Las previsiones de largo plazo que maneja el Gobierno y con las que actualizará sus cálculos sobre pensiones dibujan un escenario de empobrecimiento de los jubilados. La revalorización limitada de las pensiones –por debajo del IPC—y el retraso en la edad de jubilación arrojan como resultado que en el año 2060 el gasto en pensiones del Estado rondará el mismo nivel que el del 2010 pese a que se augura un considerable envejecimiento de la población. La previsión es de una caída del 0,4% del gasto en los próximos 50 años pese al envejecimiento previsto.
Los cálculos del Gobierno serán incorporados en el informe sobre envejecimiento que debe presentar en 2015 y en ellas se espera una caída en la partida que se destina tanto a pensiones de jubilación como a las de incapacidad y de viudedad.
- En el caso de las pensiones de jubilación, el Gobierno espera el 10,2% del PIB que representan a día de hoy caiga hasta el 9,6% en el año 2060.
- En el caso de las pensiones de incapacidad, el peso que suponen en el sistema de pensiones apenas variará y seguirá rondando el 7,2% del PIB en un plazo de cincuenta años.
- Por último, las pensiones de viudedad y otras pensiones serán las que mayor caída sufran porque el recorte que experimentarán será del 0,7%. En el año 2010, el Estado destinaba un 2,1% del PIB mientras que en el año 2060 esa partida apenas representará el 1,4%.
Los cálculos del Ejecutivo auguran, por tanto, recortes de largo plazo más allá de los que ya se han aplicado en los años de la crisis.
El balance del Gobierno cifra en 53.774 millones la cuantía originalmente disponible en la llamada “hucha” de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de los que hasta 2014 ya había extraído 18.651. A este ritmo, esos fondos se acabarían antes de que termine la década, en concreto entre 2018 y 2019.
Balance de dos años
El Ejecutivo justifica con sus previsiones de envejecimiento de la población algunos de los recortes aplicados a día de hoy. En el caso del retraso en la edad de jubilación, el Gobierno asegura que hasta 2027, la edad efectiva de jubilación aumenta en casi 9 meses como consecuencia de condiciones más estrictas para acceder a la jubilación anticipada. Entre 2007 y 2060, el factor de sostenibilidad genera un aumento adicional de dos meses.
Igualmente, el Ejecutivo justifica en ese envejecimiento los recortes en servicios como el de la dependencia que describe como “racionalización del sistema” del que espera detraer 1.391 millones en 2013 y otros 1.473 millones en 2014. También en esa partida, contrasta la mengua de dotación prevista con el aumento del número de dependientes esperado que auguran todos los estudios fruto del envejecimiento de la población.
