El acoso continúa siendo una lacra en los colegios españoles. Horas después de que una alumna falleciera en Valencia al precipitarse por el hueco de una escalera de su instituto, la Policía Nacional detenía este jueves a una quincena de menores de 14 a 16 años en Madrid por agredir y vejar a dos hermanos. Según la investigación policial, las humillaciones a los menores eran grabadas y difundidas en las redes sociales.
Sin embargo, no todas las medidas para luchar contra el acoso escolar son bien acogidas por el sector educativo. El nuevo decreto para regular la convivencia en los centros impulsado por la Comunidad de Madrid es un ejemplo de ello.
Se trata de una iniciativa pionera en España y que contempla sanciones a los alumnos -desde Infantil a Bachillerato- que sean testigos de 'bullying' y no lo pongan en conocimiento de la dirección. Los castigos van desde no salir al recreo hasta ser expulsados, dependiendo de la gravedad de los hechos, por lo que algunas asociaciones han puesto el grito en el cielo.
Se delega en los alumnos y alumnas la responsabilidad que tiene la administración, mientras esta no hace nada"
El borrador del proyecto también considera la obligación de denunciar por parte de los profesores, limpiadores y conserjes. En definitiva, de todo el personal que sea testigo de acoso escolar. "Esta medida no nos parece bien, pedimos que se reconsidere. Se delega en los alumnos y alumnas la responsabilidad que tiene la administración, mientras esta no hace nada", manifiesta la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal.
Y añade que "no hay que enseñar a los niños a que si no se chivan les expulsan del colegio". Sin embargo, la Comunidad de Madrid defiende que su protocolo busca educar en la empatía y en positivo. "Se trata de comunicar situaciones de injusticia y evitar el sufrimiento de los compañeros", aclara a Vozpópuli Isabel Serrano, jefa de la unidad técnica de convivencia y de las familias de la región.
"No son chivatos, son valientes. La idea es que aprendan a detectar el sufrimiento de otras personas y lo comuniquen. El decreto tipifica la omisión consciente de los hechos como una falta grave", explica Serrano. "No hay que excluir a los alumnos de esta medida porque deben ser conscientes de que también son protagonistas y de que pueden intervenir", agrega. Además, advierte que un alumno no siempre tiene asignado el mismo rol y que este puede variar de víctima a testigo o, incluso, acosador.
Los padres y madres: "Es un error"
"Es un error que el alumnado tenga la obligación de comunicar al centro situaciones de acoso sobre él mismo o sobre terceras personas bajo la presión de cometer una falta grave si no lo hace", critica la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA). Para CCOO, esta iniciativa es "una incorporación de última hora que no se corresponde con los debates mantenidos en el Consejo Escolar durante el último año para armar la propuesta de decreto".
No hay que criminalizar esta medida porque sirve para enseñar que no hay que callarse cuando alguien está sufriendo"
No obstante, también hay asociaciones que trabajan para erradicar el acoso escolar de las aulas que están de acuerdo con el decreto promovido por la Comunidad de Madrid. "No hay que criminalizar esta medida porque sirve para enseñar que no hay que callarse cuando alguien está sufriendo", relata Lucía Tejero, abogada del departamento jurídico del Teléfono Anar.
"Vemos lógico que si alguien conoce ese deber de informar y no lo hace, se le obligue a hacerlo. Hay que dar cuenta siempre, pero para identificar si se trata de un caso de acoso o no ya hay un equipo específico en los centros cuya labor es investigar", considera Tejero. "Hay que formar al personal de los centros", sugiere la letrada.
En el caso concreto de los alumnos, Tejero apunta a que "habría que debatirlo" porque, según explica, el decreto madrileño eximiría de sanciones educativas a quienes no denuncien el 'bullying' por no poner en riesgo a terceros o a ellos mismos.
Andalucía y Madrid, a la cabeza
La Comunidad de Madrid fue la que más casos de acoso escolar registró en 2017, solo por detrás de Andalucía, según las últimas cifras recopiladas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y diversos cuerpos de la Policía Local. En total, España registró 5.500 casos entre 2012 y 2017, siendo este último año, con 1.054, el que sumó una cifra más abultada. Mayor que los cinco años anteriores.
Por comunidades, Andalucía fue la que acusó más casos de acoso en 2017. En total, 255, superando los 170 de la Comunidad de Madrid, los 129 de la Comunidad Valenciana y los 100 de Canarias, las únicas cuatro regiones que suman al menos un centenar de casos de acoso escolar en un solo año. Por el contrario, Navarra y La Rioja, con solo cuatro al año, fueron las comunidades autónomas con menos casos de acoso escolar en 2017, seguidas de Cantabria, con 11, y la ciudad autónoma de Melilla, con 13.
Ante la falta de un registro estatal con datos oficiales para conocer la profundidad del acoso en las aulas españolas, son los cuerpos policiales y fundaciones como ANAR o Save the Children las que se encargan de recopilar los casos de maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que reciben los niños en los centros educativos. El último informe de Anar destaca que cada vez hay menos casos, pero estos son más graves, crueles y violentos.
