Medio centenar de miembros y exintegrantes de 12 de las 16 comisiones de garantías autonómicas de Podemos han suscrito este jueves una declaración de apoyo a la abogada Olga Jiménez, presidenta del tribunal del partido, tras ser suspendida de sus funciones por la Ejecutiva de Pablo Iglesias oponerse a validar los nuevos Estatutos de la formación morada. Jiménez, junto a otros dos componentes de la Comisión de Garantías Democrática estatal, rechazó la traslación que habían tenido los documentos aprobados en Vistalegre II a esos nuevos Estatutos. Aquí se incluye, por ejemplo, el endurecimiento del régimen disciplinario sobre todo contra quienes hablen con la prensa de cuestiones internas. Esto no fue votado como tal por las bases en el cónclave estatal del pasado febrero.
Reunidos este miércoles en Madrid, estos cincuenta responsables y excargos de Podemos han exigido al Consejo de Coordinación (la Ejecutiva de Iglesias) que "revoque la decisión de apertura de expediente disciplinario contra la compañera Olga Jiménez, presidenta de la Comisión de Garantías Democráticas estatal". Advierten de que ella "seguirá ejerciendo sus funciones legitimada y avalada estatutariamente por la votación de la Asamblea Ciudadana Estatal y su elección para el cargo por la CGDE tras su constitución", subraya el comunicado al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Además, los firmantes reconocen "la habilitación de la Presidenta de la CGDE, compañera Olga Jiménez, para gestionar e introducir cuantas acciones legales correspondan, internas y ante los tribunales de Justicia, para encauzar estos asuntos, en pleno respeto a las decisiones adoptadas por la Asamblea Ciudadana en Vistalegre II, y en pleno respeto del resto del ordenamiento jurídico aplicable.". Ello supone que esto conflicto interno podría terminar en los tribunales si la cúpula de Iglesias no rectifica.
Así mismo, estos críticos denuncian "la acción de los miembros de la CGDE por usurpación de funciones estatutarias", en alusión al trío de vocales que actuó contra su compañera Jiménez, solicitando a la dirección estatal que le abriera un expediente. Uno de ellos es Argiro Giraldo, abogado colombiano y excandidato de la AD M-19, que se ha convertido en presidente interino del tribunal con el visto bueno del núcleo duro de Iglesias.
Por otro lado, el comunicado también dice que los firmantes "consideran nulos de pleno derecho los nuevos Estatutos del partido, registrados ante el Ministerio del Interior, al haberse invadido por el Consejo de Coordinación Estatal las competencias y funciones de la Asamblea Ciudadana Estatal". Por ello, instan a la Ejecutiva de Iglesias a "revocar el acuerdo de aprobación de los nuevos Estatutos y a retirarlos del registro del Ministerio del Interior".
Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, evitó confirmar este miércoles la existencia de una crisis interna surgida en el partido morado por el rechazo de parte de la comisión de garantías a los estatutos diseñados por la dirección.
En declaraciones en la Cámara baja, la 'número dos' de Podemos remarcó que los Estatutos se registraron "en tiempo y forma" y que todo se está haciendo "conforme a las decisiones colectivas". También señaló que las comisiones de garantías son independientes y que sus dictámenes aprobados colectivamente "se respetan y se cumplen".
