La estructura ministerial que dejó el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero todavía ocasiona gastos a las arcas públicas veinte meses después del traspaso de poderes en la Moncloa. Y lo hace en relación a personal de alta dirección que estaba encuadrado en la misma, cuyo nombramiento había sido propuesto por el ministro de turno o el presidente del Gobierno. Así, actualmente tres altos cargos de aquel Ejecutivo, que cesó el 22 de noviembre de 2012 y celebró su último Consejo de Ministros en funciones el 16 de diciembre, aún ingresan una indemnización por su condición de ex miembros de dicho escalón superior de la Administración General del Estado. Si no renuncian en lo que resta de año, estas personas, cuyas identidades no han transcendido, proseguirán percibiéndola hasta que concluya 2013, momento en que se cumplirán los dos años desde su salida del Ejecutivo y las 24 mensualidades a las que tienen derecho.
Según consta en una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria escrita formulada por el diputado popular Rafael Merino y que acaba de ser tramitada por la Cámara Baja, un total de 54 personas (entre presidente, vicepresidentes, ministros, ex secretarios de Estado y asimilados y ex miembros de otros ámbitos institucionales) han “renunciado o dejado de percibir dichas pensiones” sobre un universo de 57. De esos 54, fueron prácticamente la mayoría (51) quienes declinaron “expresa o tácitamente” a seguir percibiéndola justo tras la entrada en vigor en julio de 2012 de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy que introduce la incompatibilidad de dicha indemnización con el cobro de cualquier otro salario. En cambio, seis altos cargos no manifestaron, en principio, su deseo de dejar de percibir la pensión, aunque algunos de ellos renunciaron con posterioridad, mientras que el resto ha terminado ya de cobrar las correspondientes mensualidades.
González Sinde llegó a alegar que se encontraba en paro y no disponía de otra fuente de ingresos. La ley de incompatibilidades para ex altos cargos le impedía tener contacto con el sector de su anterior profesión como guionista hasta que no transcurran dos años desde el cese
De esta media docena de ex altos cargos reacios a renunciar a la indemnización, la ex titular de Cultura, Ángeles González Sinde, llegó a alegar que se encontraba en paro y no disponía de otra fuente de ingresos. La ley de incompatibilidades para ex altos cargos le impedía tener contacto con el sector de su anterior profesión como guionista hasta que no transcurran dos años desde el cese en las tareas ministeriales.
En cambio, alrededor de una veintena de ex ministros y ex secretarios de Estado renunciaron a la pensión y optaron por su sueldo de diputados. En concreto, el artículo 1 del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de Julio, impulsado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro, establecía la posibilidad de que, en estos casos, el afectado eligiera una u otra remuneración. Así, los parlamentarios Manuel Chaves, José Blanco, Carme Chacón, Trinidad Jiménez, Antonio Camacho o Soraya Rodríguez cumplieron con la orden de renuncia a la pensión que se dio desde la dirección del Grupo Socialista en el Congreso. No obstante, todos ellos llegaron a percibir dos mensualidades hasta julio de 2012 (y no ingresaron más porque el departamento de Montoro las retuvo), salvo el líder del PSOE, Alfreo Pérez Rubalcaba, y la exsecretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara, diputados por Madrid y Ourense respectivamente, que habían renunciado a ellas desde el inicio de la legislatura de forma voluntaria.
Una normativa de la época de Suárez
El Gobierno de Rajoy reguló el año pasado por primera vez en democracia la concesión de estos privilegios, que se mantenían intactos desde que los aprobara el Ejecutivo de Adolfo Suárez (UCD) a través de la ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1981. El artículo 10 de dicha normativa establecía que aquellos “que cesen en el ejercicio de dichos cargos a partir del 1 de enero de 1981 tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de 24 mensualidades, una pensión indemnizatoria mensual igual a la dozava parte del 80% del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado”.
La respuesta parlamentaria del Gobierno también informa que de las 57 personas que renunciaron, 18 habían sido miembros del Gobierno (un ex presidente, tres ex vicepresidentes y quince ex ministros) y 36 eran ex secretarios de Estado o asimilados. Además, precisa que en julio de 2012 las cuantías mensuales de la pensión indemnizatoria eran las siguientes: ex presidente del Gobierno: 5.212,34 euros; ex vicepresidente: 4.899,09; ex ministro: 4.598,79; y ex secretario de Estado: 6.311,40. En última instancia, el Ejecutivo popular argumenta que introdujeron esta “medida de austeridad y racionalidad que ha variado significativamente lo que se venía produciendo en relación a este asunto, obteniendo un ahorro que va más allá de su valor económico”. Pese a esta consideración, Hacienda ha cifrado el ahorro en 4,7 millones de euros.
