Santiago Fernández Muñoz, el hombre designado por Pedro Sánchez como jefe de la nueva Unidad de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que vigilará y fiscalizará desde La Moncloa el reparto de los fondos europeos, fue señalado hace un año por el Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), donde se desempeñó como concejal de Urbanismo y Medio Ambiente entre 2011 y 2019, por ordenar, sin seguir los procesos administrativos de fiscalización necesarios, la devolución de un aval de poco más de 100.000 euros a una empresa que, según dos sentencias judiciales, había incumplido la ejecución de una obra para la que fue contratada.
Por 17 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra, el pleno del Ayuntamiento de Torrelodones aprobó en julio de 2020 una declaración de lesividad contra una resolución aprobada el 19 de marzo de 2019 por la concejalía de Urbanismo, encabezada entonces por Santiago Fernández Muñoz, que ordenaba la devolución de la mencionada fianza de 100.142,67 euros a la empresa Destajos, S.A.
Según un informe firmado por el secretario Ayuntamiento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el actual jefe de la Unidad de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Moncloa tomó la decisión de ordenar la devolución del aval sin "la fiscalización preceptiva del Interventor Municipal" y sin cumplir por tanto los trámites administrativos necesarios.
Todo ello a solo dos meses de terminar la legislatura y, además, a pesar de que una sentencia de 2010 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº9 de Madrid y otra de 2012 de la Sección 2ª de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia daban la razón al Ayuntamiento de Torrelodones y avalaban no devolver la fianza a Destajos, S.A. debido a que la constructora no había cumplido con la ejecución de un contrato suscrito años atrás para la construcción de un muro de contención en una manzana del barrio de Los Bomberos de esa localidad.
"La falta de la fiscalización preceptiva del Interventor Municipal consiste en un quebrantamiento de la normativa aplicable, que conlleva la posibilidad de anular el acto administrativo, ya que esta omisión afecta de manera directa a la finalidad del acto", señalaba el informe presentado ante el pleno del Ayuntamiento por el actual gobierno municipal, encabezado por el mismo partido con el que Santiago Fernández completó dos legislaturas completas como concejal, Vecinos por Torrelodones.
"Un escándalo mayúsculo", según el PSOE...
Durante el pleno en el que se adoptó la declaración de lesividad contra la decisión de Fernández Muñoz de devolver la fianza a Destajos S.A, la oposición arremetió con dureza contra la orden del ahora jefe de la subdirección general de Moncloa que se encargará de vigilar, fiscalizar e informar directamente a Sánchez del reparto de los 140.000 millones de fondos europeos, de los cuales 72.000 millones son ayudas no reembolsables.
Desde el PSOE se tachó como "un escándalo mayúsculo" y el PP lo consideró "la historia de un despropósito", mientras el gobierno municipal de Vecinos por Torrelodones lo atribuyó a "un error administrativo y comunicativo". Desde el año 2014, tras las dos sentencias favorables al consistorio, el Ayuntamiento había ejecutado el aval y esos poco más de 100.000 euros habían pasado a engrosar desde entonces las cuentas municipales. Nadie en la oposición alcanzaba a entender por qué cinco años después se reabría esa puerta.
“Si es lo que parece, es terrible. No es posible explicar que el mismo señor que ejecutó el aval en 2014 decida cinco años después la devolución de esa garantía”, indicó Rodolfo del Olmo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrelodones. En respuesta a las preguntas de la oposición, aquel 24 de julio del año pasado, el Gobierno municipal descartó tomar ninguna acción contra Santiago Fernández.
... Y un "error administrativo", según el Ayuntamiento
Durante el pleno en el que se aprobó la declaración de lesividad, acto con el que el Ayuntamiento buscaba así declarar la nulidad de la devolución del aval por ser considerada perjudicial para los intereses del municipio, el actual concejal de Vivienda y Medioambiente de Torrelodones, David Moreno Fernández (Vecinos por Torrelodones), atribuyó a un "error administrativo y comunicativo" la decisión de devolver la fianza a Destajos S.A e informó a la oposición que el actual Gobierno municipal, elegido tras las elecciones municipales de mayo de 2019, nunca llegó a ejecutar la devolución del aval a la empresa.
