La lucha contra la corrupción es una propuesta programática de todos los partidos sin excepción, conscientes del grave deterioro que ha causado en la credibilidad de las instituciones y de los partidos políticos en los ciudadanos. A expensas de la configuración del nuevo gobierno, y en plena constitución de las comisiones parlamentarias, Podemos ha presentado una iniciativa en la que solicita, de manera “inaplazable”, la creación de una comisión permanente para luchar contra esta lacra.
“La corrupción se ha convertido en uno de los principales lastres para el desarrollo de la democracia y el progreso de nuestro país (…) Está incrustada en el funcionamiento de muchos de nuestros organismos públicos, hasta el punto de que podría calificarse de ‘enfermedad’ de nuestro sistema democrático”, dice el texto de la propuesta.
El documento de Podemos cifra en 48.000 millones el sobrecoste por corrupción y sitúa a España en el puesto 36 de países más corruptos de un total de 168
El documento cuantifica en 48.000 millones de euros el sobrecoste de la contratación pública debido a la corrupción, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y sitúa a España en el puesto 36 de países más corruptos de un total de 168, por encima de países como Qatar, Botsuana o Bután, según el índice de la Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional.
La propuesta sostiene que uno de los problemas es la falta de una legislación específica contra este tipo de delitos, que en muchos casos no están debidamente regulados. La Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Financiación de Partidos Políticos, la Ley de Transparencia y el Código Penal son algunos de los textos que requieren ser revisados y completados para “no dejar resquicios a la corrupción y establecer mecanismos sancionadores eficaces”.
La iniciativa de Podemos sugiere también investigar qué estructuras del Estado son las más afectadas por la corrupción para identificar las fallas normativas que impiden un correcto funcionamiento de las mismas. Garantizar que las leyes para combatirla estén alineadas con las recomendaciones y directrices internacionales sobre la materia. Seleccionar y estudiar los casos más alarmantes cualitativa y cuantitativamente para depurar las responsabilidades políticas que se deriven de ellos. Abrir un diálogo con expertos sociales para recoger sus aportaciones y, finalmente, estudiar la posibilidad de crear un organismo autónomo e independiente de prevención y lucha contra la corrupción.
