Árabe, inglés, rumano, chino, ruso… e incluso euskera y catalán. La División Económica y Técnica de la Policía Nacional ha confiado un contrato por valor de 11,7 millones de euros a una unión temporal de empresas del sector privado para la “traducción de escuchas telefónicas” y “transcripción de cintas de audio u otros soportes informáticos grabados en idiomas distintos del castellano”. Los servicios se prestarán para lo que resta de año, 2021 y la mitad de 2022.
El servicio se paga a un precio de 24,20 euros por hora, IVA incluido, de acuerdo a los pliegos dispuestos en la Plataforma de Contratación. Con los 11,7 millones, la Policía cubre la traducción de 483.471 horas de escucha; un recurso imprescindible en las labores de investigación del cuerpo y en cuyo fundamento se han basado algunos de los operativos más destacados de los últimos tiempos. La responsabilidad recae en la Unión Temporal de Empresas (UTE) entre SeproTec y Ofilingua.
El pliego de cláusulas administrativas detalla el número mínimo de intérpretes que requiere para cada uno de los idiomas. Diez profesionales para el árabe dialectal, seis para el inglés, cuatro para el rumano, otros cuatro para el francés, dos para el chino mandarín y dos para el urdu/paquistaní. También se pide un profesional para cada una de las siguientes lenguas: ruso, portugués, albanés, búlgaro, ucraniano, georgiano, polaco y wolof [empleado por la etnia homónima de Senegal y Gambia]. Asimismo se piden los servicios de traducción para el euskera y el catalán.
Además de esos idiomas exigidos, la UTE ha sumado otros idiomas adicionales a su propuesta: serbio, bambara [se habla en África occidental], bengalí, broken english, persa/iraní/farsi, armenio e igbo [etnia nigeriana]. Las especificaciones detallan que no basta una traducción al uso, la Policía incluye entre los criterios de ponderación que los especialistas cuenten con formación relacionada con “la trata de seres humanos” y “la traducción como prueba en el procedimiento penal”.
La confidencialidad
El contrato de la Policía, gestionado por su División Económica y Técnica, destaca el compromiso de seguridad y confidencialidad de los traductores que tengan acceso a material sensible: “El adjudicatario y las personas que presten los servicios bajo su cargo o dirección deberán mantener una reserva absoluta sobre el contenido de la información objeto de la traducción”. Y añade: “Deberán mantener una reserva absoluta sobre cualquier información relativa a la actividad y funcionamiento policial a la que tengan acceso con motivo de la prestación de un servicio”.
La reserva de los intérpretes siempre ha sido una de las cuestiones más sensibles con las que ha lidiado el Ministerio del Interior. La Audiencia Provincial de Madrid acoge un juicio contra dos traductores contratados por la Policía a los que se les acusa de revelación de secretos y extorsión sobre un empresario; un caso en el que deben declarar como testigos el excomisario José Villarejo y el exjefe de Asuntos Internos del cuerpo, Marcelino Martín-Blas.
O, en casos más mediáticos, cabe recordar las alegaciones que presentó el exconseller de Interior de Cataluña, Joaquim Forn, en el juicio del 1-O por la traducción de un informe clave de los Mossos d’Esquadra. Dicho documento recogía la frase en catalán “El dia 1 d'octubre de 2017 s'ha de celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya”. Ese “s’ha de celebrar” se tradujo como “se ha de celebrar”, lo que implica cierta carga de ‘deber’, pero Forn aseguraba que la interpretación correcta en castellano debía ser “se celebrará”, sin la misma responsabilidad de voluntad. Para salir de dudas se recurrió a un informe pericial del Institut d'Estudis Catalans (IEC).
La UTE anteriormente señalada fue la única que se presentó al concurso público para la traducción de las escuchas telefónicas de la Policía. El anuncio de licitación tuvo lugar el pasado 3 de agosto y la adjudicación, este 20 de octubre. La ejecución del contrato contempla los próximos 18 meses, por lo que los servicios quedarían cubiertos hasta mediados de 2022.
