PSOE y PP quieren renovar antes de fin de año el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no solo porque el actual cumplirá el 4 de diciembre tres años de prórroga, después de un bloqueo que está abocando a la paralización de la Justicia; también porque preocupa que el conflicto haya entrado en la agenda europea y Polonia lo esté utilizando para tratar de equipararse con España y justificar así su resistencia a aceptar la primacía del derecho comunitario sobre el nacional, admiten a Vozpópuli tanto fuentes gubernamentales como populares.
En la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, el 21 de octubre, se producía una reunión aparentemente poco trascendente. El primer ministro de ese país, Mateusz Morawiecki, quien había programado dos citas bilaterales muy esperadas porque lo eran con los principales mandamases de la unión, la canciller alemana, Ángela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se vio obligado a incluir otra con Pedro Sánchez a petición del presidente del Gobierno.
Ya se habían visto en Alcalá de Henares el 31 de mayo, durante la XIII cumbre entre los dos países, pero entonces ambos evitaron espinosas comparaciones. La posterior reunión improvisada hace dos semanas en Bruselas supondría la primera señal evidente de que España, segundo Estado más beneficiado en el reparto de los fondos UE de recuperación -106.000 millones de euros-, empieza a ver con inquietud cómo el contencioso se encona; con Polonia deslizando la peligrosa idea de vetar el reparto a todos si la Comisión le impone sanciones por primar las sentencias de sus tribunales frente a los de la Unión Europea.
Esa amenaza ya la ensayó junto a Hungría ahora hace un año, a vueltas con la imposición del derecho europeo en los dos países del Este. Fue entonces cuando Morawiecki empezó a atizar el supuesto paralelismo con España a propósito del amago de PSOE y Podemos de reducir de los actuales 3/5 (210 diputados) a mayoría absoluta (176) para elegir a los principales órganos constitucionales. La Comisión Europea frenó ipso facto pero el daño político estaba hecho porque sirvió al Ejecutivo polaco para equipararse públicamente ante el resto de socios comunitarios:
Tampoco ayudó a España que seis meses después, en abril de este año, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, hiciera unas recomendaciones para despolitizar el CGPJ cambiando el sistema de elección parlamentaria en sentido radicalmente contrario al que quiso inicialmente el gobierno de coalición de izquierdas: uno en el que los jueces participen al 50 por ciento; ni que el 4 de octubre, dos semanas antes de esa significativa cita de Sánchez y Morawiecki, en Bruselas, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa urgiera a España a cambiar el sistema de elección.
Deseo del que se volvió a hacerse eco este viernes Pablo Casado durante una visita a Canarias, para arrimar el ascua a su estrategia de negociación: “Espero que, tal y como ha dicho (el Tribunal de) Estrasburgo sobre Polonia la semana pasada, en el CGPJ se proceda a una modificación de la ley para que sus miembros sean elegidos por los jueces. Somos absolutamente claros”, recalcó el líder del PP en un aviso a Sánchez de que España puede entrar en la misma peligrosa senda polaca ante la UE.
López Aguilar culpa del interesado paralelismo con Polonia a la “estereofonía” de ataques del PP y el independentismo catalán en Europa contra la buena salud del Estado de Derecho en España, y al bloqueo de Casado a la renovación del Poder Judicial
Cierto que en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, el 19 de octubre, el primer ministro polaco no hizo referencia expresa al bloqueo judicial español, sólo se limitó a defender la soberanía judicial de su país, pero el hecho de que el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar sea protagonista, en tanto que actual presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo y ponente de un duro informe contra Morawiecki y su Partido de Ley y Justicia (PIS), también propicia la equiparación interesada con España. “No ayuda”, señala una fuente comunitaria.
Sin embargo, en conversación con éste periódico, López Aguilar tiene muy claro, al margen de que ahora PSOE y PP vayan a pactar la renovación del Poder Judicial, que el paralelismo tiene su origen en la continua “estereofonía” de ataques por parte de Pablo Casado con Carles Puigdemont y el independentismo catalán en Bruselas y Estrasburgo, que. ha contribuido a “poner en duda” el funcionamiento del Estado de Derecho en España.
En este sentido, y aunque la crisis judicial con Polonia se ha visto opacada por otra humanitaria, la de los inmigrantes ilegales en su frontera con Bielorrusia, existe temor de que vuelva al primer plano en los dos próximos plenos del Parlamento Europeo, 25 de noviembre y 17 de diciembre, y, sobre todo, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de diciembre en Bruselas; Y que Morawiecki vete ahí, como hace un año, el reparto de fondos retrasando la llegada a España de los 10.000 millones correspondientes al primer semestre de 2022.
Por eso Pedro Sánchez y Casado parecen ahora dispuestos a encontrar una salida a la polémica renovación del CGPJ. Se están produciendo discretas conversaciones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, continuación de las que desbloquearon recientemente la renovación del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos.
Los socialistas, y sobre todo Podemos, se resisten a aceptar el veto del PP al juez del ‘caso Gürtel´, José Ricardo de Prada, como vocal del futuro CGPJ y recuerdan el ˋtrágala’ que les ha supuesto admitir a Enrique Arnaldo como magistrado del Constitucional
El punto más controvertido es la exigencia del PP de cambiar el modelo de elección del Poder Judicial hacia uno en el que sean jueces y magistrados quienes elijan a 12 de sus 22 miembros -como propone el comisario Reinders- (los otros diez seguirían siendo de elección parlamentaria) y que esa reforma se tramite legislativamente “al mismo tiempo” en que el Parlamento elija al nuevo CGPJ con el sistema hoy vigente, reiteró este viernes Casado; no le vale un simple compromiso político.
Por su parte, portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, no quiso adelantar si el PSOE va a aceptar finalmente volver al sistema anterior a 1985, cuando el Gobierno de Felipe González cambió el sistema de elección corporativa entre jueces por el vigente parlamentario. Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno de coalición, se opone rotundamente, y Gómez dijo en TVE que “el PSOE sólo quiere que se cumpla la ley (vigente) y que los órganos estén actualizados y a pleno rendimiento”.
Según el PP, el Gobierno ya ha aceptado el veto de los populares a que el juez que les llevó a la ruina política con Mariano Rajoy y el caso Gürtel, José Ricardo de Prada, forme parte del próximo Poder Judicial; pero ni socialistas ni, sobre todo, Podemos parecen dispuestos a confirmarlo después del “trágala” que les ha supuesto internamente tener que aceptar a Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional, señala a Vozpópuli una fuente gubernamental.
