La autovía A-636 del País Vasco se convirtió el pasado febrero en la primera carretera de pago por uso para turismos, un sistema de peajes sin cabinas, pero con pórticos que registran el punto de entrada y salida para realizar el cobro de manera telemática. Su inauguración se convirtió en la gran antesala de lo que el Ministerio de Transportes quiere hacer en España: convertir las grandes autopistas españolas en vías de pago.

La llegada de este sistema a País Vasco ha abierto la veda a la instalación de otros peajes que, de momento, solo serán para vehículos pesados de más de 3,5 toneladas, pero que utilizan este mismo sistema, denominado free-flow. Aprobado por el PNV y el PSE, a partir del 1 de enero se habilitará este sistema de pago. De momento, la única con esta tecnología y que afecta a turismos es la denominada A-636. Será el tercer intento de colocar este tipo de radares: las dos anteriores fueron rechazadas por la justicia.

Las carreteras "premiadas" por el Gobierno del País Vasco son la A-8 (entre Basurto y El Haya), la N-240 por Barazar, la N-636 (de Durango a Guipúzcoa), el corredor de Txorierri y la BI-625 (de Laudio a Basauri). Lo que se desconoce es si hay intención de cobrar también a los turismos a partir de 2024, año en el que el Gobierno de la nación pretende instalar este sistema de cobro en las principales autovías del país.

En todo caso, la competencia de estas carreteras pertenece a País Vasco, de manera que estas están fuera del plan de recuperación que el Gobierno presentó en Bruselas. Por tanto, solo el gobierno regional tiene la potestad de decidir si cobrar o no a los turismos independientemente del plan trazado por el Gobierno central y la Dirección General de Tráfico (DGT).

Pese a ello, País Vasco sirve como ejemplo de lo que podría suceder en 2024 en toda España, ya que el Gobierno ha prometido a Bruselas instalar un sistema que grave las carreteras, puesto que desde el Ejecutivo señalan que con la recaudación actual no es posible realizar un buen mantenimiento de estas. La ministra de transportes, Raquel Sánchez, llegó incluso a decir que la mayoría de la Unión Europea ya utilizaba sistemas similares, algo falso, tal y como demostramos en Vozpópuli.

Un problema que viven los transportistas vascos desde 2018

Desde el sindicato vasco de transportistas autónomos de Euskal Herria (HIRU) conocen desde hace tiempo esta situación, ya que en la región llevan tiempo queriendo implantar estos peajes a vehículos pesados. En 2018 ya los implantaron en Guipúzcoa, con una recaudación de 40 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco primero y el Tribunal Supremo después se encargaron de 'apagarlo'.

Desde entonces, los transportistas luchan por recuperar su dinero, que está en 'el bolsillo' de Bidegi, la Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras: desde el sindicato estiman que los camioneros tan solo han recuperado 12 millones de euros, ya que el resto no se han reclamado. Desde el sindicato reclaman que sea devuelto "de forma automática", ya que fue así como se hizo el cobro.

Ahora, casi cinco años después, estos peajes se extienden por todo País Vasco. "Antes, el peaje estaba en dos tramos de carretera, pero ahora estará en todo el recorrido de la A-1 y A-15 en territorio guipuzcoano", cuenta Jon Altuna, portavoz del sindicato, a este diario. Señala que los transportistas son meros intermediarios y que por tanto, en la política de 'quien contamina paga' deberían pagar, en caso de hacerlo alguien, los que compran y venden las mercancías. "Esto es como un taxi, el cliente que lo paga, también paga el peaje", señala.

Los transportistas vascos reclaman que los peajes en las autovías funcionen como en un taxi: que sea el cliente quien abone lo que cuestan, no el conductor

Desde HIRU señalan que se une el problema de la competencia que hay en el sector del transporte, que lo precariza cada día más. Esto provoca que muchas compañías decidan que sea el transportista quien abone los peajes, aunque recalca que "hay empresas asumen la mitad del gasto". Pese a ello, el portavoz del sindicato considera que "si el transportista hace una función esencial, se debería financiar con dinero público y no cargarlo en nuestra espalda".

Denuncia que en País Vasco se va a colocar peajes en carreteras secundarias, ya que muchos transportistas han optado por estas vías, mucho más peligrosas, para no tener que pagar. Se estima que con el regreso de estos peajes de pago por uso, muchos transportistas opten por estas vías, algo que se quiere frenar. "La excusa es devolver a los camiones a las autopistas, cuando podrían hacerlo quitando los peajes a las carreteras principales", señalan desde el sindicato.

Además, HIRU rechaza que sea un buen mecanismo para que los transportistas extranjeros paguen: "Los que vienen de paso, van una semana hacia abajo y otra para arriba, mientras que los que más usan estas vías son los de aquí". El problema de País Vasco se extenderá próximamente a toda España y no solo afectará a los transportistas, ya que la idea inicial del Gobierno es gravar también a los turismos.

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