Plus Ultra lucha a contrarreloj para conseguir el rescate íntegro de 53 millones de euros comprometido por el Ejecutivo de los fondos a las empresas afectadas por la crisis de la covid. En un escrito remitido a la magistrada que investiga la inyección de la ayuda, la aerolínea "suplica" que le permita acceder a los 34 millones de euros del préstamo participativo pendientes de cobro. De lo contrario, avisa, no podrá hacer frente a los compromisos adquiridos en el plan de viabilidad que presentó la aerolínea al Gobierno.
Así lo indica en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid antes de que su titular, Esperanza Collazos, decidiera suspender de manera cautelar esta segunda entrega de las ayudas públicas que se iba a formalizar el próximo 28 de julio. De acuerdo con el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la ausencia de este desembolso "condenaría inevitablemente" a la compañía a una "dramática situación financiera" y no solo eso, sino que no podría hacer frente a los compromisos adquiridos con el Gobierno para retornar el dinero prestado.
El requerimiento de la aerolínea -cuyos accionistas se vinculan con Nicolás Maduro- no ha evitado que la magistrada frene en seco la entrega de la segunda parte del rescate. Lo ha hecho pese a la oposición de la Abogacía General del Estado que en su escrito de alegaciones, adelantado por este diario, se pronunció en idéntico sentido que Plus Ultra. Los servicios jurídicos del Gobierno que defienden a cinco miembros de la SEPI querellados en la causa avisaron que este cierre de la ayuda pública podría abocar a la compañía a la insolvencia y haría peligrar la devolución del dinero ya prestado.
De ser así, no devolvería la primera parte recibida de esta ayuda que consta de 19 millones de euros. "Hemos de suplicarlo con especial intensidad por cuanto, tal y como se acredita a partir del contenido del plan de viabilidad presentado junto con nuestra solicitud de apoyo financiero, el préstamo participativo a desembolsar constituye un pilar fundamental para la sostenibilidad financiera de la compañía, un elemento imprescindible para posibilitar la continuación de nuestra actividad y el mantenimiento del empleo que la misma conlleva", explica la defensa de la compañía.
Defensa del Gobierno
La aprobación del rescate de Plus Ultra ha estado envuelta de polémica después de que se conociera que uno de los principales accionistas de la aerolínea, el empresario Rodolfo José Reyes Rojas, es cercano a la esfera del presidente bolivariano. El pasado mes de abril la magistrada Collazos admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias después de que Vozpópuli desvelara en exclusiva los detalles de esta inyección autorizada por el Consejo. El ente lo constituyó la SEPI para gestionar las ayudas a las firmas consideradas estratégicas y golpeadas por la covid.
El sindicato apuntó que no cumplía los requisitos para recibir la ayuda puesto que las malas cifras de negocio registradas no eran consecuencia de la pandemia, sino que las venía arrastrando desde su creación en 2011. A esta denuncia se adhirieron el Partido Popular y Vox, que figuran como acusación popular. Este último amplió el abanico de delitos e incluyó también cohecho, contra la Hacienda Pública y fraude de subvenciones. La Abogacía, por su parte, se personó para defender a los miembros del Consejo querellados.
Entre ellos se encuentran el vicepresidente Bartolomé Lora y la actual presidenta de Patrimonio, Ana de la Cueva, que dimitió como secretaria de Estado de Economía un mes después de abrirse esta investigación penal. La compañía comparte punto por punto la tesis del Gobierno y se escuda en los informes de Deloitte y la Abogacía para insistir en que el desembolso del préstamo participativo de los 34 millones no solo resulta "ajustado a derecho" sino que además constituye una "clara obligación" para el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
El fantasma de la nacionalización
La medida adoptada por la instructora de la causa no solo pone el picota el primer tramo de ayuda sino que también deja en el aire la supervivencia de esta compañía. El contrato de financiación que firmó la aerolínea y el Ejecutivo incluía dos cláusulas que garantizaban que el Gobierno se quedaría con la firma en caso de que no devolviera la totalidad del rescate pactado. En el plan de viabilidad remitido a la SEPI, la aerolínea dejaba claro que preveía perder 34 millones de euros entre 2020 y 2022, si bien al término esperaba recuperar los niveles de 2019 y operar con normalidad entre España y Venezuela, Perú y Ecuador.
Por ese motivo, la Abogacía General del Estado precisó al juzgado que han actuado "guiados por el principio de legalidad" y que la suspensión de los 34 millones "haría peligrar la devolución de los 19 ya desembolsados al quebrar los presupuestos sobre los que se diseñó el plan de viabilidad de la empresa". Tras el Gobierno, ha sido la propia Plus Ultra la que ha apuntado en esa dirección insistiendo en la necesidad de la inyección del préstamo participativo.
Sin embargo, el juzgado ha justificado su decisión precisamente en la existencia de este procedimiento penal que en un primer momento se dirigió contra todos los miembros del Consejo de Administración de la SEPI (entre ellos más de una decena de altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez). No obstante, la medida es cautelar, de manera que se vuelve a dirigir a la compañía para que, en un plazo máximo de cinco días, acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores.
Se trata de la primera gran medida de calado que adopta la instructora después de que en las primeras semanas de la causa se haya dedicado a recabar toda la documental necesaria por parte de la SEPI, de la propia Plus Ultra y del Consejo de Ministros que autorizó el millonario rescate. Además, Collazos puso el foco en los accionistas que están detrás de la mercantil - Snip Aviation S.L y Sky Solution S.L- y les requirió para que presentaran el acta de titularidad y su participación real en la compañía.
