Plus Ultra actúa en la causa penal abierta por su rescate. La compañía ha respondido a su citación como investigada asegurando que se acordó fuera de plazo de investigación y que, por tanto, se tiene que anular. Según sostiene, el procedimiento penal abierto en abril del año pasado por presunta malversación y prevaricación ha vencido doce meses después sin que la juez Esperanza Collazos haya prorrogado las diligencias.
La consecuencia de ello sería, según defiende, la nulidad de todas las pesquisas que el Juzgado de Instrucción número 15 haya adoptado desde el 8 de abril hasta la fecha. Entre ellas se encuentra la imputación de Plus Ultra y la citación de su representante legal para el próximo 15 de junio, avanzada por Vozpópuli. Al respecto su defensa letrada solicita que, mientras se tramita su recurso, se suspenda esta cita judicial de la próxima semana.
"Cualquier prueba acordada con posterioridad a transcurso de los 12 meses de instrucción no prorrogada, es decir el 8 de mayo de 2022, es inválida y en el caso de practicarse sería nula", reza el escrito al que ha tenido acceso este medio. De esta forma la compañía abre una brecha en la causa en la que se investiga el rescate de 53 millones de euros que autorizó la SEPI para empresas estratégicas afectadas por la crisis del coronavirus.
Dice que no se le puede juzgar
La compañía apela al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula la duración de los procedimientos y las prórrogas que se pueden acordar. En lo que a esta causa respecta, la magistrada Esperanza Collazos abrió diligencias en abril de 2021 a tenor de una denuncia interpuesta por Manos Limpias que alertaba de posibles irregularidades por parte de la SEPI y de la compañía con el rescate. El sindicato apuntó a indicios de que la mercantil no era merecedora de la ayuda pública porque estaba en números rojos desde antes de la pandemia.
Al respecto la magistrada decidió iniciar una investigación en el marco de la cual admitió una querella de Vox que hizo ampliar el catálogo de delitos que se investigaban en el procedimiento. La compañía alude ahora a ese momento y dice que el 8 de abril se cumplieron doce meses del arranque de las pesquisas y que, al no haberse prorrogado, cualquiera de las decisiones adoptadas desde ese momento hasta la actualidad son "nulas y carentes de valor". Entre ellas, su citación como imputada del próximo miércoles 15 de junio.
La consecuencia de todo ello, según su criterio, sería que nunca se podría enviar al banquillo a la aerolínea ya que, para eso, tendría que haber declarado como imputada en algún punto de la instrucción, hecho que, según sostienen, no puede producirse. "Todas las diligencias acordadas con posterioridad al 8 de abril de 2022 son nulas e inválidas (...). El efecto de la superación del término fijado por el legislador no puede ser el de orillar la aplicación del precepto comentado que, de ser así, quedaría en papel mojado", reza su escrito.
Se suma al Gobierno y pide el archivo
En paralelo a la nulidad y suspensión de la citación, Plus Ultra reclama de nuevo que se archive esta causa. La compañía se suma a las solicitudes que han venido reiterando en los últimos meses tanto Fiscalía como Abogacía General del Estado e insta que se dé carpertazo a este procedimiento penal. Mantiene que la principal prueba practicada hasta la fecha, el careo entre los peritos de la SEPI y los del juzgado, demuestra que no hubo irregularidades en la entrega de la ayuda.
"De los informes incorporados en la actuaciones y tras la diligencia de 'careo de peritos' ha quedado acreditado de forma clara y contundente, la ausencia de indicios o datos que apunten la posibilidad de que se hubieran producido hechos con significación o naturaleza penal (...). Ha quedado patente sin género de duda, que no resulta posible identificar algún hecho o alguna actuación concreta susceptible de ser incardinada en el ámbito de lo que merece reproche penal", explica.
De esta forma la compañía busca el fin de la causa adhiriéndose a las tesis de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado. Ésta última, que defiende a los miembros del Consejo Gestor de la SEPI que autorizaron el rescate, mantiene que las diferencias entre los expertos del holding público y los del juzgado son meramente contables y que de todas las pruebas practicadas hasta el momento quedaría probado que Plus Ultra cumplía los requisitos para recibir el millonario rescate de las arcas públicas.
Las sospechas del juzgado
Sin embargo, las acusaciones que ejercen Vox, PP y Manos Limpias insisten en que se investigue la letra pequeña del rescate. En este tiempo, la juez ha recabado información de varios entes, como Hacienda, para estudiar las cuentas de Plus Ultra. Además, recientemente, reclamó a la SEPI que cada mes remita al juzgado datos clave de la aerolínea como la cuenta de resultados o los flujos de capital. El objetivo es controlar de primera mano si la compañía cumple con lo prometido con el Gobierno tras recibir los 53 millones de euros.
Entre todas estas diligencias, la juez consideró determinante encargar un análisis de las cuentas de Plus Ultra a un perito independiente. Los asesores legales y financieros de la SEPI dieron luz verde al rescate en sus informes sobre la aerolínea, pero Collazos entendió que se hacía necesaria la opinión de un experto independiente. Los servicios jurídicos del Gobierno y la propia Plus Ultra se opusieron de plano a su decisión hasta el punto que la recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid. El órgano ha dado la razón a la magistrada.
Los expertos designados por el juzgado apuntaron que en plan de viabilidad comprometido por Plus Ultra era demasiado optimista. Y no solo eso sino que reflejaron sus dudas en relación a las provisiones para pleitos, la canalización de un préstamo de más de seis millones en el paraíso fiscal de Dominica y una posible incorrección en las cuentas del rescate (ejercicio 2019) de 6,3 millones de euros.
Las conclusiones de estos peritos llevaron a la instructora a convocar un careo judicial entre los expertos para confrontar versiones. En esta diligencia, los de la SEPI insistieron en que, de la información que ellos analizaron, no había tacha. Los expertos del despacho Martín Molina, por su parte, reiteraron sus conclusiones y fueron más allá asegurando que la compañía, a fecha de 31 de diciembre de 2019, estaba en causa de disolución.
Ministerio Público y Abogacía pidieron el archivo de las diligencias pero la juez dejó su petición en el aire y decidió convocar como imputado al representante legal de la compañía para interrogarle por primera vez por estos hechos. En su providencia apuntó que, tras ello, decidiría sobre el archivo pedido por la Fiscalía. Ahora Plus Ultra arremete contra su imputación y sostiene que es nula porque se acordó fuera del plazo de la investigación.
