El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Londres, rechazó este martes permitir que el rey emérito, Juan Carlos I, recurra el fallo que dictó que no tiene inmunidad ante la demanda por presunto acoso presentada en Inglaterra por su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein. No obstante, el exmonarca podrá pedir el permiso para recurrir ese dictamen -emitido el pasado jueves- directamente ante la Corte de Apelación, lo que sus abogados indicaron que harán. En su demanda, Corinna acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a "acoso" desde 2012 hasta el presente, personalmente o a través de "agentes" a su servicio. Esas acciones, según la demandante, "amenazaron" su seguridad y la de sus hijos.
En una vista este martes en el Tribunal Superior, la defensa del demandado encabezada por Daniel Bethlehem indicó que pedirán autorización para recurrir a la Corte de Apelación "lo antes posible" y, si esta corte lo autoriza, presentarán el recurso antes del 30 de mayo. El juez Nicklin rechazó darle el permiso para recurrir al considerar que había quedado claro que los actos que se le atribuyen al rey emérito se llevaron a cabo a nivel personal y no fueron de carácter de Estado.
Sin embargo, el equipo que ostenta la defensa legal de Juan Carlos I considera que lo ocurrido antes de su aplicación -entre 2012 y 2014- podría considerarse que tuvieron lugar durante una posición de autoridad y que se le tiene que aplicar la inmunidad de la que goza el jefe del Estado. También cuestionan el criterio del juez Nicklin, incluido en el dictamen del pasado jueves, de que el Emérito no forma parte de la Casa Real aunque sea de la familia.
Por ese motivo el próximo paso en este proceso dependerá de si la Corte de Apelación autoriza el recurso que interpondrán -tal y como avanzó este diario- aunque por el momento no hay fecha de resolución. Los abogados de Corinna, por su parte, insisten en que se siga con la demanda por supuesto delito de acoso. Piden además que el demandado se haga cargo de las costas judiciales (de una 230.000 libras) pero el magistrado ya ha trasladado que resolverá ese asunto más adelante. Al respecto ha puntualizado que las dos partes "tienen recursos suficientes".
"Total confianza" en la Justicia británica
Al respecto la defensa de Corinna Larsen se ha pronunciado en una nota remitida a los medios y recogida por este diario en la que apunta que el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra ha rechazado los últimos intentos de Juan Carlos I de "frustrar el avance" del proceso. Del mismo modo apuntan que tienen "total confianza" en la decisión que tome el juez Nicklin en relación a la autorización solicitada para recurrir ante el Tribunal de Apelación. "Hemos avanzado un paso más hacia una vista de los hechos en cuestión", ha respondido.
En su dictamen del pasado jueves, Nicklin reconoció que, tras abdicar en 2014, Juan Carlos I "ha disfrutado de cierto estatus y privilegios recogidos en el Real Decreto 470/2014". Pero el magistrado revolvió que "ya no es soberano o jefe de Estado" ni tampoco forma parte de la Casa Real de Felipe VI -aunque sea miembro de la familia-, lo que le hubiera dado el derecho a la inmunidad.
El pasado diciembre en el Tribunal Superior, los abogados del padre de Felipe VI habían defendido su inocencia y sostuvieron que no podía ser procesado al ser miembro de la Familia Real española y exjefe de Estado, por sus actos cometidos en parte cuando aún era rey de España. Asimismo, los abogados argumentaron que las cortes inglesas no tienen jurisdicción sobre la demanda y que el rey emérito goza de inmunidad en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y también de la ley británica sobre Inmunidad, que hace referencia a la inmunidad de extranjeros. Sin embargo, los representantes de Corinna alegaron por su parte en diciembre que, tras su abdicación el 18 de junio de 2014, don Juan Carlos ya no está protegido por la inmunidad que se confiere a los jefes de Estado al amparo de la legislación británica.
Corinna y Juan Carlos I iniciaron una relación en 2004 que terminó en 2009 después de que la examante conociera que el emérito le era infiel, según la defensa de la primera. Ambas partes mantuvieron la amistad después de la ruptura y en 2011, según la parte demandante, Juan Carlos I le hizo una serie de regalos, como joyas, obras de arte y también 65 millones de euros en junio de 2012, año en que el emérito intentó reiniciar la relación sentimental, pero la empresaria se negó, de acuerdo con su versión. La demandante solicita daños y perjuicios por lesiones personales por el "gran dolor mental, alarma, ansiedad, angustia y pérdida de bienestar, humillación y el estima moral" que ha sufrido.