El último estudio realizado por el Grupo Eneas sobre la capacidad de gestión del sector público arroja unos resultados especialmente incómodos en una época en la que parece que el ‘cinturón sólo tienen que apretárselo los de abajo’: Entre 11.000 y 13.000 millones de euros podrían ahorrarse en el sector público español con algo aparentemente tan sencillo como renegociar los contratos del capítulo dos presupuestario. Es decir, los fondos destinados a gastos corrientes en bienes y servicios (teléfono, electricidad, seguros, limpieza, mensajería, recogida de basura, etc).
Según los datos analizados, el sector público español estaría sobredimensionado en cerca del 20%, algo que se explicaría principalmente por dos motivos: Primero, que la administración pública ha dejado de lado uno de sus principios básicos como es la eficiencia, que ha pasado a un segundo plano. Y segundo, porque muchos entes públicos han heredado contratos históricos que jamás se han revisado, fuera de las actuales condiciones de mercado, más competitivas que hace unos años.
“El sector público no funciona bien, es un compendio de ineficiencias que parece que muchos consideran innecesario plantearse. Por ello es evidente que requiere un cambio importante para el cual parece no estar preparado. Con la época del boom económico los ingresos llegaban a borbotones y no había problema, las cuentas cuadraban. Pero el problema llega ahora, en tiempos de crisis, precisamente cuando más se debería cuidar el ahorro”, explica Miguel Marín, experto en el sector y socio director de Eneas.
“No hay varitas mágicas, sólo se trata de hacer lo que ya hace el sector privado”
Para Marín, la sobredimensión del sector se explica en base a cuatro causas diferenciadas. La primera gira en torno a los mercados de compra y contratación y la cualificación del personal. “Hace años lo que había era monopolios o duopolios, donde el precio estaba fijado y únicamente elegías la cantidad. Ahora es más complicado. El sector privado ha sofisticado el proceso de compra, ha especializado a gestores en compra y contratación y ha cualificado a su personal. Este procedimiento en lo público no existe. Sería absurdo tener una persona especializada en cada área de gestión cuando lo que se pretende es centrarse en compra y contratación”, razona Marín.
La segunda causa hace referencia a la descentralización, ya que las administraciones públicas no explotan el perfil de gran consumidor que ostentan. Los Ayuntamientos, CCCAA y la Administración General del Estado funcionan como islas donde cada uno gestiona los recursos de manera autónoma, cuando el aunar criterios o compras podría suponer también disminuir costes.
Además está el problema de la normativa de contratación. La llamada ‘nueva Ley de Contratos del Sector Público’ (Ley 30/2007, de 30 de octubre) no se ha consolidado. En palabras de Marín ahora “existen mayores niveles de corrupción y ha generado sistemas de contratación lentísimos. En procesos de adquisición como el de la electricidad esto se hace dificilísimo puesto que es imposible calcular el precio a cuatro meses vista, y las empresas mantienen su oferta para diez días o un mes”.
Por último aparece la despreocupación de los responsables por los recursos públicos. Es lo que el socio director de Eneas refiere como ‘disparar con pólvora de Rey’: “En el sector público los responsables no se juegan nada, no hay incentivo personal para contratar porque su puesto no peligra y sus ingresos no varían ni se pierde dinero propio. El funcionario se limita a cumplir sus horas y ajustarse a la legalidad, una forma de actuar muy diferente a la del sector privado, donde cada contratación lleva un extenso trabajo previo de recopilación de datos e información de diferentes ofertas a cargo de los expertos, eligiendo finalmente la más competitiva”.
Toma de conciencia y externalización
Según las conclusiones obtenidas del estudio de Eneas, las soluciones parecen asequibles. Se optimizan los recursos si se externalizan los procesos, y para ello lo primero es tomar conciencia de la situación. Algunas entidades públicas comienzan a recurrir a gestoras privadas para llevar a cabo sus procesos de contratación. “El ahorro es pagar a su justo precio sin perder servicios. Es imposible optimizar de golpe los 55.000 millones de gasto de los entes públicos, pero si se optimizan los contratos a medida que van venciendo, el ahorro es más que evidente. Parece que tras las pasadas elecciones municipales hay más demanda de este tipo de asesoramiento del sector privado, pero aún existe gran reticencia a cambiar las formas de actuar en el sector público, que obviamente necesita una reforma profunda que permita además aliviar las plantillas”, puntualiza Miguel Marín.
En ese sentido giraban algunas de las propuestas electorales de los partidos políticos en las pasadas elecciones generales del 20-N, como la supresión de las diputaciones provinciales o la reducción de los coches oficiales. En palabras del experto en el sector, “sería más importante llevar a cabo una gestión eficiente, profesionalizada y transparente de este tipo de gastos, los referidos a bienes y servicios corrientes. Con ello podrían inyectar a las arcas públicas cerca de 1.800 millones de euros la Administración General del Estado, 4.000 millones los Ayuntamientos y unos 5.600 las Comunidades Autónomas”, sentenciaba Marín.
