Compraron su vivienda en régimen de venta y en apenas un año su inmueble pasó a destinarse a alquiler social. Esto es lo que le ha sucedido a un centenar de vecinos de tres urbanizaciones de Barajas, en Madrid, quienes hace cuatro años invirtieron sus ahorros en la compra de una VPL (Vivienda de Protección Pública) de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) bajo la promesa de que el edificio iba a destinarse sólo a la venta. Sin embargo, y al llegar al poder, el gobierno de Ahora Madrid, junto con el apoyo del PSOE, decidió que las viviendas públicas debían destinarse a alquiler social, y sin consultarlo con los propietarios, cambió el régimen de las viviendas que quedaban por vender (el 58%) a alquiler "convirtiendo el edificio en un verdadero gueto de gente en situación de exclusión social", denuncian los afectados.
Desde entonces los conflictos vecinales están a la orden del día. Aseguran que hay inquilinos con síndrome de Diógenes o con problemas de violencia de género pero la principal problemática es el comportamiento vecinal de los alquilados. "Algún vecino ha sufrido amenazas de muerte de otro simplemente por una discusión en el garaje", lamentan. "Hay problemas reales de convivencia: mucho ruido, la aparición de ratas y cucarachas por suciedad en viviendas y trasteros; excrementos humanos y de perro en las escaleras y plazas de garaje, gente que tira la basura o las colillas de cigarrillos por las zonas comunes...", relatan los propietarios.
Por todo ello los vecinos aseguran sentirse "estafados". Todos consideran que este cambio de condiciones del régimen de suelo a mitad de la partida, "sin duda", está produciendo que sus viviendas se devalúen frente a los precios que ellos pagaron antes de saber que iban a pasar a alquiler protegido.
Están atados de pies y manos porque "lo que podría ser una urbanización cuidada por el interés de todos sus propietarios, se ha convertido en un pozo de suciedad y malos olores, por inquilinos que, evidentemente, no tienen el mismo interés que un propietario", se quejan. La desesperación es tal que en marzo de 2017 fundaron la Asociación Ensanche de Barajas para poder ser escuchados con más fuerza ante la EMVS y el 1 de marzo de 2018 interpusieron un recurso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del que todavía no tienen respuesta. Piden que se vuelva a cambiar el régimen de suelo de su edificio para que estas viviendas problemáticas se pongan de nuevo a la venta.
La EMVS le resta importancia
Sin embargo, desde la empresa de la vivienda continúan defendiendo la idea que les llevó a realizar el cambio. Francisco López Barquero, consejero delegado de la EMVS, lo justifica en que cuando llegaron al poder "nos encontramos con miles de viviendas calificadas para la venta por el anterior ejecutivo que estaban desocupadas, lo que es absolutamente incomprensible por los gastos que genera a la empresa y en estos tres años han sido ocupadas por gente que la necesitaba".
El Ayuntamiento: "Es verdad que algunas de las familias que han ido a vivir a Barajas no tienen un comportamiento normalizado"
Aunque Barquero reconoce que "es verdad que algunas de las familias que han ido a vivir a Barajas no tienen un comportamiento normalizado", indica que tampoco es cierto que la mayoría den problemas. "Los vecinos hablan de alquileres a gente de exclusión social. Con esto se refieren a los que se destinan a atención prioritaria (familias monoparentales, con hijos con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género). En este caso sólo ha habido 65 adjudicaciones", señala. Pero la lista continúa: "20 se han destinado a emergencia residencial (afectados por desahucios por impago de hipotecas), 6 a jóvenes y 140 a arrendamiento general", asegura. En su opinión, no considera que se haya producido "ningún agravio a los vecinos. Los pensamientos de los propietarios me parecen excluyentes".
La EMVS, sin apoyos
Una opinión por la que los afectados dicen sentirse ofendidos. "No somos racistas. Simplemente estamos luchando por nuestros derechos y contando una realidad que día a día es dura de digerir", asegura uno de ellos. A su lado están Ciudadanos, PP y PSOE. Desde las filas socialistas, y pese a haber votado a favor con Ahora Madrid el cambio de régimen del suelo, explican que desde el PSOE se han "distanciado de Ahora Madrid en este aspecto" porque "la EMVS no ha sabido adaptarse", indica Mercedes González. "Creemos que los propietarios están siendo buenos vecinos. Han ayudado a los nuevos inquilinos cuando la EMVS les ha dejado un lugar para vivir pero no con las condiciones necesarias. Estos vecinos me consta que les han proporcionado mantas, muebles e incluso comida. Por ello consideramos que la EMVS debería de ser más laxa y concederles alguna de sus peticiones", concluye.
No obstante, la empresa pública se enorgullece de haber cedido a ciertas peticiones y haber aportado soluciones que han pasado por rebajar los años de tanteo y retracto de la venta libre de 20 a 10 años a los propietarios y haber organizado un servicio específico de 27 mediadores sociales para solventar los conflictos vecinales. Por su parte, desde la Junta de Distrito de Barajas, la concejal Marta Gómez-Lahoz, asegura que se están acometiendo una serie de actividades para propiciar la integración de las familias del barrio. La edil se refiere a actividades deportivas al aire libre, excursiones para familias y ludotecas públicas.
Pero estas medidas no convencen ni a los propietarios ni a la oposición. Juan Peña, del PP, lo tiene claro: "Apoyamos el alquiler social pero en otro sitio y acompañado de atención social. Esos pisos deberían de volver a pasar a venta. Lo hemos pedido en varias ocasiones pero nunca se nos ha escuchado".
Otras soluciones
Ante la imposibilidad del cambio de régimen del suelo, los afectados han pedido que se establezca un cupo máximo de un "10 ó 15%" de gente de alquiler en cada edificio. Sin embargo, Barquero también ha rechazado esta posibilidad. "No hemos sacado a estos inquilinos de las mimbreras. Niego que tengan problemas de inclusión estas personas", insiste.
