La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor de que la Sala de lo Penal admita a trámite e investigue al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por delito de atentado contra la autoridad tras una supuesta agresión a un policía durante una protesta contra la Lomce hace seis años, según publica ‘El Confidencial’.
La protesta en la que participó coincidió con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.
Esa concentración contra la Lomce acabó yéndose de las manos. Se profirieron insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y acabó con lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, desde piedras hasta tomates. El grupo de cinco en el que se enmarca al ahora diputado está acusado de otras agresiones, como 'pancartazos' y puñetazos.
Patear a un policía y provocarle contusiones
Según informan fuentes jurídicas, el procedimiento, que arranca por sucesos de 2014, viene remitido desde Santa Cruz de Tenerife, donde la Fiscalía acusaba al diputado de patear a un policía y provocarle contusiones. Rodríguez ahora está aforado pero los meses anteriores entró y salió de esa especial protección con la que cuentan los parlamentarios nacionales: el aforamiento se activó y desactivó siguiendo los vaivenes electorales y las sucesivas disoluciones de las Cortes.
Esto provocó que los fiscales canarios llegaran incluso a presentar escrito de acusación. El Ministerio Público pedía seis meses de prisión y la inhabilitación en una causa en la que hay cinco personas investigadas.
Otros problemas con la Justicia
No es la primera vez que Rodríguez se ve inmerso en un problema con la Justicia por actos cometidos antes de entrar en la política. En 2018, se archivó por prescripción otra causa en la que se le investigaba por un delito de desorden público en la madrugada del día de Navidad de 2006. Hubo —decía el escrito— un "hostigamiento" de Rodríguez y otro acusado hacia los policías.
Esta vez el procedimiento es más grave al venir del alto tribunal. Además cuenta con un informe positivo del Ministerio Público, cuya fiscal general ha sido designada por el Gobierno en el que se integra su partido, por lo que es previsible que se le abra una causa.
