La Fiscalía de Madrid pide ocho años de cárcel para el exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, en el que se hacinaban numerosos cadáveres, por tener a sus trabajadores en condiciones "degradantes" y nocivas".
El Ministerio Público imputa a José Ramón Mérida Velasco un delito contra la salud de los trabajadores por el que solicita tres años de prisión, y cinco delitos contra la integridad moral por cada uno de los cuales pide un año de cárcel.
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía le reclama un total de 277.258 euros para cinco técnicos afectados.
La titular del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid procesó en julio de 2019 a José Ramón Mérida Velasco por un delito contra los derechos de los trabajadores, según el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, en el que archivó la actuaciones para el resto de los investigados.
De cara al próximo juicio, en fecha aún por determinar, la Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que el médico, pese a las reiteradas quejas de los trabajadores por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud, les obligó durante años a prestar sus servicios “en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas”.
Prestaban sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de condiciones de higiene "hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos"
Fue así hasta que la Inspección de Trabajo ordenó en 2014 la paralización de los trabajos y finalmente se extrajeron del sótano 534 cadáveres, detalla la Fiscalía.
En un subterráneo sin ventilación
El Ministerio Público denuncia que Mérida era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio.
Desde ese puesto sometió a los trabajadores “a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral”, desatendiendo "sistemáticamente" durante años sus “justas” demandas, “al tiempo que les culpabilizaba y recriminaba por la situación de desbordamiento que él provocaba, sin proveer ninguna solución”, añade.
Les obligaba -incide- a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales “hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción”.
Las puertas cerradas y que no se hable nada", señalaba argumentando que llevar los cuerpos a otro sitio "era muy caro"
Los trabajadores se sumieron "en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad que les rodeaba, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que, de modo objetivo, constituía una violación permanente a su dignidad como seres humanos”.
"Las puertas cerradas y que no se hable nada"
El Ministerio Público relata diferentes irregularidades y subraya una "falta de control sanitario de acceso de cuerpos" que "determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y/o parasitarios, que se agravaban por la falta de un adecuado control sobre la salud de los técnicos”.
Cuando los trabajadores se quejaron del exceso de cadáveres y de las malas condiciones su respuesta fue: “Las puertas cerradas y que no se hable nada”, argumentando que llevar los cuerpos a otro sitio "era muy caro".
En mayo de 2014 un periódico mostró foto de las instalaciones con cadáveres hacinados y el acusado les advirtió de que "por esa vía" iban "mal" y de que cuando supiera quién lo había filtrado "se iba a enterar".
Cuando supo que el 20 de mayo de ese año la Inspección iba visitar el centro recriminó a sus técnicos que no colaboraran en las tareas de destrucción de cadáveres y efectos tóxicos, concluye la Fiscalía.
