El Palau de la Música ha pedido 81 años de prisión para su expresidente Fèlix Millet, para su exmano derecha Jordi Montull y para su hija Gemma Montull, respectivamente, por el "expolio" de la institución musical cifrado en más de 30,5 millones de euros, pero evita inculpar a CDC en la trama.
Así consta en el escrito de acusación particular que ha presentado este jueves la Associació Orfeó Català y la Fundació Orfeó Català Palau de Música después de que el titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, cerrase antes del verano la investigación del caso, pendiente de juicio.
El Palau evita inculpar a CDC porque no ve "suficientemente probado" que el destino del dinero fuera el partido, pese a que el juez concluyó que el partido cobró presuntamente 5,1 millones de euros de la constructora Ferrovial a cambio de obra pública camufladas como donaciones a esta empresa para patrocinar a la institución musical.
En rueda de prensa en el Palau, su presidenta, Mariona Carulla; el portavoz de la junta, Carles Cuatrecasas, y el abogado Javier Zuloaga han asegurado, sin mentar a CDC, que se reservan el derecho de emprender todas acciones pertinentes "contra cualquier persona física o jurídica que durante el juicio se pruebe que tiene responsabilidades en el expolio".
Sin embargo, el Palau ha evitado acusar a nadie de CDC pese a que el juez mantiene imputado al extesorero del partido Daniel Osàcar, a pesar de que la sede del partido está embargada por este caso y pese a que Pijuan sustenta la presunta vinculación de la formación política en base sobre a anotaciones de las agendas de los responsables de la institución y registros en los ordenadores.
En las agendas de Millet y Gemma Montull se hallaron apuntes de reuniones periódicas entre Millet, el exdiputado de CDC Jaume Camps, el extesorero del partido ya fallecido Carles Torrent, y Pedro Buenaventura por parte de Ferrovial.
"Pruebas fehacientes"
Por otra parte, el Palau inculpa a Millet y Montull por "pruebas fehacientes" como retiradas de dinero en efectivo, obras en domicilios particulares, pagos de viajes, bodas, facturas falsas y desvío de fondos por servicios no prestados y estafa.
Además de la acusación del expresidente y de su exdirector administrativo, el Palau acusa a 14 personas más; entre ellas, las respectivas esposas, Marta Vallès y Mercedes Mir -exculpadas por el juez-; la hija de Montull, Gema Montull, y otros extrabajadores de la institución y administradores de las empresas vinculadas con el caso.
Concretamente, para Gemma Montull pide también 81 años de cárcel, y para el resto de los acusados penas de entre 15 y un año de prisión.
La cifra del expolio calculada por el Palau es superior a los 26 millones de euros que consideró el juez en el auto con el que cerró la instrucción, y en el que calificó de "verdadero expolio" el saqueo que Millet protagonizó entre 2003 y 2009 aprovechándose de su poder absoluto y de la dejación de funciones de los órganos que tenían que controlarlo.
