El Gobierno vasco ha vuelto a declarar desde este lunes la situación de Emergencia sanitaria en el País Vasco ante el aumento de contagios de coronavirus que se está produciendo en la comunidad, lo que llevará a adoptar este mismo martes nuevas medidas restrictivas para frenar la expansión del virus en relación con los aforos, las agrupaciones de personas y la hostelería.
Esta situación de Emergencia Sanitaria responde, según ha explicado el propio Gobierno Vasco, a razones "estrictamente sanitarias" y establece un marco jurídico en el que se permite asumir e implementar medidas concretas, conforme a las necesidades de cada momento.
Esta decisión ha venido motivada ante el incremento que se viene produciendo en el número de contagios en el País Vasco. Los últimos datos dados a conocer este domingo, recogen un total de 610 nuevos casos de covid-19, lo que supone 35 más que en la jornada anterior. También aumentan las hospitalizaciones y, en este momento, hay 163 personas ingresadas por covid en planta y 14 pacientes en las UCI.
Este escenario según explicaban este mismo sábado las consejeras de Salud y de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Nekane Murga, y Arantxa Tapia, respectivamente, urge adoptar nuevas medidas restrictivas para reducir los contagios y, por tanto, dar un "paso atrás" en la denominada "nueva normalidad".
La propia Nekane Murga justifica esta decisión ante la actual situación en la comunidad, donde hay alrededores de 4.000 positivos activos y advertía de que el País Vasco está "ante un posible tsunami". El Gobierno vasco considera que es una medida "imprescindible", que también busca que la vuelta a las escuelas y a la actividad industrial y empresarial en septiembre se pueda desarrollar con normalidad.
Los objetivos de este nuevo escenario son, por una parte, evitar tensionar el sistema de salud para que no se produzca un colapso sanitario, y también un segundo confinamiento generalizado, que, en este momento, el Gobierno vasco descarta por completo. El tercer objetivo tiene que ver con tratar de aprender a convivir con el virus, mientras no exista un tratamiento o una vacuna.
El Ejecutivo ya recurrió a esta herramienta jurídica en las primeras semanas de marzo para hacer frente a la pandemia. Fue el 13 de ese mes cuando el Lehendakari, en una comparecencia pública, declaró la emergencia sanitaria para afrontar la crisis sanitaria.
Nuevas medidas por el aumento de casos
Una vez declarada la Emergencia Sanitaria, ello permitirá que, de manera inmediata, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, active el LABI-Plan de Protección Civil del País Vasco, cuya dirección y coordinación será asumida nuevamente por el propio Lehendakari, Iñigo Urkullu.
El primer encuentro del comité que conforma el LABI tendrá lugar el martes, día 18 que adoptará nuevas medidas restrictivas para frenar la expansión del virus.
Entre las medidas que se aplicarán en Euskadi unas serán de aplicación generalizada para toda la comunidad y otras serán "específicas y extraordinarias" que se establecerán exclusivamente en municipios, ámbitos o espacios especialmente afectados.
En concreto, este próximo martes, el Comité LABI determinará medidas concretas de carácter restrictivo, que irán en la línea de restricción de aforos, de agrupación de personas, de horarios de hostelería, y en la adaptación del transporte público en horario nocturno. Además, el Gobierno vasco quiere que la obligatoriedad del uso de las mascarilla quede perfectamente definida.
Además, se incorporarán las medidas acordadas por unanimidad en el consejo interterritorial de Sanidad que establecía la prohibición de fumar en la vía pública o al aire libre si no se pueden guardar dos metros de distancia de seguridad.
Asimismo, se acordó el cierre de todas las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones en directo, una decisión que se conocía el mismo día en el que el TSJPV había ampliado el horario para el cierre de los establecimientos de ocio nocturno --pub hasta las tres y discotecas hasta las cinco--, que solo estará vigente hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las medidas adoptadas en el consejo interterritorial.
