Desde estallido de la pandemia de covid-19, la batalla de las fuerzas de seguridad contra las redes internacionales del narcotráfico se libra en alta mar. Los cierres de fronteras decretados por Marruecos con motivo del coronavirus ha interrumpido las rutas terrestres usadas en África por el narcotráfico para llevar hachís hasta los países de la costa occidental africana, desde donde la droga es transportada después a países en conflicto como Libia y de ahí a Europa a través del Mediterráneo.
"Casi el 85% de la droga que llega a España entra por vía marítima debido a las restricciones aéreas y terrestres puestas en marcha por la covid-19, y a los mayores controles sobre los contenedores en los puertos", afirma Alberto Morales, inspector jefe de la Sección Cuarta de Cocaína de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional.
"Las rutas del narcotráfico se van amoldando a lo que llamamos el 'efecto globo': al sufrir más presión por vía terrestre y aérea, las organizaciones del narcotráfico están usando cada vez más barcos, 'narcoveleros' y embarcaciones recreativas para hacer operaciones grandes", añade este responsable policial cuya unidad ha participado o colaborado en el decomiso de más de 95 toneladas de hachís, solo entre 2020 y 2021, en distintas operaciones internacionales.
Con una treintena de agentes dedicados a realizar escuchas telefónicas, vigilancia e información, la UDYCO juega, junto a los servicios de Aduanas y al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, un papel fundamental en la lucha contra el narcotráfico marítimo en coordinación con el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC, por sus siglas en inglés).
"En la lucha con el narcotráfico es fundamental lo que llamamos "las tres ces": cooperación, colaboración y coordinación. Estamos en permanente contacto con los países productores y de tránsito", indica Morales, quien destaca que las organizaciones criminales se han pasado a utilizar embarcaciones recreativas y veleros con la intención de llamar menos la atención de las fuerzas policiales.
En este sentido el papel del MAOC, creado en 2017, es fundamental. Un organismo europeo con sede en Lisboa, que cuenta con una inspectora de la Policía Nacional como enlace, y en el que participan los cuerpos de policía de los siete países europeos más utilizados como puerta de entrada a la droga en nuestro continente: España, Portugal, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos e Irlanda, con representación permanente de la DEA Estados Unidos en calidad de observador.
Rutas africanas y cooperación internacional
"Nuestra función, cuando hay una alerta internacional, es la de hacer seguimiento a lo largo de la investigación en coordinación con las policías de los otros países. Ahí es donde más trabajamos, en la cooperación internacional", señala el jefe de la Sección Cuarta de Cocaína de la UDYCO.
Tan importante es este punto, que el 72% de las operaciones coordinadas por el MAOC se terminan ejecutando en un país gracias a la información originada y compartida por las fuerzas policiales de otro de los siete países que forman parte del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico, con sede en Lisboa.
La mayoría de las embarcaciones intervenidas frente a las costas españolas en los operativos en los que ha participado la UDYCO en el último año tenían como tripulantes a presuntos miembros de organizaciones criminales búlgaras, españolas, británicas y rusas, entre otras.
Ante el cierre de fronteras de Marruecos por la pandemia, esas embarcaciones están recibiendo en alta mar, frente a las costas de Casablanca, cargamentos que después trasladan en veleros hasta Europa o a naciones del África occidental -como Sierra Leona, Ghana, Costa de Marfil, Togo o Benín- desde las cuales envían los estupefacientes a Libia y otros países en conflicto que son permeables y donde la droga se intercambia por armas y otros cargamentos ilícitos.
"Ante los problemas para mover la droga por los canales habituales, estas organizaciones han pasado a comprar embarcaciones recreativas a las que cambian de nombre y de bandera, pero no las registran hasta que han salido a alta mar para dificultar su rastreo", indica Alberto Morales.
"No elevan a público el contrato de compra-venta de la embarcación hasta que han terminado la operación", añade este inspector para ejemplificar cómo las organizaciones criminales intentan complicar un trabajo policial donde la cooperación internacional es fundamental.
