"Los acercamientos van acompañados de progresiones de grado y son la antesala de terceros grados y libertades condicionales". Así ha denunciado una vez más Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la política de traslados de presos de ETA que lleva a cabo el Ministerio del Interior. Lo ha hecho este martes en Vitoria, durante unas jornadas organizadas por el colectivo para abordar la respuesta social, jurídica e institucional a los crímenes de la banda terrorista.
Además, la presidenta de la AVT afirmaba que “ahora que tanto se está hablando de los casos sin resolver, algo muy peligroso si no se hace con rigor, pues se pueden dar falsas esperanzas y provocar mucho dolor en las víctimas, quiero hablar de un derecho muy importante que tenemos todos, y obviamente las víctimas del terrorismo también: el derecho a la verdad”.
En esa línea Araluce opinaba que pese a lo que suele decirse “Bildu no es un partido progresista, ni es un partido que tenga una agenda social, es el partido heredero del brazo institucional de ETA que a día de hoy sigue defendiendo que algunos asesinatos de ETA, como por ejemplo el de mi padre, estuvieron justificados”.
Hablan las víctimas
El presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), Miguel Folguera, afirmaba que "tenemos que celebrar que ETA no mata, pero el brazo político de ETA sigue en las instituciones sin condenar la violencia". Y también criticaba los acercamientos del Gobierno. "Se siguen produciendo acercamientos de los presos de ETA a las prisiones vascas mientras nosotros tenemos que hacer miles de kilómetros para llevar flores a las tumbas de nuestros muertos".
De toda la jornada, celebrada en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de la capital vasca, ha destacado sobremanera la primera mesa, protagonizada por tres damnificados directos por los atentados de ETA. Tres testimonios sobrecogedores expuestos por Matilde Atarés, cuyo padre fue asesinado por ETA en 1985 en Pamplona, Víctor Manuel López, herido en un atentado perpetrado en Leiza (Navarra)
en 2002, y Ángela Rodríguez, cuyo progenitor fue asesinado en 1984 en Oiartzun (Guipúzcoa).
También han abordado lo ocurrido en la justicia y en la sociedad, entre otros, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, y Monika Hernando, directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