"No se ha producido ningún pago. De hecho traemos esta declaración de lesividad para evitar que se ejecute la devolución del aval", indicó Moreno. "Creo que se trata de un error. No creo que tengamos que buscar cosas donde no las hay", añadió.
Un año después de aquella declaración de lesividad, desde el gobierno municipal confirman que la disputa judicial con Destajos, S.A. sigue abierta, y mantienen su versión de que la apertura en 2019 de un nuevo expediente sobre un aval que ya había sido cobrado por el Ayuntamiento cinco años antes se debió a un"error" fruto de la "descoordinación" entre la Concejalía de Urbanismo y el otras dependencias municipales.
"El aval sigue sin devolverse, por lo tanto no ha existido ninguna pérdida patrimonial para el Ayuntamiento y tampoco creemos que la vaya a haber en el futuro. Hubo una descoordinación entre Urbanismo y otras dependencias. Esa ha sido la causa del error", afirma Marina Vicen, concejal de Cultura y Comunicación, en declaraciones a Vozpópuli.
"El entonces concejal ha sido el más afectado por esta situación. No tenemos ninguna duda o ninguna sospecha de que tuviera ningún interés personal para ordenar la devolución del aval", añade Vicen, concejal por el mismo partido al que pertenecía Fernández Muñoz, Vecinos por Torrelodones.
El informe técnico al que se agarró Santiago Fernández
En la resolución Nº368/2019, del 19 de marzo de 2019, Santiago Fernández Muñoz defendió la decisión de devolver la fianza de poco más de 100.000 euros a la constructora basándose en un informe técnico que había sido encargado por su propia Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente.
El documento, al que ha tenido acceso este diario, reconoce que las obras para construcción del muro de contención del "talud colindante a la parcela RUM del APD-7” nunca fueron ejecutadas conforme a lo pactado por Destajos S.A., y también que hay dos sentencias que avalaban la no devolución del aval.
Sin embargo, ese informe técnico terminaba apoyando el pago de los 100.142,67 euros a la empresa porque "durante el transcurso de los años se ha producido una compactación natural del terreno y desarrollo de la vegetación" que, unido a diversas intervenciones en el arbolado, iluminación y saneamiento de la zona donde debía construirse el muro de contención "hacen innecesaria la realización de actuaciones distintas con cargo a la fianza depositada".
16 asesores y 850.000€ para supervisar los fondos UE
Como adelantó Vozpópuli, Fernández fue designado el pasado mes de enero por Moncloa para encabezar la recientemente creada Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, organismo que se encargará de vigilar el reparto los fondos de ayuda de la Unión Europea y cuyos 16 integrantes percibirán algo más de 850.000 euros anuales.
Entre sus tareas, según documentos oficiales del Gobierno, la unidad debe proporcionar "proporcionar información continua al presidente del Gobierno, realizar un seguimiento político y estratégico del plan para impulsar que todos los actores trabajen para una absorción eficaz de los fondos europeos y un uso completo de los mismos, en coherencia con las reformas estructurales que sustentan".
Tras sus dos legislaturas como concejal de Urbanismo de Torrelodones, Santiago Fernández Muñoz fichó en junio de 2019 como analista de políticas públicas en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el mismo organismo del que Sánchez fichó al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en 2020.
Geógrafo de profesión y profesor titular de Geografía Humana de la Universidad Carlos III de Madrid, Fernández Muñoz es marido de Elena Biurrun, actual jefa de gabinete del ministro Escrivá y alcaldesa de Torrelodones durante los ocho años en los que el actual 'fiscalizador' de Sánchez para los fondos europeos se desempeñaba como concejal de Urbanismo en ese municipio madrileño (2011-2019).
Ambos forman parte de Vecinos por Torrelodones, un partido transversal que nació en 2007 con el respaldo de personajes públicos como Toni Cantó o Juan Luis Cano y que tenía un encendido discurso contra las puertas giratorias. Vozpópuli ha intentado ponerse en contacto con Fernández Muñoz por varias vías para recabar su versión de los hechos, pero no ha recibido contestación.
