El sumario de la pieza que investiga la Audiencia Nacional sobre la relación entre el BBVA y el comisario jubilado José Manuel Villarejo acumula correos electrónicos, archivos y elevados contratos suscritos entre ambas partes a lo largo del tiempo que prueba los encargos presuntamente ilegales que le hizo la entidad bancaria al polémico mando, actualmente en prisión.
Así se desprende de la documentación que obra en la investigación y a la que ha tenido acceso parcial Vozpópuli después de que el juez haya levantado el secreto de sumario. Entre las pruebas incautadas por la Policía constan correos electrónicos, alguno de ellos cruzado entre el ex jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, y el socio de Villarejo, Rafael Redondo. Los tres se encuentran investigados en esta causa.
En concreto, varios de estos correos contienen información sobre el espionaje que realizó el comisario en torno al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quien después sería detenido y encarcelado por extorsionar presuntamente a varias entidades, entre ellas el BBVA. Desde la semana pasada la Audiencia Nacional le juzga por estos hechos. La Fiscalía le pide 118 años y cinco meses de cárcel por diversos delitos. Pineda pide la anulación de este juicio porque nació de una investigación ilegal de Villarejo.
El 18 de junio de 2013, Rafael Redondo remitió a Julio Corrochano un correo titulado “Re Ausbanc entra en barrena”. En ese documento “se da cuenta del vehículo utilizado PIN (Pineda) para sus desplazamientos”. Hay además varios correos y documentos llamados “IX Foro de la Justicia - Noviembre de 2013”. También una carpeta llamada “mafia judicial”.
Seguimientos a jueces
Este periódico desveló en su momento que el excomisario Villarejo tenía en su poder datos de decenas de jueces de distintos tribunales, incluso fotografías -tomadas sin su conocimiento en noviembre de 2013- de jueces de la Audiencia Nacional. En el marco de sus pesquisas en torno a Pineda, Vozpópuli también tuvo acceso a las investigaciones del polémico mando sobre el entorno familiar y de allegados del expresidente de Ausbanc así como su patrimonio.
Los investigadores recogen ahora en sus informes decenas de archivos y documentos. Existe una carpeta llamada Cs “que contiene nueve documentos en formato excel con tráfico de comunicaciones entre Ausbanc y una empresa de auditoría financiera llamada Eudita Ah Auditores SA". Un informe policial cifra en 150.000 euros el dinero que el BBVA pagó a Villarejo solo en concepto de provisión de fondos para que empezase a investigar a Pineda. Un auto del juez que inició las pesquisas apuntó a cobros anuales de medio millón de euros.
El papel del entonces responsable de seguridad del banco, Julio Corrochano, resulta clave. Ex compañero de Villarejo en la Policía, él es a quien los investigadores identifican como la persona que encargaba al comisario los trabajos ilícitos a instancias de “altos directivos de la entidad”. Se acusa a Villarejo de hacer valer su ascendencia en la Policía para vender datos de bases policiales a cambio de grandes sumas de dinero. Fuentes del caso apuntan a Corrochano como nexo de unión entre el policía y el máximo responsable del BBVA hasta hace un año, Francisco González, también investigado.
En cuanto a los contratos incautados por las fuerzas de seguridad, consta uno del 2 de diciembre de 2004 cuyo objeto, según los investigadores, es “la prestación de servicios de análisis de la información”. En el contrato se menciona la existencia de un anexo con información comercial de servicios de la firma, si bien BBVA no cuenta con el mismo.
'Trampa', 'King-Prasa' y 'Pin'
El 5 de febrero de 2010 ambas partes firmaron otro contrato en este caso para la “prestación de servicios de rastreo y detección de bienes de cualquier tipo de Fernando Martín Álvarez”. Se trata del responsable de la constructora Mantisa. El 14 de marzo de 2011 modificaron este contrato inicial “en relación a la prima de éxito establecida inicialmente”. El 12 de febrero de 2012, ambas partes decidieron firmar una prórroga de estos servicios por un año más.
En el marco de esta causa, el exdirectivo del banco Antonio Béjar admitió que su Departamento encargaba a la empresa de Villarejo investigaciones patrimoniales sobre clientes morosos del banco. Lo hacían, dijo, sin saber quién estaba detrás de esa sociedad o que pertenecía a un comisario en activo de la Policía.
En la misma fecha del 5 de febrero de 2010, BBVA y Villarejo firmaron otro contrato, en este caso para hallar bienes del también empresario Luis Manuel Portillo Muñoz, exdueño de la constructora Colonial. Según informó este periódico Antonio Béjar dijo al juez que él tramitó las facturas por valor de dos millones de euros que le presentó Villarejo por descubrir los activos en el extranjero de Portillo siguiendo las instrucciones de la cúpula del banco.
Grupo Prasa
El 1 de febrero formalizaron un acuerdo similar, en este caso con el objetivo de investigar los bienes del Grupo Prasa, según la documentación intervenida. Este periódico ya dio cuenta de las pesquisas de Villarejo en torno al responsable de este grupo empresarial, José Romero González, investigado en el caso Astapa, que desarticuló una trama de corrupción en el Ayuntamiento malagueño de Estepona.
Consta otro documento de febrero de 2014 en el que BBVA y la empresa Cenyt dan por concluidos estos trabajos. El juez cifra en un total 10,2 millones el dinero percibido por Villarejo del banco entre los años 2004 y 2018. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional remitió al Juzgado un informe fechado en febrero del año pasado en el que analizaba las investigaciones sobre Pineda entre 2012 y 2014 (Proyecto Pin), Prasa entre 2012 y 2013 (Proyecto King-Prasa) y el Proyecto Trampa entre los años 2004 y 2005.
El Proyecto Trampa tiene que ver con las actividades de Villarejo para neutralizar el intento de la constructora Sacyr de hacerse con el banco en detrimento de Francisco González. En el marco de estos trabajos, Villarejo hurgó en la vida privada del exministro socialista Miguel Sebastián, tal y como desveló este periódico en 2018. En estos tres casos, la Policía entiende que el excomisario todavía en activo llevó a cabo “medidas restrictivas de derechos”.
