Un bufete de prestigio para salir del atolladero. El PP cuenta desde la semana pasada con el asesoramiento del despacho de abogados Baker & McKenzie para hacer frente al mayor problema judicial de su historia: la investigación que sobre su supuesta caja B dirige el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. De hecho, el director de su departamento de derecho penal, Jesús Santos Alonso, que hasta hace trece meses era fiscal de la Audiencia Nacional, estuvo presente en el registro 'de facto' de la sede Génova 13 que por orden del magistrado realizaron en la noche del jueves al viernes un secretario judicial y seis agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Así consta en el acta del mismo, en la que se detalla que dicho letrado se presentó a las "21.40", hora y cuarenta minutos después de haberse iniciado, "en representación del Partido Popular". Fuentes de la formación han confirmado que se llamó a este abogado de manera urgente aquella noche para que prestara "su apoyo dada la situación que estábamos viviendo", en referencia a la actuación con la que les sorprendió el juez Ruz.
El socio del despacho y exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos se personó en Génova 13 sólo una hora y cuarenta minutos después de iniciarse el registro
Según refleja el acta levantada aquella noche por la comisión enviada por el magistrado, la misma fue recibida a las ocho de la noche por el abogado Alberto Durán Ruiz de Huidobro, "jefe de los servicios jurídicos" del PP. Fue a él a quien el secretario del Juzgado de Ruz le entregó el mandamiento en el que se le requería que facilitara toda la documentación que la formación guardase sobre las obras de reforma del edificio con la advertencia de que en caso de no hacerlo, se procedería al registro de las instalaciones. Fue también él quien anunció que el partido colaboraría "tal y como se ha venido haciendo hasta el día de la fecha", según sus palabras recogidas textualmente en el documento judicial. Lo siguiente que anotó el funcionario judicial fue, precisamente, la llegada del "letrado don Jesús Santos Alonso", quien estuvo, por tanto, presente en la recogida de más de 5.000 folios de documentación en papel relacionados con las obras bajo sospecha y en el 'volcado' de abundante material informático que se prolongó hasta las 10.10 de la mañana del viernes. El acta habla en varias ocasiones de "los representantes del Partido Popular", en plural, en referencia a Durán y Santos.
El socio del bufete en el que ha empezado a confiar en PP es un 'viejo conocido' de la Audiencia Nacional, donde estuvo destinado de fiscal durante más de 23 años como experto en política penal antiterrorista. Por sus manos pasaron casos de la relevancia del asesinato de los miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, e incluso ocupó en funciones el puesto de jefe de la Fiscalía de este órgano judicial. También fue magistrado de enlace con Italia, puesto del que fue cesado en septiembre de 2011 por el entonces gobierno socialista. Su salida de la Audiencia Nacional se produjo a finales de noviembre de 2012, poco antes de que saltara precisamente todo el escándalo de los 'papeles de Bárcenas'. Desde entonces, no se le conocía ninguna participación en casos de resonancia mediática.
El bufete de Pizarro y Pimentel
Fuentes de la formación reconocían ayer a este diario que la presencia de Santos fue requerida por el propio PP, aunque declinaron adelantar si seguirán contando con su asesoramiento en futuras diligencias judiciales del 'caso Bárcenas', un sumario en el que el partido ha intentado estar personado como acusación pero cuya pretensión ha sido rechazada de plano por el juez Ruz. Desde el despacho Baker & McKenzie se limitaron a confirmar que Jesús Santos es socio del mismo y director del departamento de penal, pero evitaron comentar si existe una relación contractual con una formación política con la que el bufete tiene estrechos lazos. De hecho, entre sus socios se encuentra Manuel Pizarro, exdiputado y antiguo responsable de economía del PP. Además, Manuel Pimental, exministro de Trabajo en el Gobierno de José María Aznar, también colabora como consultor en el área de laboral.
La decisión de reclamar el "apoyo" del prestigioso bufete se produce después de varios 'patinazos' del equipo jurídico en el que se ha apoyado hasta ahora la formación para hacer frente al 'tsunami' que ha supuesto el escándalo entorno a su extesorero. Así, al frustrado intento de estar personado en la causa como perjudicado, se ha sumado en las últimas semanas el rechazo por parte de un juez de Toledo de la demanda que la secretaría general, María Dolores de Cospedal, había puesto contra Luis Bárcenas por acusarla de cobrar dinero B. El partido aún está pendiente de la sentencia sobre otra querella similar presentada por varios dirigentes de la formación y que, en esta ocasión, se dirime en los juzgados de Madrid, donde se celebró la vista el pasado 28 de noviembre.
El 'error' de las 17 facturas
Además, dentro del partido también se cataloga como un error muy grave el escrito que la formación envió a comienzos de diciembre a la Fiscalía Anticorrupción para hacer frente a uno de los últimos informes de la UDEF en el que se incidía en la supuesta existencia de pagos en negro en Génova. Aquel escrito del PP, firmado por el jefe de la asesoría jurídica del partido, Alberto Durán, incluía 17 documentos contables sobre las polémicas obras de reforma, de los cuales una docena no habían sido remitidos en su día al juez Ruz pese a que éste había reclamando que se le enviase toda la información que el partido atesorase sobre la misma. Este hecho provocó un enorme enfado en el magistrado que precedió al registro de la semana pasada
En los últimos meses, cuando el PP había necesitado asistencia jurídica, había utilizado los servicios del abogado Alexis Godoy, que fue quien defendió en los juzgados de Madrid la última demanda contra Bárcenas. Godoy también fue el letrado que ejerció la acusación particular en el 'caso del bar Faisán' en nombre del PP y quien lo representaba en el 'caso Gürtel' cuando fue expulsado como parte del mismo al considerar la Justicia que el partido no estaba actuando en el proceso como una auténtica parte acusadora sino como defensora. También fue él quien encabezó el intentó fallido de Génova 13 de presentarse en el sumario de los 'papeles de Bárcenas'. Ayer, fuentes del PP reconocieron que Godoy es el letrado contratado por la formación para representarle en las contingencias penales, aunque no supieron excplicar por qué la noche del registro 'de facto' no estuvo él presente y sí el socio del bufete Baker & McKenzei.
Con la participación de Jesús Santos en esta diligencia ya son, al menos, cuatro los exmiembros de la Audiencia Nacional que han intervenido en el sumario. Así, el propio Bárcenas cuenta con el asesoramiento legal del exjuez Javier Gómez de Liano, y su mujer, María Dolores Márquez de Prado, que fue fiscal de esta misma instancia judicial. Recientemente se ha incorporado otro antiguo integrantes del Ministerio Público, Ignacio Gordillo, quien ha asumido la defensa del exgerente del PP Cristóbal Páez, el último imputado en la investigación de los 'papeles de Bárcenas'.
