Los eurodiputados del PP llevan semanas de febril actividad intentando buscar las fórmulas para parar los pies al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Bien es cierto que la carta de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, recordando que la secesión les deja fuera de Europa es un torpedo en la línea de flotación del entusiasmo independentista, pero, en todo caso, los populares se dedican a "contar aliados y buscar las pruebas" por si el proceso, tal y como afirma Mas pretende convertirse en irreversible.
Primero, los aliados. Además de los partidos hermanos que se integran en el Grupo Parlamentario del PPE --especialmente los alemanes de la CDU y los franceses de la UMP-- en el PP ceen haber cosechado el apoyo de los socialistas, que es el segundo Grupo más numeroso de la Eurocámara. Los conservadores británicos, también entran en el club de aliados, a decir de fuentes del PP en Europa, a pesar del referéndum escocés en ciernes, mientras que los liberales aparecen divididos sobre la cuestión catalana. En el campo de los adversarios están las minorías húngaras, rumanas y escocesas "para las que esto de la secesión está muy bien", pero que en el conjunto del Parlamento de Estrasburgo pintan bastante poco.
La búsqueda de aliados se está realizando de forma oficiosa. Oficialmente lo único que hay, además de la carta de Reding en respuesta al secretario de Estado de Exteriores, Íñigo Méndez Vigo, es otra misiva de 2004, de la que habló Soraya Sáenz de Santamaría el pasado viernes. En la misma se dejaba claro que "una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación a la Unión y, desde el día de su independencia, los tratados ya no serán de aplicación en su territorio", que fue la respuesta que el colegio de comisarios dio a una consulta que sobre Argelia hizo una eurodiputada socialista galesa.
Oficialmente, España no ha pedido, de momento, ningún pronunciamiento a la Comisión Europea, de hecho, ha querido darle un perfil bajo y en el Gobierno y en el PP hay quien se queja de que los nacionalistas catalanes están ganando la partida mediática "porque se mueven bien por el mundo, son buenos, hasta fueron a la covnención de Obama ". Las únicas "campañas" que el Ejecutivo ha llevado a Europa han sido sobre ETA y el Prestige, que supuso el cambio de la legislación del transporte marítimo.
España espera no tener que pedir ningún pronunciamiento público a Europa, aunque oficiosamente el PP ha puesto a sus eurodiputados a trabajar para impedir el órdago de Mas
Una vez que Gobierno y PP creen que no hay dudas sobre la salida de Cataluña de la UE en caso de declaración unilateral de independencia, se recuerda que en caso de querer incorporarse como un nuevo Estado, dicha solicitud esta sujeta a ratificación por parte de todos los estados que forman parte de la UE, entre ellos, España. "Si se va, se tiene que poner a la cola. Es lo que establece el derecho europeo. Perdería la condición de socio comunitario", afirman fuentes europeas populares. El derecho internacional y el Tratado Europeo, agregan los mismos medios consultados, no dejan lugar a dudas sobre el destino de Cataluña en caso de una declaración unilateral de ruptura.
Y van más allá. Dejar de ser socio comunitario supondría para Cataluña "la pérdida de fondos europeos" en general, así como de proyectos concretos, como lo es la agencia gestora y el centro de cálculo del proyecto científico europeo ITER, que se encuentra radicado en Barcelona y que, al tratarse de un premio de consolación a España tras llevarse Francia el proyecto de fusión nuclear, saldría de Cataluña, país de nuevo cuño que dejaría de ser comunitario. Con él se esfumaría buena parte el sueño catalán de convertirse en referente de I+D+i habida cuenta de que este centro reúne a algunos de los mejores científicos europeos.
Pero es que, además, Cataluña debería buscar acomodo en otras organizaciones internacionales como la OCDE o la OIT. En definitiva, arrancar de cero en muchos frentes internacionales y económicos, justo en un momento de fuerte crisis y sin el colchón de la Administración General del Estado de la que va a recibir 5.500 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), con el que ha podido hacer frente al pago de sus funcionarios y las farmacias, que llegaron a declararse en huelga.
