Las principales asociaciones de jueces han mostrado este martes su satisfacción ante los compromisos recogidos en el acuerdo de investidura suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos, porque entienden que contribuirán a garantizar la separación de poderes y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente han defendido en un comunicado que las medidas acordadas en materia de Justicia coinciden con las recogidas por las asociaciones en el documento suscrito en diciembre del año pasado, especialmente en lo referente al sistema de elección de vocales del CGPJ.
Así, han precisado que la propuesta incluida en el pacto de investidura --mediante la cual doce de los 20 vocales del CGPJ serian elegidos directamente por jueces-- es la fórmula para evitar la apariencia de politización y "preservar y reforzar" la independencia del órgano de gobierno y, por extensión, de la misma carrera judicial y de la Justicia.
"Un órgano de gobierno plural, en el que estén representadas las distintas sensibilidades, contribuirá sin duda alguna a garantizar la separación de poderes y recuperar la confianza de la ciudadanía", reza la nota que añade que el actual sistema de elección de vocales es "una de las causas de la apariencia de politización que afecta a la Justicia" porque arroja "sombra de duda" sobre los magistrados.
PACTO DE ESTADO
Por ello y tal y como explicaron en declaraciones a Europa Press este lunes, se muestran satisfechos con la concreción del acuerdo como un primer paso para alcanzar Pacto de Estado por la Justicia que sea respaldado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y en el que estén todos los profesionales de la justicia.
En relación a otros compromisos adoptados como la dotación de medios materiales, la creación de nuevas plazas o la implantación de nuevas tecnologías, las cuatro principales asociaciones de jueces argumentan que son "absolutamente esenciales" para garantizar un servicio público de calidad y que la sociedad española tenga la Justicia que se merece.
