9 de mayo, domingo. Un nuevo horizonte jurídico se abre en España tras caer el estado de alarma. El Gobierno deja en manos de las autonomías la decisión de las nuevas restricciones que quieren aplicar, y les insta a acudir al Tribunal Supremo para gestionar las medidas para hacer frente a la pandemia. La diferencia de criterios y el choque con las libertades de los ciudadanos despiertan inquietudes entre los encargados de velar por el cumplimiento de las normas: policías y guardias civiles ponen en duda que el marco jurídico sea el adecuado para las propuestas de sanción (multas) por el incumplimiento de las normas.
Los agentes policiales ponen como ejemplo las cifras derivadas del primer estado de alarma. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado redactaron 1.142.127 propuestas de sanción entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, de las cuales se han tramitado o están en proceso de tramitarse un 20%. El resto permanecen en cola de espera, sin la certeza de si los autores de las infracciones recibirán el correspondiente requerimiento. Fuentes policiales consultadas por Vozpópuli señalan la celeridad con la que se informó de las primeras propuestas de sanción, unas cifras para alertar a la población de que el incumplimiento de las normas impuestas tenía sus consecuencias.
El marco legal en el que se articulaban estas propuestas de sanción cambia a partir del próximo domingo. Los agentes consideran que hasta ahora había un "vacío legal" que dificultaba que se interpusieran las propuestas de sanción. La mayoría de ellas se gestionaron en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana; o lo que es lo mismo, por desobediencia a la autoridad. Un año después, tras caer el estado de alarma, los agentes lamentan que no se haya legislado en consecuencia a las restricciones que se quieren aplicar.
A su juicio, a partir del próximo domingo se abre un nuevo escenario. Las medidas restrictivas decretadas en toda España -con sus características propias en cada autonomía- se basaban en el estado de alarma que se ha prolongado en los últimos meses. Tras caer éste, hay que articular el modo en que se apliquen las nuevas limitaciones. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, presentó tras el Consejo de Ministros de este martes en Real Decreto que se aplicará a partir del domingo: serán los gobiernos autonómicos los que redacten sus propias normas y, en caso de que los tribunales superiores de Justicia de cada región los rechacen, la Sala Tercera del Tribunal Supremo podrá pronunciarse en casación.
La opinión de policías y guardias civiles
Así, los agentes lamentan dos cuestiones destacadas del nuevo Real Decreto. Por un lado, critican que no se haya articulado un mecanismo automático para transitar entre el anterior estado de alarma y las nuevas restricciones que aplique cada autonomía: "No habrá normas hasta que la Justicia dé el visto bueno a los planes de los gobiernos regionales, cada día sin normas por escrito es un día de incertidumbre".
Por otro, inciden en que la herramienta más eficaz de la que disponen para interponer sanciones sigue siendo la Ley de Seguridad Ciudadana: "Ha habido un año para legislar y que tengamos medios más específicos para controlar el cumplimiento de las normas establecidas para hacer frente a la pandemia, pero seguimos en las mismas". Asimismo, consideran que el nuevo escenario es más propenso a que haya una disparidad de criterios en función de las regiones y, por tanto, inducir a error a la ciudadanía.
Por su parte, el Gobierno anunció en el Consejo de Ministros celebrado este martes -coincidiendo con las elecciones madrileñas- que prorrogaría algunas de las medidas derivadas de la pandemia más allá del estado de alarma. En concreto, prolongará tres meses las medidas antidesahucios y las decisiones adoptadas en materia de alquiler de la vivienda. También se permitirá que personal sanitario jubilado siga prestando apoyo en centros hospitalarios y se extenderá el refuerzo de la cobertura a las mujeres que sufren violencia de género.
Pero las medidas que más inquietan a los agentes son las derivadas de las restricciones de movilidad, bien para viajar entre regiones, bien por los límites para salir a la calle en horario nocturno. También aquellas que se centran en las actividades y limitaciones de aforo en espacios privados. "Ya teníamos dificultades para hacer cumplir estas normas, veremos qué escenario se nos queda a partir del domingo".
