Importante cambio de estatus jurídico en la Familia Real. El Consejo de Ministros ha decidido dar luz verde al aforamiento de la Reina y de los Príncipes de Asturias, luego de estudiar la propuesta emanada por la Fiscalía General del Estado, que trabajaba en este asunto desde hace más de un año. Quedan fuera de esta protección jurídica las dos Infantas, Elena y Cristina, esta última con asuntos pendientes en la Justicia dada su imputaciónen el 'caso Aizóon', la empresa familiar que compartía con su esposo, Iñaki Urdangarín, también sometido a imputación. La iniciativa se incluye dentro de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón señaló, al concluir la reunión del Gabinete, que "el aforamiento no es un privilegio, sino un instrumento para personas que deben ser objeto de tutela especial". Añadió que hasta ahora este aspecto era "una disfunsión que carecía de sentido".
Tal y como avanzó Vozpópuli en abril del pasado año, el Gobierno decidió imprimir un acelerón al aforamiento de la figura de la Reina y de los Príncipes para que dejaran de ser tratados como 'ciudadanos normales' a efectos jurídicos y penales. El Consejo de Ministros ha decidido hoy dar este importantepaso, que, por un lado, sitúa las figuras del Heredero, su esposa y la Reina al mismo nivel que gran parte de nuestra clase política, incluídos diputados, senadores y responsables autonómicos.
La vicepresidenta del Gobierno señaló en su momento que el Ejecutivo "está abierto a escuchar" cualquier tipo de iniciatia en este sentido para modificar el actual marco legal. "El fiscal tiene un papel muy importantee la redacción de las leyes que están sometidas a su informe", asguró Soraya Sáenz de Santamaría.
Vacío legal
Fuentes de la Moncloa señalaron entonces a este diario que el Gobierno no tiene ni nervios ni prisas con relación a este asunto, pero sí que se mostaría sensible a las sugerencias de la Fiscalía. Torres-Dulce había declarado al diario 'La Razón' que "no sé si es el momento de suscitar este asunto, pero un juez, un fiscal o un polícía tienen un fuero especial y resulta incomprensible que los Príncipes de Asturias no lo tengan. No me parece equilibrado".
Mencionó a los Príncipes, en plural, y no tan sólo a Don Felipe, quien, en principio iba a ser el único miembro que recibiría la condición de aforado. La ausencia de una ley orgánica que regule todos los aspectos referidos al sucesor de la Corona, tal y como recomienda la propia Constitución, ha dado lugar a este vacío jurídico que ahora finalmente se ha enmendado.
Desde el Gobierno se mencionaba entonces que si un diputado autonómico está protegido por esta figura, y en caso de incurrir en alguna irregularidad de índole penal sería el Supremo y no los tribunales ordinarios quien se encargaría del caso, mayor motivo debería haber para deducir que al menos la figura del Heredero debe gozar de esta condición.
Diversos colectivos del mundo judicial se han manifestado insistentemente en favor de esta iniciativa, y han considerado que debería darse este paso cuanto antes dado que por su rango constitucional y por su nivel de representación instiucional, la figura de los Príncipes deberían ser investigados y juzgados por el tribunal de más alta cualificación judicial.
La ampliación de la condición de aforado también cuenta con el respaldo de las principales formaciones políticas con representación en el Congreso, con las excepciones previsibles. La medida ahora aprobada ataja una irregularidad que muy pocos entienden o justifican.
Otra cosa es ampliar al Príncipe la condición de inmunidad, o su irresponsabilidad penal y civil, de la que goza actualmente el Rey, "incuestionable y no sujeta a responsabilidad" tal y como recoge la Constitución, este asunto ni siquiera se ha tratado en el Gobierno, según las mencionadas fuentes, ya que obligaría a una reforma de la Constitución
