El PSOE se agarra a la ley de protección de datos para no dar explicaciones sobre las visitas a su sede federal, en la madrileña calle de Ferraz. Toda entrada en el edificio, que no es de dominio público, queda registrada. Pero mensualmente se procede al borrado de la información. No queda nada. De manera que el partido puede echar balones fuera cuando se le pregunta por quién accede o no a sus dominios.
Y eso es lo que los socialistas hicieron este lunes tras trascender que, supuestamente, un empresario -colaborador de Víctor de Aldama-, acudió al número 70 de la calle de Ferraz en octubre de 2020 con bolsas que contenían 90.000 euros en nombre del propio comisionista de la trama Koldo. En teoría, ese dinero era parte de una contraprestación de 600.000 euros para Aldama, quien habría mediado para satisfacer la petición del empresario Claudio Ribas: que el Gobierno concediera una licencia como operadora de hidrocarburos a la compañía Villafuel.
En cualquier caso, el propio Aldama estuvo en Ferraz en al menos en una ocasión. Fue a finales de marzo de 2019. Se citó con el entonces secretario de organización y ministro de Transportes José Luis Ábalos y con un grupo de cuatro diplomáticos de la oposición venezolana. Es más, fue Aldama quien los llevó a la sede socialista.
El comisionista no se dejó fotografiar durante ese encuentro en la sede socialsita. No quiso dejar constancia gráfica de su cita, consciente de lo arriesgada que era. Esta cita se produjo antes de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizara en el aeropuerto de Barajas para hacer escala, en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020, pese a tener prohibida su presencia en suelo comunitario por las sanciones al régimen de Nicolás Maduro.
El hecho de que los socialistas trituren el registro de sus visitas hace muy difícil esclarecer si Aldama, así como sus socios, visitaban o no con frecuencia Ferraz; algo que el Senado ya intentó saber antes del verano. Pero el PP en la Cámara Alta se topó entonces con la misma pared de la ley de protección de datos. La respuesta la dio la presidenta del partido, Cristina Narbona.
Lo cierto es que el PSOE está cercado por las últimas revelaciones de la Guardia Civil. El instituto armado apunta directamente a José Luis Ábalos como una figura clave en el caso Koldo, la presunta trama de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos durante la pandemia para la compra de mascarillas. Según la Guardia Civil, Ábalos habría recibido beneficios a cambio de facilitar esos contratos, entre ellos el uso de un chalet en Cádiz y el pago del alquiler de un apartamento para su pareja.
Los informes también apuntan al exministro por su relación con Víctor de Aldama, el empresario involucrado en la trama, y con Koldo García, su exasesor. En las conversaciones entre Aldama y Koldo García se referían habitualmente a Ábalos como "el jefe", lo que sugiere su liderazgo en las operaciones de la trama.
De la misma manera, la Guardia Civil menciona la intervención de Ábalos en el rescate de Air Europa, donde, según la UCO, jugó un papel fundamental para que la aerolínea recibiera ayuda financiera del Gobierno. Todo esto acerca a Ábalos a una posible imputación, ya que el juez de la Audiencia Nacional ha solicitado al Congreso confirmar su condición de aforado para poder avanzar en el proceso judicial.
El PSOE ya ha descargado en el exministro toda responsabilidad. Es más, asegura que llegado el momento apoyará el suplicatorio para que se pueda imputar a su exnúmero tres y ex mano derecha del presidente del Gobierno. Los nervios se perciben la sede federal del partido. El golpe que se ha llevado el partido es colosal. Y no es para menos, porque ahora la fruta podrida es quien fuera el hombre fuerte del sanchismo.
