Los peritos independientes designados por el juzgado en el caso Plus Ultra han vuelto a reiterar en sede judicial sus reticencias por la solvencia de la firma antes de la pandemia. En este nuevo careo ordenado por la magistrada Esperanza Collazos, los expertos han mostrado sus dudas de que la firma cumpliera todos los requisitos para acogerse al rescate de 53 millones de euros. Al respecto han insistido en que la aerolínea, a fecha de 31 de diciembre de 2019, estaba en causa de disolución.
Según informan fuentes presentes en la diligencia, las discrepancias entre los expertos designados por el juzgado y los peritos de la SEPI y de la aerolínea se han centrado en tres puntos concretos: las sospechas sobre la verdadera naturaleza de un préstamo participativo de 2017 canalizado en la isla de Dominica, la contabilización de la venta de un avión en las cuentas de Plus Ultra de 2019 y las provisiones de 1,8 millones de euros para pleitos judiciales.
Con todo, esta nueva intervención no ha sido tan extensa como la cita del pasado 18 de enero. Entonces los expertos comparecieron por primera vez para plasmar sus conclusiones en relación a si la firma era o no solvente antes de la pandemia. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 volvió a ordenar la celebración de esta diligencia al constatarse que falló la grabación del juzgado. De esta forma les volvió a citar y anunció que, después de la cita de este martes, resolvería la última petición de la Fiscalía de archivar las diligencias.
La solvencia de Plus Ultra
Las dos partes han respaldado en sede judicial las conclusiones de sus informes, de manera que mientras los letrados del despacho Martín Molina han vuelto a mostrar sus dudas en relación a los tres puntos arriba mencionados, los de la SEPI han reiterado que la aerolínea cumplía con los requisitos para recibir la ayuda. Se trata del experto de Deloitte y de AC Advisory; los asesores jurídico y financiero respectivamente en cuyos informes se apoyó el holding para autorizar la ayuda.
Estos últimos han reiterado de nuevo que, con la información con la que contaban entonces, no vieron que concurriese ninguna causa que hiciera que no pudiera hacerla elegible para acceder al fondo público creado para las empresas en crisis. A esta tesis se adhiere el perito de la compañía que también ha estado presente en esta sesión tras admitir la magistrada un informe de parte elaborado por el experto.
Los tres puntos de discordia
Frente a ellos, los peritos designados por el juzgado de Plaza Castilla insisten en que hay varios puntos que les hace sospechar de si realmente podía acogerse a esta ayuda pública. El primero de ellos y el que más espacio ha copado, es el relativo al préstamo participativo que gestionó Plus Ultra en una entidad radicada en la isla de Dominica (incluida en la lista de paraísos fiscales de la UE hasta el pasado mes de octubre).
Los peritos independientes apuntaron que la inyección de 6,3 millones de euros del banco panameño Panacorp el 22 de diciembre de 2017 fue determinante porque evitó que la compañía acabara en números rojos. Las condiciones pactadas sobre este préstamo -que implicaban inutilizar 4 millones del monto total- llevaron a los peritos a poner "en tela de juicio" la realidad del mismo y a considerar que la transformación de línea de crédito a préstamo participativo no fue del todo regular. En sus informes precisaron que esta actuación fue "contraria a la lógica económica".
En segundo lugar han apelado al arrendamiento de un avión en 2019. Sostienen que la contabilización de una ganancia de 6,3 millones de euros con esta operativa se podría traducir en una incorrección en las cuentas de ese ejercicio. El motivo, según adelantaron ya en su informe, es que se anotaron ese margen de beneficio porque cancelaron una deuda con los "bonistas" de 8,9 millones de euros. Pese a ello, el valor contable de la aeronave fue de 2,66 millones de euros.
Del mismo modo también han sacado a relucir sus dudas sobre las provisiones por un importe de 1,84 millones de euros que Plus Ultra apartó para litigios. Como ya expusieron en el primer careo de enero, mantienen que esta cifra debería haber tenido reflejo en la cuantificación del patrimonio neto a fecha de 31 de enero de 2020 y así lo han vuelto a manifestar a preguntas de las partes. Además de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado (que defiende a los miembros del consejo gestor de la SEPI imputados en la causa) figuran tres acusaciones populares: Manos Limpias, PP y Vox.
Nuevas diligencias
La defensa de esta última ha asegurado que, a raíz de esta nueva cita en sede judicial, pedirá que declare el representante legal de la compañía. "Es unan diligencia que creemos imprescindible que se practique antes del archivo", ha dicho la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro. La misma ha recordado también que los peritos del juzgado definieron el plan de viabilidad presentado ante la SEPI era "demasiado optimista".
"No podemos olvidar que toda esta información fue transmitida por Plus Ultra a la SEPI. Creo que quedan más pruebas que practicar y lo presentaremos a la mayor brevedad. Parece muy raro que no se informe de las cuestiones societarias con las que se vincula a Plus Ultra a bonistas de Venezuela, ni quien iba a cobrar ese crédito participativo; si además resulta que la cuenta estaba en Dominica y no se informó por Plus Ultra quedan muchas dudas que trascienden la irregularidad administrativa", ha sentenciado.
