La Audiencia Nacional no va a poder despejar las incógnitas en relación a cómo se rompió la tarjeta de la exasesora de Pablo Iglesias. La Policía Judicial ha trasladado al magistrado Manuel García Castellón que no ha podido acceder al contenido del dispositivo y que éste está destruido. Los agentes han tratado de estudiar qué había dentro de esta tarjeta SD pero han terminado por desistir ante la imposibilidad de acceder a ella. El magistrado Manuel García Castellón aguardaba el resultado de este estudio para decidir sobre el futuro procesal del exlíder de Podemos, si bien estas conclusiones le alejan de una posible imputación en el caso Villarejo.
Los agentes ya han puesto en conocimiento del juzgado sus conclusiones, según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli. De esta forma el órgano puede seguir avanzando en esta investigación en el marco de la cual tiene pendiente declarar la propia Dina Bousselham, su pareja Ricardo Sá Ferreira y el que fuera director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. Las fuentes consultadas explican que este será el próximo paso en la causa después de que la Sala de lo Penal ordenara al instructor llevar a cabo estas diligencias.
La tarjeta volvió a manos de la Policía Científica después de que el magistrado Manuel García Castellón recibiera de vuelta la exposición razonada contra Pablo Iglesias que envió al Tribunal Supremo en octubre de 2020. El instructor del caso Villarejo, que en un primer momento consideró al exlíder de Podemos como un perjudicado del comisario jubilado, terminó su investigación de esta pieza décima del caso Tándem procesando al propio Villarejo y a los dos periodistas que recibieron la famosa tarjeta de Bousselham y se la trasladaron a Iglesias.
La orden del Supremo
En paralelo, pidió al Supremo que investigase al entonces vicepresidente del Gobierno por tres delitos ante la sospecha de que él tenía algo que ver con el destrozo del dispositivo. El alto tribunal no accedió a la pretensión, pero tampoco la descartó de plano. Devolvió la causa a la Audiencia Nacional para que agotara la investigación sobre estos hechos. Entre las diligencias que consideró necesarias se encontraba la de volver a citar a Dina Bousselham para que ésta expresara si se sentía perjudicada por su antiguo superior ya que, de no denunciarlo, decaería el delito de revelación de secretos.
De esta forma, el instructor impulsó de nuevo las diligencias y ordenó a la Policía Científica que volviera a estudiar el contenido del dispositivo que, según la exasesora de Podemos, le robaron en noviembre de 2015. El instructor sospecha que Iglesias tuvo algo que ver en el destrozo de este aparato teniendo en cuenta que los periodistas acusados en este procedimiento le entregaron la SD en enero de 2016 intacta y, medio año después, se la devolvió a su dueña sin que ésta pudiera recuperar su contenido.
La Policía patriótica
La propia Dina así lo expuso en su comparecencia en sede judicial en mayo de 2020. Su explicación sobre cómo recibió la tarjeta y sus contradicciones llevaron al instructor a sospechar que el exlíder de Podemos habría retenido la SD y borrado su contenido. Días después Bousselham reculó y explicó al juzgado que quería volver a declarar para librar cualquier sospecha de dudas sobre Iglesias. Los dos sostienen que la difusión en prensa del contenido de su teléfono móvil es obra de la policía patriótica con Villarejo a la cabeza. De hecho, los investigadores le ofrecieron litigar en esta causa como perjudicados tras hallar en los registros al domicilio del comisario jubilado una copia de la tarjeta telefónica.
Preguntado por estos hechos el agente encubierto explicó que él no filtró este contenido en prensa, que guardaba información del partido porque les investigaba por presunta financiación irregular y que fue Bousselham la que los difundió por despecho. Se trata de una teoría que vino a respaldar el exabogado purgado del partido, José Manuel Calvente, que dijo en sede judicial que las acusaciones del robo fueron resultado de una estrategia interna para ofrecer una imagen de víctimas de las cloacas del Estado de cara a las elecciones generales.
Una versión que rechazaron tanto Iglesias como Bousselham, los cuáles mantienen que la empresa a la que recurrieron para acceder a la SD (Recuperación Express) dejó claro que ellos mismos pudieron haberla destrozado con las técnicas empleadas para recuperarla. Tal es así que la Audiencia Nacional dio la razón al exlíder de Podemos y le devolvió su condición de perjudicado al considerar que no había indicios suficientes que le incriminaran en estos hechos.
La misma Sala ordenó al instructor practicar una serie de diligencias que solicitaron los implicados en el procedimiento. De esta forma respaldó a la Fiscalía Anticorrupción (que consideró prematuro el cierre) y a otros personados en la causa y consideró clave citar como testigos a Bousselham, su pareja (que trató de recuperar la tarjeta) y Eugenio Pino. Sobre este último entiende la Sala que debe "aclarar la consistencia" de las declaraciones de los periodistas de Interviú acerca de que suministraron la información de la tarjeta a Villarejo porque creían que había una investigación en la Policía en curso relativa a Podemos.
