Ángel Pérez Maura ha roto su silencio para pedir diligencias de calado en el caso Villarejo. El empresario, que pagó más de 7 millones de euros al comisario jubilado, ha solicitado al juez que cite a declarar al magistrado y los fiscales de la Audiencia Nacional que llevaron su proceso de extradición. Se trata de la primera vez desde que arrancó esta macrocausa en 2017 en la que se pide al juez que cite a otro instructor de este órgano. El objetivo, según razona, es demostrar que el policía no tuvo nada que ver con que finalmente no fuera entregado a Guatemala.
En un escrito remitido a la causa, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el naviero argumenta que desde que se abrió esta línea de investigación -proyecto Pit- tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones han insistido en que los dos hermanos recurrieron a Villarejo y su red para evitar su entrega, así como para que frenase unas pesquisas abiertas allí por presuntos sobornos al Gobierno guatemalteco. Al respecto asegura que no hay una sola prueba a día de hoy que revele que el comisario pudo influir en la decisión que acordó el juez y ratificó la Sala de lo Penal.
Y ello pese a que, tal y como figura en los audios de esta pieza cuarta del caso Tándem, el agente encubierto alardeó de sus buenas relaciones con el mundo judicial y, más en concreto, con la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el abogado Baltasar Garzón. Este último, al que se refería con el apodo de 'El Mago', era entonces magistrado en la Audiencia, mientras que Delgado ejercía como fiscal de este órgano. Pese a las continuas alusiones sobre vínculos con ellos, Pérez Maura sostiene que no hay nada que pruebe su implicación en todo este asunto.
Delgado, al margen del encargo
Por ese motivo solicita que se cite en calidad de testigo al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, que dirigió la vista el 27 de abril de 2016, y a tres fiscales más que participaron en el proceso y se opusieron a su entrega. Al hilo, recuerda en su escrito que la fiscal general del Estado no tuvo nada que ver en este tema, tal y como defendió el teniente fiscal de la Audiencia Nacional en una nota hecha pública en septiembre de 2018. En la misma desmintió la tesis de Villarejo acerca de que aprovechó sus influencias en el mundo de la judicatura para inclinar la balanza a su favor.
Además, reitera que no pudo cometer los delitos de cohecho y tráfico de influencias que le imputan los investigadores. Anticorrupción le acusa no solo de recurrir a Villarejo para evitar su ingreso en prisión y posterior extradición, sino también de encargarle que frenase las pesquisas abiertas en Guatemala por pagos millonarios al expresidente Otto Pérez Molina a cambio de que su empresa resultara la adjudicataria para explotar una terminal en Puerto Quetzal.
La principal acusación sostiene que, para ello, Villarejo y su entorno más cercano (entre ellos el empresario Adrián de la Joya) urdieron un plan que pasaba por impulsar a la presidencia de Guatemala al entonces embajador Julio Ligorría. El objetivo era que frenase la investigación abierta en la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y librase a los Pérez Maura de cualquier acusación en dicho país. Para ello se apoyaron en Paul Manafort, exjefe de campaña de Donald Trump y cercano a De la Joya, según los audios que obran en el sumario.
El 'timo' de los Pérez Maura
Los mismos también hacen alusiones incluso a una posible implicación de Felipe González (a quien apodaban 'pelo blanco') en todo este asunto. El Grupo Cenyt presupuestó este encargo en 10 millones de euros, pero los hermanos abonaron finalmente poco más de 7 millones, convirtiéndose así en el proyecto más caro de todos los que se investigan en la Audiencia Nacional. Ahora, y tras estudiar todo el sumario, el empresario solicita nuevas diligencias de calado para demostrar que las palabras de Villarejo nunca se materializaron en hechos.
"Han transcurrido ya prácticamente cuatro años desde que se acordó esta pieza y las acusaciones siguen sin identificar mínimamente qué concretos actos habría llevado a cabo el excomisario para evitar que se detuviera y extraditara a Ángel Pérez-Maura. No se ha referido a lo largo de la instrucción ningún encuentro, reunión, conversación o similar con alguno de los miembros de la Administración de Justicia que, de algún modo u otro, hubiese tenido capacidad de decisión en el procedimiento de extradición que se siguió en nuestro país contra el Sr. Pérez-Maura. Ninguno", reza el escrito presentado.
Además, su defensa alude a escuchas que obran en el sumario de esta pieza cuarta del caso Tándem para demostrar que los imputados sabían que el naviero cántabro había contratado a un abogado penalista de su confianza para que le defendiese en el procedimiento de extradición. Así lo dijo Pérez-Maura durante una reunión celebrada en las oficinas del Grupo Cenyt el 21 de abril de 2016. "¿Yo qué he hecho hasta ahora? Bueno, pues he buscado un penalista en España que me defienda", dijo. También Villarejo habló de este asunto con Adrián de la Joya, según consta en una conversación de esa misma fecha.
"Vamos a jugar hábil"
Ambos aluden a que el cántabro se había puesto a disposición de la Audiencia Nacional de forma voluntaria, siguiendo las indicaciones de su defensa letrada. También muestran su preocupación por hacerle creer que tenían un plan para poder ayudarle. "Vamos a jugar hábil de cojones, pero..." le dice Villarejo a De la Joya, a lo que éste responde: "Tenemos que hacer una llamada cuanto antes (...) y que hemos montado una estrategia claro... para quedar con él". En respuesta, el abogado del naviero asegura que de las conversaciones se desprende que lo único que pretendía Villarejo era "seguir adulando y embaucando a los hermanos Pérez-Maura para facturar más dinero a Pérez y Cía".
Por todo ello insiste en que se tome declaración como testigo a un magistrado de instrucción de la Audiencia Nacional y tres fiscales más para probar que ninguno de ellos actuó influenciado por el comisario. "Solo de esta manera podrá demostrarse que lo manifestado por el Sr. Villarejo en conversaciones como la mantenida el 3 de mayo de 2016 con Adrián de la Joya, Enrique Maestre, Rafael Redondo y los hermanos Pérez-Maura no fueron más que invenciones y utopías más bien propias de quienes buscaban engañar y levantarle 'la pasta' a los Pérez-Maura", concluye el escrito.
