Una de las iniciativas más polémicas que pretende lanzar el Gobierno a la vuelta de las vacaciones es la reforma de la ley electoral -también la de bases de régimen local- para otorgar mayoría absoluta a lista municipal que obtenga el 40% de los votos. Con esta medida, los pactos postelectorales entre las demás fuerzas dejarán de surtir efecto. La decisión del Ejecutivo popular de abrir este melón a escasos meses para la celebración de las elecciones municipales de 2015 ha sido interpretada por la oposición como una forma de poner freno a la caída del bipartidismo y de contrarrestar la irrupción de Podemos. El partido de Pablo Iglesias tendría la llave de muchos ayuntamientos si mantiene el tirón actual: las encuestas le sitúan ya como tercera política y ganando terreno al PSOE.
Tanto en el Gobierno como en Génova trabajan con la posibilidad de tener lista la reforma antes de los próximos comicios locales, previstos para la primavera de 2015. De hecho, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, abordó esta cuestión con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en su primera reunión en Moncloa como secretario general de los socialistas. Aunque no descartan la aprobación en solitario, los populares quieren buscar el consenso del mayor número de fuerzas políticas, y especialmente el apoyo el PSOE, que ya planteó introducir cambios en este sentido hace unos años. Si bien tanto a Moncloa como a la dirección del PP les será difícil llegar a un acuerdo con los socialistas, que de momento se oponen claramenten a lo del 40%, a nivel interno, sus propios candidatos y alcaldes tampoco se lo pondrán fácil.
En el seno del PP empiezan a surgir voces críticas con esta aventura. Fuentes populares consultadas por Vozpópuli consideran que entrar ahora en este debate, en los pocos meses que faltan para la cita con las urnas, puede "acelerar y fomentar la unión de fuerzas de izquierda". Así lo explica un destacado alcalde popular a este diario: "Esta receta trae contraindicaciones y una de ellas es que puede levantar los ánimos contra el PP en bloque". "Y luego cuando se quiera dar marcha atrás quizás ya sea demasiado tarde", añade el regidor.
"Una reforma de este calado es más propia de una segunda legislatura", recalcan los cargos del PP más reticentes
Este grupo reticente de alcaldes y candidatos -muchos de ellos ya han sido elegido para encabezar la lista local- se inclina, frente a la opinión de los gurús del PP, por "dejar las cosas como están" y no caer en la precipitación. "Una reforma de este calado es más propia de una segunda legislatura", recalcan. A su juicio, si no se alteran los esquemas y no se propicia la confluencia de fuerzas de izquierda, estas formaciones "estarán a la gresca sobre posibles alianzas entre ellas". Algo, apuntan, que ya se vio en la antesala de las elecciones europeas del 25-M, "cuando IU y Podemos decidieron ir cada cual por su lado, no sin reproches mutuos posteriores".
Un "golpe de Estado franquista"
Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha admitido que esta reforma electoral alteraría la estrategia de todos los partidos de aquí a mayo del próximo año. El dirigente comunista ha señalado que este escenario conlleva "la posibilidad de que se puedan producir ya no sólo alianzas o convergencias post-electorales sino que se tengan que producir preelectorales". No obstante, el dirigente comunista, en declaraciones a Ep, ha evitado adelantar acontecimientos porque espera que el PP no lleve a cabo sus planes y dé marcha atrás al proyecto, reconociendo que "el candidato de la lista más votada no quiere decir que sea el más querido".
Más allá fue su compañero de partido el pasado lunes, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, quien aseguró que la elección directa de alcaldes que baraja el Gobierno del PP es "un golpe de Estado franquista". En este contexto, avanzó que su formación "incendiará las calles de movilizaciones" si la norma sale adelante.
Desde Podemos, a falta aún de perfilar una estrategia de respuesta, su líder y eurodiputado, Pablo Iglesias, ha criticado que de esta manera el Ejecutivo de Rajoy "trata de delimitar lo que los ciudadanos piensan cuando votan". "No está bien cambiar la ley electoral cuando uno ve que va a perder", ha remarcado.
