La Fiscalía no ve irregularidades en el rescate de Plus Ultra. El Ministerio Público ha aprovechado el careo judicial de los peritos para pedir el archivo de la causa. Según sostiene, esta diligencia (que acaba de invalidar la juez por fallos en la grabación) no puso de manifiesto diferencias notables entre los expertos, de manera que respaldaría la tesis de que la compañía cumplía los requisitos para acceder al rescate de 53 millones de euros. Además, matiza que la decisión última de otorgar esta ayuda no fue de la SEPI sino del Consejo de Ministros, si bien ni uno ni otro habría cometido prevaricación.
El Ministerio Público, que ya pidió el cierre de la causa antes del careo, vuelve a pronunciarse en idéntico sentido, de acuerdo con un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y al que ha tenido acceso Vozpópuli. Sin embargo, la magistrada Esperanza Collazos sigue con el procedimiento y reitera que tomará una decisión tras escuchar de nuevo a los expertos de la SEPI y del juzgado. La instructora les ha convocado para el próximo 29 de marzo tras constatar que la principal prueba clave celebrada a mediados de enero no se grabó correctamente.
A falta de que vuelvan a declarar en sede judicial, la Fiscalía sostiene que, de lo argumentado en la primera cita, no se puede concluir que los peritos del juzgado cuestionasen el rescate. "Las diferencias entre los peritos de SEPI y el perito judicialmente nombrado, que estimaba que no cumplía con uno de los requisitos, son diferencias contables, de criterio interpretativo en cuanto a la ubicación de determinadas partidas. En modo alguno supone una contradicción con el derecho de carácter absolutamente flagrante que pudiera haber determinado el dictado de una resolución arbitraria", expone.
La magistrada Collazos ordenó el careo de los expertos al constatar las diferencias que plasmaron en sus respectivos informes. De un lado estaban los asesores legal y financiero de la SEPI (Deloitte y DC Advisory, respectivamente) que respaldaron la entrega de la ayuda asegurando que Plus Ultra cumplía con los requisitos para acceder al fondo público. De otro, los peritos nombrados por el juzgado que avisaron de tres posibles irregularidades que alterarían las cuentas de 2019, lo que le haría incumplir la exigencia de que no fuera una empresa en crisis a fecha de 31 de diciembre de ese ejercicio.
Las diferencias entre peritos de la SEPI y el nombrado judicialmente son contables. No hubo prevaricación, malversación, ni fraude
Los tres puntos de discordia fueron la gestión de un préstamo de 6,3 millones de euros en un paraíso fiscal, la provisión de fondos por posibles litigios judiciales y la incorrecta contabilización de beneficios tras la venta de un avión para saldar una deuda con bonistas cercana a los 9 millones de euros. La fiscal que firma al escrito se alinea con la tesis de la Abogacía General del Estado (que defiende al consejo gestor de la SEPI que respaldó la ayuda) y dice que se trata de cuestiones de tipo contable o administrativo que nada tienen que ver con esta causa penal.
Respaldo a los peritos de Plus Ultra
Del préstamo canalizado en Dominica alude al argumento de los expertos de la SEPI. Ello pese a las dudas que mostraron los peritos del juzgado sobre la verdadera naturaleza de este crédito puesto que el acuerdo alcanzado implicaba no poder hacer uso de 4 de esos 6 millones de euros. En relación a las provisiones por importe de 1,8 millones de euros por procedimientos judiciales la Fiscalía expone que tampoco hay irregularidad alguna porque estaban registradas en las cuentas de 2020. "A nuestro juicio en la práctica del careo se puso claramente de manifiesto que nos encontramos ante distintos criterios interpretativos de la contabilidad", sostiene la fiscal.
De este modo, considera que no se ha producido ni prevaricación, ni malversación, ni fraude de subvenciones con el rescate a Plus Ultra de 53 millones de euros. En lo que respecta al primero de los delitos, la Fiscalía Provincial de Madrid precisa que que el consejo gestor de la SEPI (imputado por el rescate) no pudo cometer prevaricación porque la decisión de entregar la ayuda se adoptó en el Consejo de Ministros. Al hilo expone que "nada hay en la causa que permita si quiera sospechar" que los expertos contratados por el holding público alteraron sus conclusiones sobre Plus Ultra para beneficiarla.
Recuerda que para que se cometa prevaricación se tiene que dar el supuesto de que el funcionario público podría beneficiarse de la acción. Sobre eso razona que no hay ninguna sospecha que apunte a que el consejo gestor se pudo beneficiar de dádivas y promesas al autorizar el desembolso millonario a esta compañía cuya viabilidad cuestionan las acusaciones que ejercen Manos Limpias, Vox y PP. Al respecto la Fiscalía vuelve a recurrir a los informes de Deloitte y DC ADvisory para insistir en que con la ayuda prometida, Plus Ultra sería viable a medio y largo plazo.
"No se falsearon datos"
El Ministerio Público también descarta que se malversara dinero de los fondos públicos. De nuevo aquí respalda a la aerolínea y al Gobierno apuntando que el rescate proveniente del Fondo de Ayuda a la Solvencia se otorgó siguiendo el procedimiento establecido y en función de lo estipulado por los asesores contratados por la SEPI. "No se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas según se ha encargado de esclarecer el Tribunal de Cuentas" recoge el escrito con fecha del pasado 26 de enero.
Finalmente, en lo que respecta al fraude de subvenciones públicas, defiende que para que se cometa este delito se necesita algo más que una mera divergencia en la contabilidad. Sobre el préstamo gestionado en un paraíso fiscal que destapó el perito independiente, el Ministerio Público dice que su origen fue muy anterior a la pandemia y, por tanto, también de la creación del fondo de ayuda para las empresas estratégicas españolas afectadas por la crisis sanitaria. "No se puede considerar la transformación de la línea de crédito inicial como un ardid para obtener la financiación pública", expone.
Al respecto Fiscalía insiste en que tanto el préstamo de 6,3 millones como el depósito de garantías se encontraban en las cuentas de Plus Ultra debidamente auditadas. Los peritos del juzgado, por contra, sospechan que estos movimientos podrían tener como fin último ocultar que la aerolínea presentaba un balance negativo antes de la llegada de la pandemia. Frente a este criterio se encuentra el de la fiscal que finiquita su escrito asegurando que no hubo ningún tipo de maquinación o falseamiento de los datos y que todo ello llevaría a descartar irregularidad penal y a decretar el archivo del procedimiento.
