Las alrededor de 8.500 personas que conforman el personal laboral de España en el exterior que trabajan en embajadas, consulados, oficinas comerciales, consejerías, agregadurías y otros celebran entre este lunes y el miércoles sus primeras elecciones sindicales.
El proceso electoral se produce tras las presiones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y SISEX (organización integrada en la candidatura CSIF) y permite "saldar la deuda histórica contraída por la Administración con el personal laboral en el exterior compuesto por un amplio espectro profesional", ha subrayado el sindicato en un comunicado.
CSIF y SISEX se han hecho eco de sus quejas, que han reunido en una serie de propuestas, como la creación de un convenio laboral que esté dentro del Marco Jurídico Común de la Unión Europea y la creación de un nuevo acuerdo de condiciones laborales para todos los trabajadores extracomunitarios.
Asimismo, piden la actualización bianual de los salarios se realice en concordancia con la situación inflacionista del país de destino y la carestía de la vida y que se creen módulos correctores por pérdida de poder adquisitivo y fluctuación de cambio de divisas.
Reclaman que la convocatoria de plazas se haga de forma transparente y con observadores sindicales que garanticen la imparcialidad.
El personal laboral en el exterior también reivindica que haya equiparación salarial de todos los trabajadores de la misma categoría destinados en cada representación, cuestión sobre la que CSIF tiene interpuesta una demanda judicial que espera que resuelva "en breve".
También reclaman derecho a participar en convocatorias de promoción interna en la Administración General del Estado mediante la promoción horizontal, la opción del teletrabajo y la posibilidad de permutas entre puestos de diferentes centros para facilitar la conciliación familiar.
Piden transparencia
Asimismo, desde CSIF piden para el personal laboral en el exterior la realización de un examen médico anual en las mismas condiciones a los servicios centrales y la contratación de una póliza sanitaria en países con una sanidad precaria.
Igualmente reclaman que la convocatoria de plazas se haga de forma transparente y con observadores sindicales que garanticen la imparcialidad, así como la creación de una nueva herramienta de denuncia para el acoso laboral.
