El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha pedido a la Audiencia Nacional que le remita la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, en la que constan pagos de 300.000 y 400.000 euros de Javier López Madrid al exgerente regional de los 'populares' Beltrán Gutiérrez.
En la providencia dictada por Castro, el juez solicita asimismo cuanta información guarde relación con las obras llevadas a cabo, en concreto, en la primera planta de la sede del partido, que se encuentran en el punto de mira del instructor ante la posibilidad de que pudieran haber sido financiadas de forma irregular -sin coste alguno para el partido- por parte de OHL a cambio de resultar beneficiaria de la adjudicación de Son Espases.
Castro se compromete en su providencia, en caso de que estas investigaciones se encuentren bajo secreto, a abrir una pieza separada sobre estos hechos sobre la que igualmente será decretado el sigilo judicial a fin de no interferir en ellas.
Castro ha pedido que le remitan la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados
En la misma resolución, el juez solicita a la Presidencia del PP que le informe de los trabajos de reforma llevados a cabo en la primera planta de la sede, y que le aporte estos datos junto al proyecto arquitectónico, el presupuesto, la licencia de obras, la empresa encargada de los mismos y las facturas que al respecto obren en su poder.
Caso 'Son Espases'
Castro continúa de esta forma buscando esclarecer si las obras llevadas a cabo en Génova fueron sufragadas de forma ilegal a partir de su vinculación con Son Espases. De hecho, el instructor ya requirió al PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010 para profundizar sobre ello.
A finales del pasado año, el juez incorporó también al caso el auto con el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica, al considerar que la formación 'popular' se habría nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar, entre otros, gastos generados en campañas electorales, retribuciones y complementos de sueldo.
Es más, la resolución apuntaba a que el dinero opaco se empleó en el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del PP como la realización de las obras de su sede central, en la que se abonaron 1,5 millones de euros en negro.
