"Salgo muy barato para el trabajo que hago", dice Manuel García, flamante alcalde de la localidad leonesa de Villaquilambre. El primer edil ha conseguido, tras un pleno cargado de tensión, subirse el sueldo en entre 8.000 y 10.000 euros al año hasta el máximo legal de 50.000 para este pueblo de 20.000 habitantes, un 25% más que su antecesor del PSOE, primera fuerza en las últimas elecciones.
El argumento esgrimido por García es la dedicación exclusiva suya y de los concejales de su gobierno, y la responsabilidad que supone gobernar el cuarto ayuntamiento más grande de León.
La medida, que también subirá un 25% el sueldo del resto de los integrantes del cuatripartito de la localidad (PP más Ciudadanos, dos tránsfugas de Unión del Pueblo Leonés y Vive Villaquilambre) ha sido cuestionada por los socialistas y otros sectores de la localidad, con pintadas contra el nuevo primer edil popular. El alcalde tendrá así un sueldo de 50.000 euros al año en una región en la que el salario medio ronda los 17.000.
Por muy peculiar que parezca, el caso de García no es el único. Llega en simultáneo a lo sucedido en toda una capital de provincia como Málaga.
Compensar la crisis
El reelegido alcalde del ayuntamiento andaluz, Francisco de la Torre, ha encabezado la decisión de subir un 20% a todos los integrantes de la corporación municipal, respaldada en este caso por todos los grupos políticos con representación.
En el caso de De la Torre, gozaría de una subida superior a los 13.000 euros anuales, hasta los 78.000 euros, la misma cifra que cobraba en 2008 y que le convertiría en el séptimo alcalde mejor pagado de España. Aún así, quedaría lejos todavía de los 106.000 euros de máximo legal para gobernantes en las ciudades con más de 500.000 habitantes (Málaga tiene 571.000) pero por encima de los 15.000 euros de sueldo medio de la ciudad.
El argumento de las subidas, en cualquier caso, ha sido compensar las reducciones en los sueldos a cargos públicos durante la crisis.
Un informe de Eurostat sitúa a España como el octavo país de Europa que menos fondos públicos destina a los cargos y actividades del Poder Ejecutivo y Legislativo.
