El pacto alcanzado entre el PNV y el PSE prevé una propuesta para el desarme definitivo de ETA, con una declaración previa de la banda sobre su carácter "irreversible e incondicional", así como el compromiso con una política penitenciaria que incluya, tanto "el reconocimiento del daño causado" como el acercamiento de los presos de la banda.
Los futuros socios de Gobierno, que se comprometen con "una memoria crítica" pretenden promover en el Parlamento vasco la creación de una Ponencia específica sobre Memoria y Convivencia.
El acuerdo entre socialistas y jeltzales, con una extensión de 70 folios, incluye un tercer capítulo titulado "La convivencia y los derechos humanos", en el que reconocen que, desde el anuncio de la actividad armada de ETA en 2011, se han producido "avances sustanciales en la coexistencia", pero ven necesario "continuar trabajando en materia de normalización de la convivencia", y abordar "tres cuestiones pendientes: el desarme y disolución definitiva de ETA, la política penitenciaria y la memoria crítica sobre el pasado".
Por ello, en uno de sus siete compromisos, ambos partidos se marcan como objetivo conseguir un "final ordenado de la violencia". Ese "compromiso" se debería plasmar en "tres grandes ejes", consistentes en el apoyo a la verificación de un calendario de desarme definitivo "que previamente incluya una declaración de ETA sobre su carácter irreversible e incondicional, como expresión de su voluntad de disolución" y el logro de la "disolución y desaparición definitiva de ETA".
A estos dos objetivos se sumarían el desarrollo de "un proceso de reflexión crítica sobre todo aquello que en el pasado haya implicado responsabilidad en la vulneración de Derechos Humanos", o que "haya supuesto falta de sensibilidad hacia sus víctimas".
Para materializar este punto, el Gobierno impulsará "una propuesta sobre desarme definitivo" y para la disolución de ETA, y promoverá una proposición no de ley de respaldo a esta propuesta. También impulsará un documento "de reflexión crítica sobre todo aquello que, en el pasado" haya implicado responsabilidad en la vulneración de Derechos Humanos, legitimación de violencia o falta de sensibilidad hacia sus víctimas".
En materia de víctimas, los futuros socios se comprometen a desarrollar "políticas públicas de verdad, justicia y reparación y de solidaridad con todas las víctimas frente a la injusticia que padecieron". Según precisan, este compromiso "se cimienta, sin equiparaciones en cuanto a las causas de su victimización, en el reconocimiento del daño y sufrimiento que se les causó y en el principio de igualdad y no discriminación".
Entre las acciones incluidas en la agenda que desarrollarán, destacan la promoción de acciones "que promuevan la unión entre víctimas y sociedad, y su participación en la construcción del futuro y la convivencia", además del desarrollo de la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de 28 de julio de 2016.
Por otra parte, se comprometen con "una memoria crítica" que se concreta en "el rechazo a la legitimación, compensación o minimización de cualquier forma de terrorismo o violencia ocurrida en el pasado, y en la oposición frontal a la reedición en el presente o en el futuro".
Política penitenciaria
El documento defiende, asimismo, una política penitenciaria "fundamentada en la promoción activa de los principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción", una de cuyas consecuencias sería "el apoyo al traslado de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar".
En este sentido y "conforme a las previsiones de ordenamiento jurídico", impulsarán "una propuesta de reorientación de la política penitenciaria" que establezca como "objetivo fundamental" la reinserción, que atienda de forma prioritaria "las problemáticas de mayor incidencia humanitaria", y que "favorezca el acercamiento de presos". También insistirá en la transferencia de la competencia de prisiones a Euskadi.
Posteriormente, presentará sendas proposiciones no de Ley en el Congreso y el Parlamento vasco para "que respalden esta propuesta" e insten al consenso en este materia entre Gobierno vasco y central.
También pretenden aprobar un decreto que, "en línea con la corriente europea de justicia restaurativa, regule y promueva las políticas públicas de reinserción".
Retos emergentes
Por otra parte, destaca la necesidad de dar respuesta a los "retos emergentes de la convivencia y los Derechos Humanos que tienen su máxima expresión en la gestión positiva de la diversidad y en la solidaridad ante las viejas y nuevas formas de desigualdad y discriminación".
Por ello, el futuro Ejecutivo acordará un documento de acuerdo para "la gestión positiva de la diversidad en la convivencia, prevenir el racismo, la xenofobia y los delitos de odio". También promoverá mecanismos de respuesta "solidaria" ante la vulneración de derechos humanos, "con prioridad en la situación de refugiados y migrantes".
Las formaciones que sustentarán el futuro Ejecutivo de coalición adquieren el compromiso con "una cultura de paz y convivencia basada en el respeto a los Derechos Humanos y el pluralismo", que se debe plasmar "mediante acciones concretas y estables en los ámbitos educativos, divulgativos, participativos y de acción internacional".
El último compromiso se refiere al "diálogo y el acuerdo" como herramienta "democrática fundamental", con "la creación de espacios de colaboración y trabajo compartido entre instituciones, gobiernos y fuerzas políticas y parlamentarias".
Con este objetivo, presentará en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco la propuesta de creación de una Ponencia específica sobre Memoria y Convivencia, "y asumir el compromiso de trasladar a este foro todas aquellas cuestiones relacionadas con estas materias para tratar de encontrar respuestas consensuadas".
"La creación de esta ponencia conlleva una apuesta compartida por una convivencia conciliada y por un conjunto de compromisos vinculados a los principios democráticos y los derechos humanos". Su intención es, también, "impulsar un Plan de Convivencia y derechos Humanos" para la Legislatura 2016-2020.
Asimismo, se creará un mecanismo periódico e "comunicación y coordinación" entre el Gobierno vasco y los grupos parlamentarios para las actuaciones "en materia de paz, convivencia y derechos humanos".
Premisas
PNV y PSE acuerdan estos siete compromisos tras dejar claro, en las premisas del capítulo, su determinación de emprender "un proceso de cooperación" que logre "consolidar sólidamente la paz y la normalización de la convivencia". Es por ello por lo que pretenden también "materializar" el "fin definitivo de ETA".
Con el objetivo de dar ese "paso decisivo en común", partirán de "los consensos que, con mayor alcance de pluralidad" se han logrado en los últimos años. Desde ese punto de vista, asumen los acuerdos aprobados en el Parlamento vasco el 12 de julio de 2012.
Ambas formaciones pretenden "construir la convivencia desde la verdad, la memoria y la justicia" con la promoción de "una reflexión plural en la que quede nítidamente expresado que ningún argumento puede ser invocado para minimizar, justificar o legitimar la violencia de ETA ni ninguna otra violación de derechos humanos".
Según nacionalistas y socialistas, "la memoria y el honor de las víctimas" no deben quedar "relegados por una mirada al futuro que olvide el pasado" por lo que insisten en "trabajar para que todas las víctimas reciban el reconocimiento y reparación que merecen, sin exclusiones y sin establecer paralelismos sobre las causas de su victimización".
