Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez maniobran para eliminar el título de Rey de España. ERC y EH Bildu incluyen en sus enmiendas conjuntas a la ley de Memoria Democrática una iniciativa para "suprimir el título de Rey de España así como todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo derivan" por considerar ilegal el origen de la Jefatura del Estado. La "justificación" que recogen ERC y EH Bildu -a cuya iniciativa se han sumado también BNG, CUP, PDeCat y JuntsxCat- es que "la restauración de la Monarquía en el Estado español tiene su origen en la dictadura franquista".
En concreto, los partidos mencionados han consensuado cinco textos que resumen las reivindicaciones compartidas y, en la que hace referencia al Rey, precisan que la jefatura del Estado fue institucionalizada por Franco sin que se sometiera a referéndum para que los ciudadanos pudieran escoger la forma de Estado.
"En la ley de sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 se estableció que el Estado español volvía a ser un reino y que el jefe del Estado, Franco, 'podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o Regente'", reza el punto reservado a la Monarquía en las enmiendas a la ley de Memoria Democrática que ERC, EH Bildu, CUP, Junts, PdeCat y BNG han enviado en una lista conjunta . "El 22 de julio de 1969, amparándose en esta Ley de Sucesión, Franco nombró a Juan Carlos de Borbón como su sucesor a la Jefatura del Estado, con el título de 'Príncipe de España', título que conservó hasta convertirse en Jefe del Estado el 22 de noviembre de 1975, después de la muerte del dictador", continúa el texto.
Aunque la propuesta de los partidos nacionalistas y los independentistas choca con la Constitución -un cambio en la forma de Estado requiere modificar notablemente la Carta Magna- y sería tumbada por el Tribunal Constitucional, la enmienda evidencia que el Gobierno de coalición no cuenta todavía con el apoyo de buena parte de sus socios parlamentarios para aprobar una de las leyes 'estrella' de la actual legislatura.
"Queda claro (...) que la restauración de la Monarquía en el Estado español se produjo dentro del mismo régimen franquista. Tanto la forma de Estado, su jefatura y sus sistema constitucional se sometieron a una sola consulta por vía de referéndum. Lo cual polarizaba el debate entre seguir con una dictadura absoluta o con una nueva suerte de sistema nuevo denominado 'monarquía parlamentaria'. Es decir, nunca se permitió que la ciudadanía votase de forma efectiva por la forma de estado preferida. Cabe decir, pues, que este hecho histórico es más bien poco compatible con los principios de un sistema democrático como el que se decía querer implantar. En este sentido, debería revisarse su fundamento", concluye el texto.
Estos partidos piden también derogar diversas disposiciones de la ley de Amnistía de 1977, para evitar seguir "perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad". Añaden que la preeminencia de la verdad y el derecho a que se haga justicia efectiva ha forzado a instituciones y familias a abrir procesos penales en otros países a tenor de la imposibilidad de hacerlo en territorio del Estado.
Otra de las enmiendas hace referencia a que durante el franquismo se intentó la armonización identitaria prohibiendo la enseñanza en lengua que no fuera la castellana, así como las publicaciones y su uso en cualquier situación y quieren que se reconozca y repare el daño causado a la cultura por motivos políticos durante el régimen. En otro de los textos señalan que durante la guerra y la posterior dictadura el régimen incautó bienes y patrimonio de los ateneos y asociaciones culturales y otras personalidades jurídicas y que debe establecerse un mecanismo para el reconocimiento y reparación del espolio al que fueron sometidas tales instituciones.
En relación con la devolución de la titularidad y musealización de edificios emblemáticos y símbolos de la lucha antifranquista, reclaman la restitución de la titularidad de las dependencias de la Prefectura superior de policía de Via Laietana de Barcelona a la Generalitat de Cataluña así como el Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián.
