“Me acabé decantando por el medio penitenciario. Eso lo tenía clarísimo. Yo acabé la carrera, me apunté a las oposiciones y aprobé. Y siempre cuento como anécdota que, cuando aprobé la oposición, o iba feliz por la vida por la calle, que fuimos a ver las notas ahí a Secretaría General, y llegué a casa diciéndole a mi familia que había aprobado la oposición, ¿no? Yo toda contenta, que ‘he aprobado la oposición’. Y arrancó la respuesta de mi padre: ‘Nos has desgraciado la vida’. Esa fue la respuesta de mi padre, cuando yo llegué toda contenta. ¿Por qué? Porque cuando ya tenía la oposición en el año 93 ya habían matado a dos funcionarios en el barrio de Martutene”.
Carmen (nombre ficticio) arranca con esta reflexión sus vivencias en torno a su carrera profesional como funcionaria de prisiones y las presiones de ETA, que dirigió su ofensiva terrorista contra este colectivo. El secuestro de José Antonio Ortega Lara fue quizá el exponente más visible; siete trabajadores de centros penitenciarios -o familiares directos- fueron asesinados. Sus nombres: Alfredo Jorge Suar Muro, Conrada Muñoz Herrera, Ángel Jesús Mota Iglesias, Manuel Pérez Ortega, José Ramón Domínguez Burillo, Francisco Javier Gómez Elósegui, Máximo Casado Carrera.
El Informe sobre la injusticia padecida por el funcionariado de centros penitenciarios como consecuencia de la amenaza de ETA, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe Universidad de Deusto -a petición de la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno vasco-, recoge datos y testimonios inéditos hasta la fecha. El de Carmen es uno de ellos. Su nombre ha sido ficcionado por este diario y en el informe aparece bajo el identificador E1, de entre las 12 entrevistas realizadas por los autores de la investigación.
La presión de ETA
“[A raíz del asesinato de Francisco Javier Gómez Elosegui] ya entramos en pánico -desvela Carmen en su entrevista-. ¿Quiénes entramos en pánico? Sobre todo, los que somos de aquí, los que vivíamos aquí. Aquí en Martutene hay como dos colectivos, los que somos de aquí de Donostia y que vivimos en nuestras casas, y un colectivo bastante amplio, la gran mayoría de la plantilla, que mientras trabajan están aquí, viviendo en los pabellones, pero el resto del tiempo están en su lugar de origen, que casi todos aquí son asturianos, de Castilla y León… Es decir, están en sus casas”.
La ofensiva de ETA contra funcionarios de prisiones tuvo una incidencia directa en todo el colectivo. Tras las desarticulaciones de comandos terroristas era habitual encontrar nombres de estos trabajadores en la lista de objetivos prioritarios. En algunos casos, con detalles específicos sobre su vida privada, con direcciones o rutinas habituales. ¿Cómo recopilaba ETA estos datos? El caso de Carmen y sus compañeros apunta a la filtración del trabajador de una sucursal bancaria.
“Metieron aquí [en el centro penitenciario] un preso de ETA que tenía mis datos. Yo cuando lo vi dentro, dije: ‘No me lo puedo creer’. Es que, en aquella época, cuando detuvieron un comando de unos tíos, salió (información) del administrador, de un educador que está aquí… salió gente. Luego nos enteramos de dónde se había producido la filtración. A través de la nómina. Cuando se ingresaba la nómina en su día, fue coincidente, todos los que salimos en ese listado cobramos la nómina en el mismo Banco y figuraba el centro de trabajo”.
Una situación de estrés que tenía consecuencias directas en la salud de los señalados, aunque estos zarpazos del terrorismo eran silenciosos. “Me dieron plaza en esa prisión. Y yo iba… bueno estaba embarazada y perdí al niño. Tuve un aborto. Mi ginecóloga estaba convencida que fue por circunstancias de estrés. (…). Mi marido tuvo que coger una excedencia. Teníamos la cría. Entonces mi marido dijo: ‘No, pues yo me cojo una excedencia’”.
La presión de ETA contra funcionarios de prisiones propició que muchos de ellos solicitaran el traslado a destinos lejos del País Vasco, donde la sensación de asfixia era mucho más notable. Un informe reciente del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo cifró en 180.000 el número de cascos que abandonaron la región por la persecución política. No existen cifras de funcionarios -como los de prisiones- que pidieron un nuevo destino.
Cambios de rutinas
“Te sientes como secuestrado, y luego el tener que irte -prosigue Carmen en el relato recogido en el informe-. Sentimiento de injusticia e indignación, de rabia y culpa, porque ves que la cría está mal, mi marido está mal, los abuelos están hechos polvo, mintiendo. O sea, ¿por qué te vas? Pues nos vamos porque mejor cambiar de aire. Cómo se lo voy a decir a mis padres. El único que lo sabía en aquella época era mi hermano, que sabía el motivo por el cual nos íbamos, y los hermanos de mi marido. Pero a sus padres y a los míos no les dijimos que nos íbamos por eso”.
Carmen, funcionaria de prisiones, recuerda cómo miraba debajo del coche todas las mañanas para ver si le habían colocado una bomba. También desestimar cualquier tipo de rutina, como ir al gimnasio o llevar a los niños al colegio, para minimizar las opciones de un atentado. “Claro, todo el peso recayó en mi marido. Que sí que ha sido muy comprensivo en este mundo…”.
Por sus reflexiones se deduce que Carmen aún trabaja en prisiones vascas. Un escenario que comparte con algunos presos de ETA que aún cumplen condena y que le comparan la ‘huida’ de los funcionarios de prisiones en el País Vasco con la dispersión de los terroristas en centros penitenciarios de toda España, que ha quedado extinguida en los últimos años.
Los autores del informe concluyen que el funcionariado de prisiones soportó la amenaza y la violencia de ETA, y sufrió la vulneración de determinados derechos fundamentales “de manera ilegítima, arbitraria e injusta”, sin que las víctimas de tales violaciones tuvieran capacidad para defenderse o para revertir esa situación.
