Carpetazo al 'caso Pegasus'. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama acaba de acordar el sobreseimiento de las diligencias abiertas por el espionaje al móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tres de sus ministros por la "absoluta falta de colaboración" de Israel en las pesquisas. Del mismo modo deja en manos del Gobierno la posibilidad de esclarecer los hechos.
Como informó este medio, la causa que nació a raíz de una denuncia de la Abogacía General del Estado, estaba abocada al archivo ante la ausencia total de colaboración de Tel Aviv, desde donde no han respondido ni a la comisión rogatoria girada desde la Audiencia Nacional ni tampoco a los recordatorios librados los últimos meses. Su intervención en la causa era clave dado que se pretendía recabar información de NSO Group, la empresa israelí que comercializa el programa de espionaje Pegasus.
La ausencia de respuesta a todos estos reclamos ha llevado al juez a archivar las diligencias que se abrieron por delito de revelación de secretos y que "ha puesto en jaque la propia seguridad del Estado". "La frustración de la investigación derivada del no cumplimiento de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel impide investigar sobre la atribución de la autoría a persona concreta alguna, abocándonos, de forma indefectible, a acordar el sobreseimiento provisional", incide el magistrado.
Por todo ello cierra la puerta a seguir con la investigación judicial, a menos que Israel responda, y recurre el Gobierno para que abra la vía diplomática como última opción para esclarecer los hechos. Al respecto recuerda el papel protagonista del Ejecutivo en el asunto, teniendo en cuenta que litiga como perjudicado a través de la Abogacía General del Estado.
Espionaje con Pegasus
La Abogacía interpuso denuncia el 2 de mayo tras constatar que los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados. La denuncia, que recaló en el Juzgado Central de Instrucción número 4, se amplió días después incluyendo entre los perjudicados al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a su homólogo en Agricultura, Luis Planas.
La denuncia iba acompañada de dos informes elaborados por el Centro Criptológico Nacional, del CNI, que apuntaba a un espionaje con el software israelí Pegasus. Tras solicitar al Consejo de Ministros la desclasificación de los informes del CNI para proceder a su análisis, el magistrado citó a declarar a los responsables de estos informes y a la entonces directora de La Casa, Paz Esteban, a la cual Moncloa cesó días después de conocerse el espionaje con Pegasus al Gobierno.
Del mismo modo citó también al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a los ministros afectados por el espionaje los cuáles declinaron la propuesta de comparecer en persona y también por videoconferencia (pese al ofrecimiento del juzgado) y comparecieron por carta. Se trata de un privilegio que otorga la Ley (artículo 412 de la LECrim) y que exime de concurrir a la citación del juez (pero no de declarar) a cargos políticos y judiciales como el presidente del Gobierno y los ministros.
En paralelo, apenas días después de abrir causa, se libró comisión rogatoria a Israel para poder recabar declaración de la empresa que comercializa con el programa Pegasus, NSO Group. La Audiencia Nacional quería saber a los países que puede vender el programa, si una vez vendido existe algún tipo de control sobre su uso, o si los compradores deben reportar "de la forma que sea" el uso que se le dé.
"Impotencia investigadora"
Un mes después se amplió la comisión rogatoria y a lo largo de los siguientes meses se fue recordando a Israel que no había respondido al requerimiento. "Al día de la fecha no se ha recibido acuse de recibo ni contestación alguna a las expresadas comisiones rogatorias", lamenta el magistrado en el auto de archivo.
Por ello concluye que, llegados a este punto, y teniendo en cuenta que el CNI determinó hace unos meses que era incapaz de acreditar la autoría del hackeo, la causa se tiene que archivar. "La situación nos sitúa en un punto que el Tribunal Supremo califica de 'impotencia investigadora'. Lo que nos impide descubrir la realidad de todo lo ocurrido en relación con los hechos que motivaron la incoación de las actuaciones y que afectan a la propia seguridad del Estado", concluye el magistrado de la Audiencia Nacional.
