El Congreso de los Diputados ha admitido la toma en consideración de una proposición de Ley, presentada por el Grupo Popular, para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad con el objetivo de incrementar su protección ante los casos de agresiones por parte de los reclusos.
La toma en consideración ha salido adelante esta semana con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos. El Pleno del Congreso ha aprobado por 252 votos a favor, 71 en contra y 17 abstenciones iniciar la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria para el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.
Esta reforma implicaría que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrenten a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la mesa de negociación de Prisiones, se ha felicitado de esta iniciativa, "fruto de nuestras reivindicaciones", aseguran, aunque "desde la cautela hasta conocer la redacción definitiva del texto" que apruebe el Congreso.
En los últimos seis años, se han registrado más de 2.200 agresiones en centros penitenciarios. Por eso, el sindicato, contactado por Vozpópuli, subraya la necesidad de una modificación normativa para los funcionarios cuenten con este reconocimiento, de manera similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
La iniciativa, insisten desde la central sindical, da continuidad al protocolo ratificado en mayo de 2017. La reforma pretende reconocer de manera expresa la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios y docentes, que conllevan hasta cuatro años de cárcel.
Más efectivos y mejor pagados
Según datos oficiales, actualmente el personal que integra la institución penitenciaria asciende a más de 23.000 personas, de las cuales más de 15.000 se dedican a tareas propias del área de vigilancia, entre las que se incluyen garantizar el orden y la seguridad interior de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social.
Desde CSIF se han mostrado satisfechos por el compromiso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de reforzar las plantillas de los funcionarios en las cárceles y de mejorar sus condiciones salariales tras años, dicen, de "maltrato y olvido" de este colectivo por parte del anterior Gobierno.
En declaraciones a Efe, el portavoz de la organización, José Manuel Couso, ha valorado la iniciativa del ministro que esta semana, en la primera sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, ha avanzado su intención "en un futuro próximo" de aumentar las plantillas de los funcionarios de prisiones, de mejorar sus condiciones retributivas y de reformar la Ley General Penitenciaria.
Un anuncio que llegó apenas unas horas después de que el nuevo secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, se comprometiera con los delegados de CSIF encerrados en Instituciones Penitenciarias desde hace 23 días a abrir una mesa de diálogo con todos los sindicatos.
Los funcionarios estuvieron encerrados 23 días -desde el pasado 29 de mayo- en la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias Madrid para exigir la equiparación salarial con Cataluña, como se ha hecho con los colectivos de Policía y Guardia Civil. Según el sindicato, Interior se ha comprometido a convocar la próxima semana a todas las organizaciones sindicales. También se creará un grupo de trabajo sobre retribuciones que estará presidido por el secretario general de Instituciones Penitenciarias.
La equiparación con Cataluña es una reivindicación esencial para el colectivo de Prisiones y es fundamental que el Ministerio del Interior atienda esta exigencia.
Según denuncia la central sindical, la equiparación con Cataluña es "una reivindicación esencial para el colectivo de Prisiones y es fundamental que el Ministerio del Interior atienda esta exigencia", algo que "no hicieron los anteriores gestores, quienes dejaron fuera de la equiparación salarial a los funcionarios de Prisiones", denuncian.
Las diferencias salariales con Cataluña oscilan desde un mínimo de 1.600 euros (funcionario de oficina genérico) hasta los 25.000 euros según los puestos, gasto que le supondría al Estado 168 millones de euros.
