Enrique Porto Rey, uno de los dos arquitectos que firman el dictamen pericial que convenció al juez de Madrid José Yusti Bastarreche de que tenía que paralizar de forma cautelar el traslado de los restos de Francisco Franco, fue el encargado en 2006 de avalar la reclasificación de unos terrenos en el municipio de Arganda del Rey (Martisa), por la que la promotora preveía tener unos ingresos extra de 199 millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que hace dos semanas sentó en el banquillo a los acusados por el conocido como el gran pelotazo de Gürtel por el que Francisco Correa habría obtenido una comisión de 25 millones de euros, aseguró que los procesados promovieron y aprobaron distintas modificaciones del plan de ordenación urbana dirigidos a aumentar el número de viviendas a edificar, favoreciendo de ese modo a la promotora.
En la reclasificación de los terrenos, el papel de Porto Rey -que no está imputado ni ha sido llamado como testigo en Gürtel- fue de gran importancia. En 2006 era el director general de Urbanismo y Planificación de la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre. Vozpópuli no ha conseguido conocer la versión de Porto Rey sobre su actuación en este expediente urbanístico.
Favoreciendo a la empresa
Según el magistrado de la Audiencia Nacional, los cargos del Consistorio de Arganda del Rey procesados promovieron distintas modificaciones del plan de ordenación urbana municipal, con la finalidad de aumentar el número de viviendas a edificar, "favoreciendo de ese modo a la empresa", según resalta el auto que especifica que la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid modificó la ordenación pormenorizada del Plan General de Arganda del Rey.
Las previsiones internas de Martinsa por la recalificación urbanística aprobada por la Comunidad de Madrid, en la que Enrique Porto Rey era director general de Urbanismo, preveían un incremento en las ventas del 58,93%, ya que estas pasarían de 336 a 535 millones.
Peritos arquitectos
Enrique Porto Rey y José Ismael de la Barba Palacio son los dos arquitectos propuestos por el entorno de la familia de Francisco Franco que acudieron el viernes y el lunes al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, cuyo titular es el magistrado José Yusti Bastarreche, para explicar el contenido del informe en el que se resaltan los supuestos riesgos arquitectónicos que tendría la exhumación para la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, según han confirmado a Vozpópuli fuentes jurídicas.
No obstante, el juez ya había planteado sus dudas sobre los efectos que podría tener sobre el conjunto del Valle de los Caídos "remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilogramos de peso".
También fue citado al Juzgado, según apuntan a este diario las citadas fuentes jurídicas, el arquitecto municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, cuyo Consistorio -ahora en manos de la alcaldesa del PP- ha rechazado emitir valoraciones sobre el proceso de exhumación.
Informe del CSIC
Las convocatorias señaladas se producen después de que la Abogacía del Estado presentara al juez Yusti Bastarreche un informe pericial elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que defiende la versión contraria a la de los peritos del entorno de la familia de Franco: que las obras de la exhumación no afectarán a la estructura del Valle de los Caídos.
Las decisiones del juez se producen en un ámbito competencial diferente al de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que este martes ha acordado por unanimidad desestimar en su totalidad el recurso interpuesto por los familiares de Francisco Franco en relación con la exhumación acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El gabinete de prensa del Alto Tribunal adelantó a los medios la decisión de los magistrados de rechazar la petición de los Franco que reclamaban que, en todo caso, el cuerpo del dictador fuera trasladado a la Catedral de la Almudena, donde han adquirido la propiedad de una cripta.
