo que el primero pudo hablar con el segundo y comentar el examen. Se nos obligó a responder a lápiz y hasta se hizo un descanso en el que algunos salieron al baño, pudiendo comentar con los compañeros posibles dudas o respuestas que además se podían corregir, ya que no recogieron la primera prueba mientras hacíamos la segunda”, argumenta uno de los presentes, quien se dirigió al Defensor del Pueblo en un intento de hacerse oír.
Tampoco se cumplió con otro requisito básico, garante de la independencia de las pruebas; las llamadas ‘plicas’. Los aspirantes entregan dos sobres cerrados al finalizar el examen, uno con la hoja de respuestas y otro con sus datos personales, ambos identificables con un código de barras, de manera que al corregir el examen (lo hace una máquina) no se tiene constancia de a quién pertenece. En este caso se entregó todo junto.
“De haber querido hacer algo se tenía que haber hecho tras el ejercicio, pero prefirieron esperar a conocer la lista de notas, lo cual termina restando legitimidad al asunto. Al final parece la ‘pataleta del no apto’” añade el representante de UGT.
Resurso colectivo
Sin embargo muchos opositores sí creyeron necesario actuar, y por medio del abogado José Manuel Piñeiro Pérez interpusieron un escrito de alegaciones cuyas pretensiones no fueron contestadas por el tribunal.
El letrado representante de los opositores se ha dirigido en varias ocasiones al órgano competente para pedir una respuesta a los escritos presentados el 21 y 25 de noviembre de 2011 respectivamente, algo todavía pendiente y que ha sido reclamado en posteriores recursos (el 19 de diciembre, el 20 de diciembre disponibles aquí, y el 21 de diciembre).
El principal problema para el abogado es que si el tribunal no se manifiesta en plazo sobre estas cuestiones no puede continuar con los consiguientes recursos, renunciando a la vía contencioso administrativa que sería lo esperado.
Más ‘sospechas’ en el segundo ejercicio
Para colmo de los aspirantes aptos en el primero, los problemas siguieron en el segundo (el de preguntas teóricas tipo test), en el cual existen dos modelos de examen, A y B. Una mano inocente escoge uno, en este caso el A, que es el modelo que todos hacen, y única opción que los opositores conocen. Sin embargo, poco después empezaba a circular un original de examen del modelo B que el propio abogado hacía llegar en un nuevo escrito de alegaciones al tribunal, pendiente también de respuesta fundada. Las sospechas de una posible filtración recaen ahora sobre la imprenta contratada para imprimir el ejercicio o incluso sobre los policías encargados de su custodia.
De momento el Tribunal Calificador no se ha pronunciado ni para publicar las listas de aprobados ni para dar por válidas o no las acusaciones de la parte recurrente. Simplemente publicó una resolución de las reclamaciones al primer ejercicio, donde mantenía sus calificaciones de aptitud, remitía a sus bases específicas aprobadas y no exponía ni los criterios o parámetros establecidos ni la reclamada plantilla de respuestas correctas alegando que es el órgano competente para la calificación.
Ambas partes salen perdiendo
La solución no parece sencilla, ya que seguir adelante con el proceso significaría pasar por alto toda una serie de circunstancias que muchos participantes consideran escandalosas. Y dar marcha atrás implica que se ha de reiniciar el proceso de selección desde el principio, ya que el primer ejercicio no está libre de actuaciones controvertidas.
Lo que sí está claro es que el conflicto no beneficia ni a una parte ni a otra. El Ayuntamiento de Madrid tiene una importante carencia de efectivos de bomberos que al final se traduce en una merma del servicio prestado a los ciudadanos. "Son 220 compañeros menos que no están sacando adelante necesidades a las que tenemos que dar respuesta como profesionales", puntualizan desde UGT. "Las condiciones en las que trabajamos son más peligrosas, con un 80% más de riesgo que antes, y esto no parece mejorar", apostilla.
Del otro lado están los opositores, gente que en sectores como el de bomberos se mueve mayoritariamente por una vocación innata que les lleva a dedicar años de preparación (física y psicológica) y un gran aporte económico para luchar por una plaza. De no salir las 220 en proceso probablemente tendrían que esperar una media de 4 años hasta poder optar a las siguientes, puede que más si se tiene en cuenta la actual situación económica.
