La cuarta ola de la pandemia es una realidad en el País Vasco. La comunidad presenta una situación epidemiológica con peores datos que los del resto de España. Todas las previsiones apuntan a que el 9 de mayo, cuando se acabará el estado de alarma, Euskadi tendrá que mantener fuertes restricciones para hacer frente al coronavirus. De hecho, en el Gobierno vasco dan por hecho que habrá que caminar por esa senda.
Desde el pasado 11 de marzo los contagios no paran de crecer en el País Vasco. Aumenta la tasa de incidencia de toda la comunidad, con especial virulencia en las tres grandes ciudades (Bilbao, Vitoria y San Sebastián). También crece el número de pacientes hospitalizados por covid-19. Y, en consecuencia, cada vez hay más municipios cerrados perimetralmente. Una cuarta ola que no se detiene.
Las perspectivas para las próximas semanas no son halagüeñas. Entre otras cosas porque el incesante aumento de los casos de coronavirus todavía no recoge el impacto de la Semana Santa y, por ende, tampoco las posibles consecuencias de las aglomeraciones y reuniones sociales que se produjeron el pasado día 3 de abril con motivo de la celebración de la final de Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao.
El Gobierno vasco considera que la curva puede "tocar techo" en una semana o incluso empeorar
El secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco y coordinador del LABI técnico (organismo que gestiona el combate contra la pandemia), Jonan Fernández, admitía en una entrevista radiofónica que las previsiones son negativas. "Puede suceder que la curva toque techo en los próximos 5 o 7 días, o que se alargue. Esperamos que en los próximos días toque techo, pero hay que analizarlo, porque ya hemos visto que las previsiones son complicadas".
Instrumentos legales
Está claro, vistos los datos de la pandemia, que el 9 de mayo, fecha del final del estado de alarma, el Gobierno vasco tendrá que seguir aplicando restricciones. Para ello, el Ejecutivo que preside el lehendakari, Íñigo Urkullu, dispone de un instrumento legal básico: la Ley de gestión de emergencias del País Vasco, que da potestad incluso para decretar confinamientos. De hecho, Urkullu usó este mecanismo el 13 de marzo de 2020, aunque después la decisión quedó ensombrecida precisamente por la declaración del estado de alarma del Gobierno central.
Como en aquel entonces informó Vozpópuli, el artículo 8 de dicha ley permite el "confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros" o la "evacuación o alejamiento de las personas de los lugares de peligro". Asimismo faculta al Gobierno vasco para tomar otras tres medidas de impacto como "restricción de acceso a zonas de peligro o a zonas de operación"; "limitación o condicionamiento del uso de servicios públicos y privados o el consumo de bienes"; y "limitación o prohibición de actividades en lugares determinados y obligación de adoptar precauciones, prevenciones o comportamientos concretos".
En el País Vasco parece que, salvo que los tribunales digan lo contrario, el Gobierno vasco va a contar con un paraguas legal sólido para restringir la movilidad, adelantar los toques de queda o cerrar la hostelería aunque no haya estado de alarma
No obstante, en el Ejecutivo de PNV y PSE todavía escuecen varios varapalos judiciales sufridos precisamente porque los jueces del TSJ de Euskadi entendieron que no se podían tomar determinadas restricciones. Y, por ello, hace varias semanas que ambos partidos pusieron en marcha una suerte de ley vasca antipandemias que faculte al Ejecutivo a implementar restricciones de casi cualquier tipo. El objetivo es blindar las actuaciones que decidan el lehendakari y sus consejeros. Dicha ley se va a tramitar por la vía de urgencia. Según El Correo, la Cámara de Vitoria podría aprobarla en el mes de junio.
Mientras en otras comunidades autónomas los juristas discuten sobre cómo podrán articularse restricciones, en el País Vasco parece obvio que, salvo que los tribunales digan lo contrario, el Gobierno vasco va a contar con un paraguas legal para restringir la movilidad, adelantar los toques de queda o cerrar la hostelería aunque no haya un estado de alarma vigente. Así que en este caso sí puede decirse que la ya célebre excepcionalidad vasca va a funcionar. Cuestión distinta es que eso sea justo o injusto para el resto de autonomías de España, claro.
