El policía nacional acusado de elaborar "atestados sumulados" para ser indemnizado se ha sentado este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid. El agente ha confesado ser culpable de los cargos que se le imputan y ha pedido perdón ante el tribunal. Mostrándose "muy arrepentido", ha manifestado su deseo de terminar lo antes posible el proceso judicial para poder "seguir con su vida".
R. Á. F. T denunció ser víctima de varios robos sufridos, supuestamente, por él y su novia. Desde un atraco a punta de navaja hasta un trágico viaje a Johannesburgo, es la historia de un agente de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que elaboró varios atestados "simulados" para ser indemnizado.
El acusado denunció tres robos, dos en los que supuestamente le quitaron varios artículos de Apple y dinero en efectivo, y uno, denunciado en esta ocasión por su novia, quien aseguraba que un individuo le dio un tirón y se llevó su mochila. Esta fue la única ocasión en la que la compañía de seguros correspondiente aceptó el escrito y por el que la otra acusada llegó a recibir 135 euros de la aseguradora Santa Lucía.
La Fiscalía mantiene su acusación inicial y pide para el agente seis años de prisión por un delito continuado de estafa, un delito continuado de falsedad documental y otro por leve estafa. El Ministerio Fiscal defiende que R. Á. F. T., "obrando con ánimo de obtener un ilícito beneficio", utilizó los sellos oficiales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para elaborar un atestado "simulado" y cobrar la correspondiente indemnización, por lo que entiende por justificada la petición de pena recogida en el escrito de acusación.
La Fiscalía, no obstante, sí ha llegado a un acuerdo con la defensa respecto a la pareja del agente, para la que ha decidido rebajar de un año a seis meses la pena por un delito falsedad en documento oficial. "La denuncia la confeccionó Ricardo y la firmé yo", ha reconocido la acusada que también se ha comparecido este jueves ante el tribunal de la Audiencia Provincial.
Tras la confesión de ella, ha llegado el turno del agente -actualmente suspendido de empleo y sueldo- que ha reconocido que fue él quién elaboró los falsos atestados desde su ordenador de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para presentarlos ante diferentes compañías de seguros y ser indemnizado por los supuestos robos.
"Lo que he hecho es una vergüenza"
"Soy el culpable de los hechos, lo admito. Estoy súper arrepentido. Llevo 3 años y medio esperando este juicio. Reconozco que es una vergüenza lo que he hecho y pido perdón", ha comentado el acusado en sede judicial.
El abogado de la defensa se ha mostrado conforme con la petición de la Fiscalía para R. R. T., pero no con la decisión del Ministerio Fiscal respecto a su defendido, para el que ha pedido una rebaja de pena por tres atenuantes.
El magistrado ha insistido en que se aplique atenuantes por reparación del daño, confesión tardía y por "dilaciones indebidas muy cualificadas". El letrado ha denunciado que en la fase de instrucción su defendido ya confesó ser autor de los "atestados simulados", algo que el juez pareció no tener en cuenta a la hora de solicitar un informe pericial a fin de determinar que la firma que aparecía en los documentos pertenecía al acusado.
La defensa alega que la solicitud de dicho informe, además de "ser innecesario", retrasó el proceso judicial al menos durante un año y medio más, dejando al investigado "en un limbo" que le ha impedido "rehacer su vida". Según ha relatado el abogado en la vista oral, el agente solicitó por "vergüenza" la baja de la Policía Nacional, lo que le fue rechazado al estar inmerso en un proceso judicial. En esta situación, denuncia, R. A. F. T. "tampoco puede trabajar" al necesitar el permiso de cuerpo armado para hacerlo.
Tras la jornada de este jueves, el asunto queda visto para sentencia. R. Á. F. T. se enfrenta a una pena de seis años por un delito continuado de estafa, un delito continuado de falsedad documental y otro por leve estafa. Para la otra acusada el Ministerio Fiscal pide, finalmente, seis meses de prisión.
